Ciudad de México.- La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, Norma Piña, llamó al Congreso y al Poder Ejecutivo a evitar controversias alrededor de la extinción de 13 fideicomisos por unos 800 millones de dólares que administra esa rama del Estado, mientras el personal de la rama judicial mantiene un paro de labores en protesta por el dictamen que analiza el Senado.
“Lo que está en juego son los derechos de todas las personas (…), me dirijo a los otros poderes de la Unión, con la convicción plena de que el Poder Judicial Federal no es oposición política”, dijo Piña en una reunión abierta en el máximo tribunal.
Más de 50.000 trabajadores de la administración de la justicia mexicana y simpatizantes marcharon el domingo pasado en las calles y plazas mexicanas para protestar por un dictamen promovido en el Congreso por la bancada oficialista y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Hago un llamado a la unidad del Poder Judicial, porque lo que está en juego son, ni más ni menos, los derechos de todas las personas; debemos trabajar juntos, en equipo, como siempre lo hemos hecho (…) para seguir siendo los máximos defensores del orden constitucional”, dijo la magistrada.
Con el argumento de que se trata de “privilegios” y no de de “derechos laborales” como afirman los inconformes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el dictamen que elimina esos fideicomisos en los que los empleados del Poder Judicial ahorran para sus jubilaciones, entre otros fines, y pasó al Senado para la aprobación definitiva.
POSIBLE LITIGIO ENTRE PODERES
El inédito enfrentamiento entre los poderes del Estado mexicano está marcado con la primera huelga nacional de los trabajadores de los tribunales en la historia del país.
La magistrada agregó en su discurso en la máxima corte: “con el mayor respeto republicano, me dirijo a los otros poderes de la Unión, con la convicción plena de que el Poder Judicial Federal no es oposición política, ni es adversario”.
López Obrador prevé que cuando el Senado apruebe en forma definitiva la eliminación de los fideicomisos, el litigio escalará a la Suprema Corte de Justicia, que puede revertir la votación de la ley en el Congreso que solo requiere mayoría simple de la mitad más un voto con la cual cuenta el oficialismo.
“Van a presentar un recurso de inconstitucionalidad o van a haber amparos, y entonces el Poder Judicial, convertido en juez y parte va a desconocer el mandato del Poder Legislativo”, anticipó el mandatario.
El Ejecutivo propone que los abogados constitucionalistas del país aclaren si ese camino puede “romper el orden constitucional y afectar la división y el equilibrio de poderes”.
El Gobierno de México publicó la semana pasada en sus redes sociales un mensaje que reza: “No hay nada que haya hecho el Poder Judicial en beneficio del pueblo”.
El texto firmado por López Obrador agrega: “Quisimos detener las privatizaciones del petróleo, de las pensiones de los trabajadores y maestros, ningún amparo (judicial) prosperó”.
El magistrado del máximo tribunal federal Luis María Aguilar declaró en un discurso que “es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el poder judicial sea en beneficio de ningún ministro de la Corte (…), ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio o prebenda, mucho menos con un privilegio para los ministros”.
La bancada de los partidos de la oposición afirman que el oficialismo ha emprendido una “venganza”, por las decisiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia en contra de las reformas a la Carta Magna promovidas por el Gobierno, dictaminadas como “inconstitucionales”.
