Hasta que no se resuelvan los dos recursos interpuestos ante la Suprema Corte acerca del interinato en Nuevo León, el amparo otorgado por el juez tamaulipeco Juan Alvarado seguiría vigente, señaló la diputada emecista Sandra Pámanes.
A través de dicho amparo, el secretario general de gobierno, Javier Navarro, podría convertirse en encargado del despacho en lugar de que el Congreso designe a un interino como lo marca la Constitución Estatal.
Una de estas quejas, detalló la legisladora, es la que interpuso el mismo Navarro, quien busca reemplazar a Samuel García durante su ausencia para contender por la Presidencia.
La otra, agregó, sería la que promovió el Congreso de Nuevo León, anunciada ayer por Carlos de la Fuente, diputado del PAN.
“Hasta que esos dos asuntos no se resuelvan, queda todavía vigente el supuesto que señala el juez de mantener el amparo del Secretario General de Gobierno hasta que no haya una resolución definitiva por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, puntualizó Pámanes.
Sin embargo, el mismo Alvarado declaró ayer que planea atenerse al dictamen ya presentado por un magistrado de la Suprema Corte, así como a la sentencia del TRIFE.
Dado que en las resoluciones de ambas instancias se establece que al Congreso le corresponde nombrar a un interino, el juez afirmó que, en una audiencia que tendrá lugar el 30 de noviembre, el asunto quedaría resuelto, puesto que él no podría ir en contra de lo que ya consideraron las autoridades federales.
Buscan colectivo y MC sanciones penales para familiares cómplices de feminicidios
En memoria de Montserrat Bendimes –una joven veracruzana que, en el 2021, fue asesinada por su pareja, Marlos N, quien huyó de la justicia con ayuda de sus familiares– el colectivo feminista Alto Ya No Más, impulsado por Movimiento Ciudadano, propuso dos iniciativas de reforma.
Dichas iniciativas modificarían tanto al Código Penal como a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, detalló Giovanna Villalobos, integrante del colectivo.
“Vamos tarde en tratar de garantizar que aquella persona que cometa este tipo de delito, como es el feminicidio, pueda ser sancionado, y que no encuentre, sobre todo en su línea parental principal (…) algún tipo de protección o encubrimiento”, puntualizó, por su parte, Sandra Pámanes.
A través de ambas modificaciones, a los familiares consanguíneos que sean cómplices de feminicidios se les podría otorgar una sentencia penal de hasta ocho años de prisión.
Por: Paula Román – eitmedia.mx
