Este 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador cumple cinco años como presidente de México. Durante su mandato, los esfuerzos que desde el Gobierno se han hecho para frenar la crisis de seguridad en el país no han sido suficientes y, contrario a las promesas del jefe del Ejecutivo, el Ejército ha permanecido en labores de seguridad pública.
Durante años, López Obrador criticó el hecho de que las Fuerzas Armadas mexicanas ejercieran tareas de seguridad pública. En 2010, el entonces opositor señaló que el Ejército no se creó “para suplir las incapacidades de los Gobiernos civiles” y, en 2012, cuando contendió por segunda vez a la Presidencia, aseveró que la tarea de las Fuerzas Armadas era defender la soberanía nacional. Además, prometió que, si ganaba las elecciones, en seis meses el Ejército regresaría a los cuarteles. Y en 2013 aseguró que era “perverso” usar a los militares en labores de seguridad pública.
A más de 10 años de distancia de estos dichos y con la tarea en sus manos de gobernar a México, López Obrador no ha podido concretar el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Y es que él mismo ha aceptado que el problema de seguridad en México, causado principalmente por el crimen organizado, lo hizo cambiar de perspectiva.
“Sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrenar el problema de la inseguridad?”, aceptó el mandatario durante una conferencia de prensa en septiembre de 2022.
Y es que México vive una vorágine violenta desde hace 15 años a causa del crimen organizado, siendo los jóvenes el sector más afectado, pues son los que aportan la mayor cantidad de víctimas fatales, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicadas en agosto pasado.
De las 32.223 víctimas de homicidio que registraron las autoridades en 2022, el 49,7% (16.021) tenía menos de 35 años y el 61,5% (18.832) tenía menos de 40 años. En tanto, las víctimas de homicidio de entre 15 y 19 años de edad en 2022 sumaron un total de 2.233.
Además, hasta el 30 de noviembre, en México sumaban 113.015 personas desaparecidas, de las cuales 47.180 personas han desaparecido desde diciembre de 2018, día en que López Obrador tomó posesión como presidente.
Ante este escenario, ¿AMLO tenía otra opción?
De acuerdo con el doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en temas se seguridad, Jesús Gallegos Olvera, el presidente mexicano no tenía mejor opción que “fortalecer una estrategia de seguridad encaminada a la creación de la Guardia Nacional”.
En entrevista con Sputnik, el experto apunta que las promesas que López Obrador hizo durante su tiempo como opositor de los gobiernos en turno se realizaron al calor de las elecciones en puerta y del constante golpeteo político.
“[Su promesas] estuvieron carentes de un elemento: de contacto con la realidad que comenzaba a mostrar datos cada vez peores en materia de seguridad”, sentencia el analista.
Al respecto, la doctora en Derecho y académica del posgrado en Derecho y Política Criminal de la UNAM, Lizbeth Padilla Sanabria, asegura que la crisis de seguridad en el país no es un tema nuevo, pues desde la década de los 70 los grupos criminales que existen en México se han fortalecido tanto en estructura como incluso en tecnología, además de que han trascendido las fronteras.
“Evidentemente, el crimen organizado en México sobrepasa por mucho al sistema penal garantista, como al sistema de seguridad pública. Están mucho más avanzados”, indica la experta.
Ambos académicos coinciden en que, en el escenario actual que enfrenta México, tener una policía civil no bastaría, ya que, de acuerdo con datos oficiales, entre enero y octubre de 2023 se reportan más de 80 homicidios diarios
“El presidente López Obrador se vio ante el reto que conlleva la realidad mexicana”, indica Gallegos.
“El presidente de la República no tiene los alcances estratégicos para poder combatir la inseguridad pública”, agrega Padilla.
La polémica Guardia Nacional
En agosto de 2022, el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de transferir la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mediante un acuerdo presidencial desató una oleada de críticas por parte de organizaciones de defensa de derechos humanos, académicos y familiares de víctimas de la inseguridad.
Y es que desde 2019, cuando se creó este cuerpo de seguridad, el mandatario nombró un mando civil al frente de la GN, para legitimar sus tareas de seguridad pública; sin embargo, esto dio un giro tres años más tarde, cuando la Guardia Nacional pasó a ser parte de la Sedena.
“Ese mandato civil no se ha negado, simplemente que las condiciones actuales no permiten ese tránsito inmediato como se había considerado, pero esperemos que se den (…) Tenemos que entender que son procesos de largo aliento”, explica Jesús Gallegos.
Para Lizbeth Padilla, a pesar de los intentos, la Guardia Nacional sigue sin estar preparada del todo para hacer frente a las grandes estructuras del crimen organizado.
“Nosotros tenemos carteles que son poderosos desde una perspectiva política, desde una perspectiva económica e incluso desde una perspectiva social”, dice. “El derecho penal garantista no nos alcanza. Si creemos que vamos a combatir el crimen organizado con derechos humanos, estamos equivocados”, concluye.
Fuente:https://sputniknews.lat/
Foto: Tomada de https://www.facebook.com/SentinelMexico1
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