El proceso en el que está envuelto el gobernador de Nuevo León, Samuel García, es politiquería de parte del bloque opositor de México, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es un asunto politiquero, con miras a las próximas elecciones [presidenciales de 2024 en México], porque se le lanzaron [a Samuel García] los del PRI y los del PAN, más que nada, el jefe del bloque conservador, Claudio X. González, [señaló al político neoleonés] para que no pudiera ser candidato porque ellos sostienen, de manera equivocada, que Samuel les dividía las simpatías de las clases medias porque se sienten los dueños” de ellas, acusó en su conferencia de prensa matutina.
Al ser cuestionado sobre si García, quien gobierna el estado norteño desde 2021 y quien había solicitado licencia para ser precandidato del partido Movimiento Ciudadano (MC), podría perder su cargo, el mandatario mexicano señaló que se debe esperar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al respecto.
Los opositores “son capaces de dar golpe de Estado, porque sería la destitución de alguien que fue electo democráticamente. Está interesante hasta dónde quieren llegar, si no lo van a regresar, que la Corte diga hasta dónde está destituido. Yo estoy de observador (…). Vamos a esperar a ver qué dicen los de la Corte, si de plano lo destituyen, que ya no pueda regresar, o si vuelve”, expuso.
López Obrador declaró que, por el momento, no es posible destituir a un gobernador, salvo por delitos como traición a la patria.
“En el caso del presidente [de México] ya se puede, pero no sé cómo esté en el estado. Tendrá que verlo primero el congreso local” de Nuevo León, mencionó.
¿Qué fue lo que ocurrió?
Movimiento Ciudadano, partido que ostenta el poder en Nuevo León y Jalisco, maniobró a su tiempo revelar quién sería la persona que les representaría para las elecciones presidenciales de México, que se celebrarán a mediados del próximo año.
Su carta fuerte, Samuel García, aceptó contender, pero la situación fue adversa. Para poder participar debía, al menos, haber estado seis meses separado de sus funciones antes de aparecer en la boleta electoral, plazo que se venció este 1 de diciembre.
El gobernador neoleonés buscó solicitar licencia a la gubernatura y nombrar un dirigente interino. Pero parece ser que no calculó la oposición del congreso estatal, donde tienen mayoría en los escaños los partidos, opositores a su gestión, del Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
El caso, que parecía ser un trámite de inscripción de candidatura y solicitud de licencia al cargo, no solo escaló hasta la Suprema Corte de Justicia mexicana, sino que podría haber acabado con las aspiraciones de García.
Las cosas comenzaron a complicarse cuando su propuesta de mandatario interino fue rechazada por el poder legislativo neoleonés. El secretario general de gobierno de Nuevo León, Javier Navarro Velasco, fue la última para hacerse cargo del ejecutivo estatal.
El congreso, dominado por fuerzas políticas opositoras a Samuel García, demandó ante el máximo tribunal del país que se reconociera que la facultad de designar al mandatario interino recae sobre el legislativo. Mediante una controversia, hizo saber su inconformidad, la cual fue avalada por la Suprema Corte, según expresó el tribunal en un comunicado el 1 de diciembre.
No obstante, el congreso neoleonés designó a Luis Enrique Orozco Suárez como mandatario interino, una decisión que el máximo tribunal de México ordenó respetar y, además, llamó a toda autoridad a abstenerse de impulsar nuevos nombramientos o cambios en la designación de la gubernatura interina.
Mientras tanto, integrantes de Movimiento Ciudadano, como Jorge Álvarez Máynez, acusaron al PRI y el PAN en el Congreso de ejercer un golpismo, pero finalmente García emitió un acuerdo para anunciar que no contenderá por la presidencia de México, además de buscar revertir su licencia a la gubernatura de Nuevo León para retomar el cargo.
Las tensiones regionales no terminaron ahí: el poder legislativo ratificó la licencia de Samuel García, es decir, no reconoce su reincorporación al ejecutivo estatal.
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