San Salvador.- La exministra hondureña de Finanzas Rocío Tábora, quien está imputada de presuntos delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos públicos en el marco de la pandemia de covid-19, fue detenida el miércoles en un punto fronterizo con Nicaragua, informó el Ministerio Público (MP).
“La exfuncionaria fue puesta a la orden de los juzgados en materia de criminalidad organizada y corrupción por miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en cumplimiento a una orden de captura que se desprende del proceso instruido en su contra por suponerla responsable de los delitos de fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios, aprehensión que se ejecutó en el sector fronterizo de El Guasaule, frontera con Nicaragua”, publicó la entidad en un comunicado.
En tanto, el Poder Judicial informó que el juzgado penal en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción dictó detención judicial a Tábora, “a quien se le vincula con compra fraudulenta de siete hospitales”.
La detención judicial implica el traslado de la exfuncionaria del segundo Gobierno de Juan Orlando Hernández (2018-2022) a la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social, en las cercanías de Tegucigalpa.
Las autoridades judiciales informaron que Tábara tendrá la audiencia inicial el lunes 20 de noviembre a las 09:00 horas (15:00 GMT).
Sobre a Tábora y la exministra de Salud Consuelo Flores, esta última aún prófuga, pesaba una orden de captura emitida el jueves de la semana anterior por el MP.
El MP presentó acusación formal contra siete exfuncionarios de la administración anterior, de los cuales también están detenidos Daniel Ardón, Héctor Herrera y Carlos Luis Guevara.
En marzo de 2020, primero de la pandemia de covid-19 en Centroamérica, la estatal Inversión Estratégica de Hondura (Invest-H) acordó en Turquía la compra de siete hospitales móviles por un valor de 47,5 millones de dólares, pero el Estado hondureño “nunca tuvo información en relación al diseño, equipos y especificaciones técnicas” de tales instalaciones provisionales, precisó la Corte Suprema de Justicia cuando ventiló el caso en mayo de 2022.
Marcos Brogán, director de Invest-H en el momento de la compra, fue condenado a 10 años y 11 meses de prisión por ese caso, y luego a otros seis años por el fraude en la adquisición irregular de mascarillas en el contexto de la emergencia sanitaria.
Fuente:https://sputniknews.lat
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