San Pedro Garza García.- En las organizaciones y en la política pública, “es insuficiente trabajar solo con el término de discapacidad intelectual”, porque quedan fuera otros tipos de población, por lo que se ha adoptado el término de “discapacidades intelectuales y del desarrollo”, explicó Miguel Ángel Verdugo, en la Universidad de Monterrey.
El profesor de la Universidad de Salamanca, en España, quien participa en el marco del programa Global Community Professor de la UDEM, señaló que, cuando se atiende a las personas que se agrupan con otros síndromes o con otras características con necesidades similares, se puede trabajar con personas que tienen no solo discapacidad intelectual, sino autismo, parálisis cerebral, espina bífida, trastorno del espectro alcohólico fetal y otros cuya etiología se desconoce.
“El término de discapacidades intelectuales y del desarrollo viene a significar un término amplio que sirve para generar una política pública común a todos esos colectivos, así como para hacer organizaciones que apoyen a todos y para desarrollar investigaciones”, sostuvo.
El Global Community Professor es un programa en el que participan expertos de diferentes áreas del conocimiento a nivel internacional para ofrecer una actividad académica a la población estudiantil de la UDEM.
El catedrático de Psicología de la Discapacidad inició sus primeros cursos a estudiantes de la Facultad de Educación y Humanidades el pasado lunes, en la Sala del Claustro Universitario, para concluirlos el jueves.
Verdugo advirtió que, a veces, las políticas públicas se inclinan más hacia “una moda”, al apoyar una sola discapacidad cognitiva, como sucede en España, donde puede surgir una estrategia nacional contra el autismo, por ejemplo, pero se dejan de lado el resto de los grupos.
“Desde el punto de vista de la política pública es insuficiente, es un error y es un sesgo (…) es un error de las propias organizaciones demandar a la política pública que les atiendan solo aisladamente”, estableció.
El también director del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad aclaró que, aunque la responsabilidad es de los poderes públicos, apoyados por las organizaciones sociales, el diseño de una política pública sobre discapacidades intelectuales y del desarrollo no es una respuesta que deba hacer solo el poder público.
Agregó que el poder público debe financiar el trabajo de organizaciones sociales que van dirigidas a generar programas y debe evaluar resultados que obtengan con sus programas.
“Se necesitan organizaciones sociales potentes que demanden y reclamen una actuación política más activa”, apuntó.
Entre “los problemas de siempre” en los procesos de apoyo a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, Verdugo describió que los procesos son muy lentos, la política pública a veces es frustrante en la falta de continuidad de los programas, en la falta de ser transparente en los recursos que dedica, en la falta de evaluación de los resultados y en la falta de participación de las organizaciones sociales
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