El Congreso de Texas aprobó este 15 de noviembre dos proyectos de ley que permitirán la construcción de un muro fronterizo en el estado limítrofe con México, así como la detención y expulsión de migrantes hacia el país latinoamericano.
Se trata de la iniciativa de ley SB3, que asigna 1.500 millones de dólares para erguir la obra. Texas tiene frontera con los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y abarca prácticamente la mitad de los 3.000 kilómetros de línea limítrofe entre ambas naciones.
En segundo lugar, el proyecto de ley SB4 —conocido por los opositores demócratas como ley “enséñame tus papeles”— otorga a las fuerzas del orden y a los jueces texanos la facultad de detener y emitir órdenes para expulsar migrantes a México.
De acuerdo con medios locales, la SB4 fue aprobada sin enmiendas, por lo que se espera que el gobernador texano Greg Abbott firme el proyecto de ley a la brevedad, que convertirá en un nuevo delito estatal el ingreso sin documentos a la entidad. Dado que la SB3 fue aprobada con enmiendas, volverá al Senado para su aprobación.
Ambos proyectos fueron presentados la semana pasada, luego de que el gobernador republicano anunciara una cuarta sesión legislativa enfocada en la seguridad fronteriza y la educación.
México rechaza la ley antiinmigrante
El Gobierno de México, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), externó su rechazo a la iniciativa SB4, a la que considera una medida que criminaliza a las personas migrantes y resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamientos raciales.
“El Gobierno de México reconoce el derecho soberano de cualquier país de decidir las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio. No obstante, respetuosamente externa su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos, así como el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio”, consignó la institución.
Por lo anterior, rechazó tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades texanas detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano.
Pese a su objeción, reconoció la importancia de una política uniforme y consistente en materia migratoria, por lo que respaldó el trabajo conjunto con la Administración del presidente Joe Biden para garantizar que la migración suceda dentro del marco legal, garantizando los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.
Adicionalmente, el país latinoamericano expresó su preocupación por los más de 10 millones de connacionales que residen en Texas, ya que la nueva legislación propiciará ambientes hostiles que pueden derivar en crímenes de odio contra las comunidades migrantes.
Ante las medidas aprobadas por el Congreso texano, la cancillería mexicana instruyó a 11 de sus representaciones consulares en Texas diversas acciones, incluido el aumento de los encuentros con autoridades aliadas, legisladores y agrupaciones de derechos civiles para reforzar la presencia de apoyos en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en lengua inglesa) de Texas condenó la aprobación de las leyes antiinmigrantes y amenazó con demandar a Greg Abbott si firma el SB4.
“Los texanos de todo el estado se han opuesto rotundamente a estos proyectos de ley desde el principio y no vamos a dar marcha atrás. Si el gobernador Abbott convierte en ley la SB4 (88-4), presentaremos una demanda”, declaró el director ejecutivo de ACLU, Oni K. Blair.
Durante la presidencia de Joe Biden, EU se ha enfrentado a una cifra récord de migrantes que llegan a la frontera sur, con más de tres millones de personas entrando al país norteamericano.
En los primeros meses del año, políticos del ala republicana, a la que pertenece Abbott, han presentado iniciativas para enviar elementos del Ejército estadounidense a México bajo la premisa de defenderse de las agrupaciones que trafican drogas.
A inicios de marzo pasado, los legisladores Lindsey Graham y John Kennedy anunciaron que presentarán un proyecto de ley para declarar a los cárteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), lo que permitiría teóricamente a las fuerzas de seguridad estadounidenses hostilizarlas con más rigor.
Fuente:https://sputniknews.lat
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