Ciudad de México.- México ha logrado avances significativos en la lucha contra la detención arbitraria en los últimos años, no obstante esta sigue siendo una “práctica generalizada” que incluye torturas y ejecuciones, indica un informe de un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicado el viernes.
“La detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y con demasiada frecuencia es el catalizador de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias”, dice el texto, que recoge el trabajo realizado por el grupo de especialistas durante la visita al país latinoamericano, que comenzó el pasado lunes y culminó este viernes.
Los expertos del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, presidido por Priya Gopalan, de Malasia, ofrecieron una conferencia de prensa en la que destacaron que el país norteamericano debe emprender reformas adicionales y una implementación efectiva para prevenir estas situaciones.
Los especialistas indican que como avances las reformas alcanzadas para comenzar la transición a un “procedimiento penal acusatorio” y la extensión del amparo judicial a los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
El país también ya cuenta con una Ley Nacional de Ejecución Penal, la introducción de un Registro Nacional de Detenciones y una jurisprudencia cada vez más centrada en los derechos humanos.
“Estos pasos deben consolidarse en beneficio de todas las personas que viven o transitan por México”, dice el informe oficial de la visita de los expertos de ONU.
Manifestaron además que, a pesar de la jurisprudencia del Grupo de Trabajo y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, persiste el uso excesivo de la prisión preventiva, que sigue siendo obligatoria según la Constitución mexicana para una extensa lista de delitos.
“El arraigo, aunque su uso está disminuyendo, también está presente en la Constitución; la prisión preventiva obligatoria y el arraigo deben abolirse lo antes posible”, recomendaron los especialistas.
También se refirieron a los problemas que plantean para las autoridades el combate a las mafias delincuenciales del crimen organizado.
“Somos conscientes de los enormes desafíos que enfrenta México, especialmente en el contexto del crimen organizado y los esfuerzos hechos por las autoridades en la materia”, señalaron los expertos.
La delegación del grupo de trabajo sostuvo que las Fuerzas Armadas mexicanas, la Guardia Nacional y agencias estatales y municipales están frecuentemente implicadas en detenciones arbitrarias.
Esas corporaciones militares y policiales “carecen de los controles civiles e independientes necesarios para garantizar la prevención y la rendición de cuentas”, dice el balance provisorio del grupo de expertos.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria está compuesto por cinco expertos independientes de diversas regiones del mundo; además de la presidenta lo integran cuatro vicepresidentes: Matthew Gillett, de Nueva Zelanda; Ganna Yudkivska, de Ucrania; Miriam Estrada Castillo, de Ecuador, y Mumba Malila, de Zambia.
TORTURAS Y ATAQUES A MIGRANTES
El grupo internacional afirma que el uso excesivo de la fuerza, especialmente desde el momento de la detención hasta llegar ante una autoridad judicial, es frecuente.
“En muchos casos, se infligen tortura y otras formas de malos tratos para obtener confesiones y declaraciones incriminatorias”, indica una de las conclusiones preliminares del informe.
Los retrasos entre el momento de la detención, la disposición ante el Ministerio Público y el traslado ante la autoridad judicial, aumentan el riesgo de graves violaciones de derechos humanos durante este período crítico, agregan los especialistas.
El Grupo observó “debilidades, incluidos los sistemas de registro de las detenciones; interpretaciones demasiado amplias del delito en flagrancia; acceso insuficiente a asistencia legal efectiva; períodos excesivamente largos de prisión preventiva; ataques a la independencia judicial y al debido proceso; un enfoque demasiado punitivo de la política de drogas y deficiencias en las condiciones de detención”.
Además, a los expertos les preocupa la detención de personas en el contexto de movilidad migratoria por territorio mexicano.
“México debe garantizar que la detención de migrantes sea el último recurso, por el menor tiempo posible, luego de una evaluación individualizada, en condiciones dignas y con acceso a asistencia legal”, dijeron los funcionarios de ONU.
La detención arbitraria afecta a personas de grupos vulnerables, como pueblos indígenas, personas con discapacidad, LGBTI+, adultos mayores o que viven en la pobreza.
El grupo visitó la Ciudad de México, Nuevo León (frontera norte) y Chiapas (frontera sur), donde se reunieron con las autoridades, jueces, comisiones de derechos humanos, representantes de la sociedad civil y otros actores interesados.
La delegación visitó 15 prisiones y entrevistó a numerosas personas detenidas.
El grupo presentará un informe final sobre la visita al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2024.
Fuente:https://sputniknews.lat
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