No existe un vínculo entre los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, en el sur de México, con algún grupo delictivo, informó el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de México, Alejandro Encinas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), durante la presentación del segundo informe sobre lo ocurrido en septiembre de 2014.
“No existe ninguna prueba, evidencia de que hubiera algún vínculo de los estudiantes con Guerreros Unidos o con cualquier otro grupo delictivo que operara en la región como se ha estado diciendo en algunas ocasiones (…). En ningún momento, hubo vínculo de los estudiantes con ningún grupo delictivo”, dijo.
Además, el funcionario federal expresó que tampoco hay pistas de que los 43 estudiantes hayan estado juntos al salir de la Central de Autobuses de Iguala.
“Tomaron derroteros distintos los autobuses y, por el propio operativo de la policía municipal de Iguala, desde un inicio, fueron divididos los [vehículos]. También podemos acreditar que el grupo delictivo [Guerreros Unidos] operó la desaparición de los estudiantes con, al menos, tres células delictivas en distintas zonas de iguala con el apoyo de diversas autoridades federales, estatales y municipales”, acotó Encinas.
La presentación se suma al documento difundido por el Gobierno mexicano sobre el caso Ayotzinapa. En él, refiere que militares destacados en Iguala, Guerrero, recibían dinero, facilitaban el trasiego de drogas, proveían armas y municiones y protegían al grupo criminal de Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los jóvenes.
En el texto, se menciona que los mandos militares implicados con Guerreros Unidos son el entonces coronel (posteriormente ascendido a general) José Rodríguez Pérez, comandante del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, el capitán José Martínez Crespo, y el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 batallón.
Los vínculos entre los mandos militares y los integrantes del grupo criminal fueron revelados por distintos testigos que declararon en la investigación, mismos que se comprueban con mensajes de texto aportados por la Agencia Antidrogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés) a los investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR), se señala en el informe publicado por el Gobierno.
Además, los criminales de Guerreros Unidos también tenían relaciones con el alcalde Iguala en esa época José Luis Abarca, “que inyectaba dinero a la organización” y con el presidente municipal de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana.
En el documento, el Gobierno de México y la Fiscalía especializada para investigar los hechos señalan tres posibles “causales” de los ataques de policías y posterior desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa: la posible confusión de los jóvenes con integrantes de Los Rojos, grupo rival de Guerreros Unidos, amedrentar a los alumnos por destrozos a la sede municipal y trasiego de drogas.
Los desacuerdos en la investigación
Más temprano, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador comentó que, pese a los desacuerdos con los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, las pesquisas continuarán.
“Tienen todo el derecho a inconformarse y lo comprendemos. Son sus hijos, pero nosotros, independientemente de si nos creen o no, vamos a seguir, porque es un asunto que tiene que ver con nuestras convicciones y nuestra consciencia”, declaró en conferencia de prensa del 27 de septiembre.
El 26 de septiembre pasado, se conmemoró este trágico hecho. Un día antes, los padres se reunieron con el mandatario mexicano para conocer más información sobre el caso.
Sin embargo, de acuerdo con el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, no rindió frutos, y su narrativa es similar a la verdad históricadifundida en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Se “refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera al Ejército, al único que se le finca responsabilidad es al capitán Martínez Crespo. Fuera de ahí, no aparece ningún militar más con responsabilidad, no se dice nada de quienes construyeron, por ejemplo, la verdad histórica; no aparecen esas circunstancias”, afirmó.
Actualmente, los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa mantienen un campamento en el Campo Militar número 1, localizado en las inmediaciones de los municipios de Naucalpan y Miguel Hidalgo, en la zona conurbada entre la Ciudad y el Estado de México, esto para protestar por la posible omisión de información por parte de las fuerzas armadas mexicanas.
Lo ocurrido en Ayotzinapa
El 26 de septiembre del año entrante, 2024, el caso Ayotzinapa cumplirá 10 años. En ese lapso, la desaparición de los 43 estudiantes sigue siendo un episodio de violencia sin esclarecer en su totalidad.
En el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando ocurrió el hecho, se investigó el caso y se le trató de dar carpetazo mediante la llamada verdad histórica, una versión enarbolada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) que con el paso de los años se desdibuja cada vez más.
De los 43, solo tres jóvenes han sido identificados tras casi una década de investigaciones, con base en análisis de restos óseos calcinados que fueron diferenciados mediante estudios forenses genéticos realizados en la Universidad de Innsbruck, Austria.
Una de las grandes promesas del Gobierno de López Obrador fue dar con el paradero de los estudiantes y esclarecer la totalidad del caso, aunque esto no se ha alcanzado.
“Lo más importante ahora es la búsqueda porque ya tenemos información. Ya se rompió el llamado ‘pacto de silencio’ y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables”, afirmó en su conferencia matutina del pasado 27 de julio.
En una conferencia de prensa realizada el 25 de julio de 2023 en la Ciudad de México, dos de los integrantes del GIEI, el doctor español Carlos Beristain y la abogada colombiana Ángela Buitrago, presentaron nueva evidencia alrededor de la desaparición de los normalistas y señalaron los obstáculos a los que se enfrentaron durante su investigación.
“Existe el riesgo de que la mentira se institucionalice como respuesta, lo que es inaceptable”, señaló Beristain entonces, en un mensaje emitido desde el auditorio del Centro Cultural Tlatelolco, gestionado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y donde se alberga un memorial por las víctimas de la matanza de Tlatelolco, perpetrada por las Fuerzas Armadas de México contra estudiantes universitarios en octubre de 1968.
Fuente:https://sputniknews.lat
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