Ciudad de México.- La Fiscalía General de México anunció el martes un procedimiento legal contra los magistrados que rechazaron una orden de aprehensión contra el ex titular de Seguridad Pública Genaro García Luna (2006-2012), acusado de enriquecimiento ilícito y declarado culpable de narcotráfico en EU en febrero de 2022.
“Se iniciará el procedimiento legal en contra del juez de distrito Gerardo Genaro Alarcón López, quien inicialmente negó la orden, y de los magistrados que confirmaron dicha negativa, toda vez que actuaron en contra de la administración de justicia”, dijo la entidad en un comunicado.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia penal federal negó una orden de arresto en contra de García Luna, emitida antes por un juez de control (primera instancia) por enriquecimiento ilícito.
La acusación es por “ingreso injustificado de más de 43 millones de pesos (unos 2,5 millones de dólares) de García Luna cuando era servidor público (2000-2012)”, indica el texto judicial.
El pasado 24 de julio, el juez federal de la ciudad estadounidense de Nueva York Brian Cogan reprogramó la audiencia de sentencia contra García Luna para el 1 de marzo de 2024, cuando los abogados del exfuncionario mexicano esperan presentar nuevas evidencias de descargo del juicio por narcotráfico en EU.
García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Texas y encara el proceso por cargos de narcotráfico en Nueva York en una corte que encabeza Cogan, el mismo juez que llevó el caso en contra de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, fundador del Cártel de Sinaloa, quien purga prisión perpetua en EU.
La acusación en ese juicio es por cobrar sobornos a esa organización criminal, la principal de los cárteles mexicanos.
La defensa del acusado, que está en prisión en Nueva York, revisa documentos que recibieron por parte de ex agentes de seguridad mexicanos y estadounidenses de cara a la audiencia de marzo de 2024.
ACUSACIÓN POR ENRIQUECIMIENTO
García Luna habría acumulado esos fondos injustificados cuando fue funcionario público, primero al frente de la Agencia de Federal de Investigación (2000-2006) y después titular federal de Seguridad Pública 2006-2012), durante el mandato del entonces presidente, Felipe Calderón.
Esos fondos no fueron incluidos en las declaraciones fiscales y patrimoniales del exfuncionario, “lo cual está confirmado por diligencias periciales contables”, indica la acusación.
La Fiscalía afirma que en los datos de prueba proporcionados está demostrado que “su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos, lo que violenta los principios de legalidad y el debido proceso”.
El tribunal está integrado por los magistrados Alberto Torres, Manuel Bárcena, y Gabriela Rodríguez.
La Fiscalía acusa a los jueces de haber “violentando el artículo 224 del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos”, que establecía que “se sancionará a quien, con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito”.
El enriquecimiento ilícito existe cuando un funcionario público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de “aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Público”.
Además de esta acusación existen otras tres órdenes de aprehensión vigentes contra García Luna por diferentes delitos.
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