Montevideo (Mesa Américas).- El Gobierno de Guatemala desmintió el viernes los rumores sobre un eventual estado de excepción en respuesta al paro cívico iniciado el pasado lunes, e insistió en el diálogo como vía para solucionar la actual crisis.
“El gobierno de Guatemala informa que es totalmente falso que se vaya a declarar un estado de excepción en el territorio nacional”, expresó la administración del presidente Alejandro Giammattei en un comunicado, mientras organizaciones sociales y originarias se movilizan para exigir la renuncia de autoridades del Ministerio Público.
Los manifestantes reclaman la renuncia de la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, del titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y del juez Freddy Orellana, acusados de ordenar una serie de acciones para violentar el orden constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas.
“El gobierno de Guatemala, como garante de la unidad nacional, de los derechos constitucionales y el régimen jurídico vigente en nuestro país, ha realizado un llamado a anteponer el diálogo para encontrar una solución pacífica a los conflictos actuales”, agrega el texto.
La nota reitera un llamado a “no dejarse sorprender por las mentiras y publicaciones maliciosas”, las cuales buscarían “fomentar la desinformación y provocar la confrontación entre los guatemaltecos”.
El paro fue convocado el sábado 30 de septiembre por los líderes de los pueblos originarios mayas, poco después que agentes del MP allanaran y decomisaran los documentos originales de las elecciones generales del 25 de junio, como parte de una investigación sobre presuntas irregularidades en la inscripción del Movimiento Semilla, partido de centroizquierda que llevó a la victoria de Bernardo Arévalo en el balotaje presidencial del 20 de agosto pasado.
Las autoridades ancestrales de los 48 cantones del departamento de Totonicapán (suroeste) y los dirigentes del resto de las organizaciones indígenas de Guatemala confirmaron que el paro continuará hasta lograr la renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana, a quienes acusan de golpistas.
La Corte de Constitucionalidad se pronunció el jueves a favor de un recurso legal de los gremios de la empresa privada, el cual exige al Gobierno desalojar a los manifestantes y reabrir las vías para el comercio y sus actividades.
Los dirigentes indígenas repudiaron la decisión de la Corte de dar visos legales a la represión del gobierno contra el pueblo, y acusa al tribunal de limitar el derecho a la manifestación, en lugar de resolver “de manera urgente los casos en temas electorales”.
La Policía Nacional Civil y las fuerzas antimotines se han abstenido hasta el momento de actuar contra los manifestantes.
Fuente:https://sputniknews.lat
Foto: Tomada de https://twitter.com/DrGiammattei
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