Ciudad de México.- La oposición mexicana en el Senado anunció el miércoles una demanda de juicio político contra el extitular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar por una investigación sobre presunta corrupción y extorsión en las decisiones judiciales durante su gestión (2019 a 2022).
“Informo que presentaremos ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Arturo Zaldívar por utilizar ilegalmente su cargo como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal”, dijo en conferencia de prensa la senadora Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha).
La legisladora dijo que el ministro en retiro y actual integrante del equipo de campaña de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum se dedicó en su gestión a anteponer los intereses de la Presidencia de la República.
“El señor Zaldívar debe ser sancionado por anteponer los intereses de la Presidencia de la República antes que los intereses del pueblo de México, dejó su cargo en noviembre pasado y aún puede ser sujeto de investigación por parte del Congreso”, añadió.
López Rabadán, quien es jefa de la oficina de campaña de la candidata opositora del Frente Amplio, la senadora Xóchitl Gálvez, esgrimió su alegato amparada en el artículo 114 de la Constitución.
Ese texto constitucional establece que un juicio político puede presentarse dentro de un año después de que un funcionario deja su cargo
El ex titular del máximo tribunal fue juez federal durante 13 años, y renunció a la presidencia de la SCJN en 2022, aunque su mandato terminaba en 2024.
López Rabadán expresó su respaldo a la actual ministra presidenta de la corte suprema, Norma Piña, quien emprendió una investigación en contra de Zaldívar por presuntamente haber presionado a órganos jurisdiccionales para que se resolviera a favor de sus intereses.
DEMANDA DE ZALDÍVAR
El extitular de la SCJN anunció el martes que denunciará a su sucesora, la ministra Piña, por encabezar una investigación sobre presuntos hechos de corrupción y extorsión en las decisiones judiciales durante la gestión anterior, y por divulgarla.
La petición de Zaldívar al Congreso esgrime que Piña ha cometido “actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas”.
La demanda la presentará con el equipo de campaña de Sheinbaum, junto con quejas ante la Corte Suprema, el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Transparencia, y el Instituto Nacional Electoral.
“La ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos, en responsabilidades electorales, administrativas y políticas”, dijo Zaldívar.
Según el expediente abierto en el máximo tribunal contra Zaldívar, más de 50 jueces y magistrados habrían aceptado resolver asuntos penales, administrativos y civiles en los sentidos que les eran indicados.
Acerca de la investigación en su contra, dijo que “la ministra Piña decidió intervenir en el proceso electoral”.
Esa postura es similar a la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que esgrimió razones electorales y una “venganza personal”, al apoyar al investigado.
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