Ciudad de México.- El pleno del Senado de México aprobó la noche del martes, por mayoría de simple de votos, una polémica reforma legislativa para la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, que administran unos 800 millones de dólares de esa rama del Estado, en un dictamen que ya había recibido media sanción por la Cámara de Diputados, y será turnado por el Congreso al Ejecutivo para su promulgación.
“Con 67 votos a favor y 48 en contra, se aprueba en lo general el dictamen que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de fideicomisos y fondos”, que avala su extinción, informó la Cámara Alta en un comunicado.
Más de 50.000 trabajadores del Poder Judicial realizaron por primera vez en la historia de esa rama del Estado mexicano un paro de labores –desde el jueves pasado hasta el martes 24 de octubre– y realizaron marchas en las plazas de 20 ciudades del país el domingo pasado, en protesta ante la eliminación de los fideicomisos.
Esos que administran ahorros y otros mecanismos de servicios para el Poder Judicial suman unos 15.000 millones de pesos (unos 800 millones de dólares), que el sindicato de empleados considera como “derechos laborales”, mientras el Gobierno y la bancada oficialista los califica de “privilegios”.
VOTO EN CONTRA INESPERADO
El voto más sorpresivo, en contra del dictamen, lo emitió la extitular de la cartera federal de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fue encargada de la política interior del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en los tres primeros años de su mandato.
“Hay momentos en la vida de las personas que son definitorios, para mí, uno de esos momentos es hoy: como Senadora de la República votaré en contra de que desaparezcan estos fideicomisos”, dijo en la tribuna la también exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sánchez Cordero, quien también presidió el Senado como parte de la bancada del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que votaba a favor de los trabajadores del Poder Judicial federal y sus “conquistas laborales”.
“Que quede claro, no he venido a proteger algún tema particular para quienes integran o tuvimos el honor de integrar el pleno de la Suprema Corte”, aclaró.
Las personas que serán afectada –prosiguió– son oficiales, secretarios de tribunales y juzgados, jueces, magistrados y defensores públicos, un total de 46.931 trabajadores, “capital humano altamente especializado, al que afectamos gravemente si en el Senado desaparecen todos los fideicomisos que administra el Poder Judicial”, enfatizó.
Finalmente dijo que se debe defender al poder judicial, pero también el poder judicial debe cambiar algunas cosas para responder a la exigencia de justicia que tiene el pueblo de México.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el dictamen que elimina esos fideicomisos en los que los empleados del Poder Judicial ahorran para sus jubilaciones, entre otros fines.
El Gobierno de México publicó en el marco del debate legislativo, impulsado por el presidente y el oficialismo, un mensaje en sus redes sociales que reza: “No hay nada que haya hecho el Poder Judicial en beneficio del pueblo”.
López Obrador prevé que cuando el Senado apruebe en forma definitiva la eliminación de los fideicomisos, el litigio escalará a la Suprema Corte de Justicia, que puede revertir la votación de la ley en el Congreso.
“Van a presentar un recurso de inconstitucionalidad o van a haber amparos (judiciales), y entonces el Poder Judicial, convertido en juez y parte va a desconocer el mandato del Poder Legislativo”, anticipó el mandatario.
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