Ciudad de México.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) valoró el martes la condena a los militares que ejecutaron hace 13 años a dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el norteño estado mexicano de Nuevo León.
Acnudh “saluda la sentencia del Juzgado Cuarto de Distrito en materia penal del Poder Judicial de la Federación en el estado de Nuevo León, dictada el pasado 13 de octubre y publicada recientemente”, indica un comunicado de la representación permanente del organismo internacional en el país latinoamericano.
El veredicto judicial establece la responsabilidad penal de los militares autores de la ejecución extrajudicial de los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, el 19 de marzo de 2010.
La resolución judicial acredita que “los estudiantes no eran integrantes de ningún grupo criminal, ni se encontraban armados al momento en que fueron privados arbitrariamente de la vida”.
La sentencia no sólo constata la comisión del delito de “homicidio calificado” por parte de efectivos militares, sino que condena “la conducta desplegada después de los hechos con el objetivo de alterar la escena del crimen, ocultar las evidencias, y obstaculizar el acceso a la justicia y a la verdad”.
MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA
La postura del Alto Comisionado reafirma su cuestionamiento al despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que fue elevado a rango constitucional en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La sentencia “revela la importancia de contar con mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública”, señala Acnudh.
El juzgado cita sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para destacar que la actuación del Ejército en el ámbito de la seguridad pública debe atender a “criterios de estricta proporcionalidad, excepcionalidad y debida diligencia en la salvaguarda de los derechos humanos”.
Acnudh señala que este elemento es clave teniendo en cuenta que “está pendiente investigar y determinar las responsabilidades penales de los superiores jerárquicos involucrados por acción u omisión en lo ocurrido”.
Como varias instancias internacionales defensores de derechos humanos, el organismo indica que “las actividades de seguridad pública corresponden primordialmente a los cuerpos de policía de carácter civil”
La participación de las Fuerzas Armadas en este ámbito “debe ser temporal, por lo que, en consonancia con lo que también han dicho otros organismos internacionales, urge a adoptar un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable, con plazos determinados y acciones específicas”, agrega el pronunciamiento.
El caso del asesinato de los dos jóvenes fue ampliamente documentado por instancias defensoras de derechos humanos internacionales.
También fue conocido en 2013 por el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, quien hizo mención a lo sucedido a los estudiantes en su informe de visita a México.
Fuente:https://sputniknews.lat
eitmedia.mx
