El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente del Perú, Pedro Castillo, emitió un mensaje a la nación que ordenaba la disolución del Congreso de la República, además de convocar a un proceso de reescritura de la Constitución. Unas horas después estaba detenido.
Ante la decisión del Ejecutivo, el poder legislativo decidió aplicar la vacancia contra el mandatario, lo que orilló a su vicepresidenta, Dina Boluarte, a hacerse cargo del mandato, que ostenta hasta hoy.
La medida, que llevó a la cárcel al dirigente, elegido en las urnas en junio de 2021 por sobre Keiko Fujimori, fue repudiada masivamente por millones de peruanos, que se manifestaron en puntos clave del territorio peruano, como la ciudad rural de Ayacucho, en el sur, o en las localidades de Puno y Juliaca, aledañas al lago Titicaca, y ante las que la represión policial generó decenas de víctimas mortales.
A estas dificultades, en el momento en que se cumple un año del inicio de ese proceso político y social, se suman nuevas sacudidas, como la liberación del expresidente Alberto Fujimori, corresponsable de la crisis de institucionalidad que atraviesa el país porque implementó cambios agresivos, como reescribir la constitución, y operó fuerzas del Estado para perpetrar ejecuciones extrajudiciales con el pretexto de la persecución del movimiento armado de Sendero Luminoso.
Otro episodio crítico de los últimos días en la patria andina es el escándalo de la titular de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, acusada de operar una trama de corrupción desde la dependencia, lo que podría derivar en su separación del cargo y sanciones administrativas y penales.
En un contexto en el que, a razón del aniversario de aquella irrupción política y social, las organizaciones de activistas y los ciudadanos anuncian, ya que retomarán las movilizaciones contra Boluarte, Sputnik conversó con peruanos universitarios sobre su perspectiva ante la situación.
“Nos sentimos traicionados también por Castillo”
En opinión del egresado de la Fundación Universidad del Cine, Jorge Isaac Aróstegui, originario de Abancay, en el sur del Perú, el presidente Castillo también traicionó a los ciudadanos, mientras que en el extranjero se tiene la idea de que fue depuesto de manera injusta.
“En cierto punto, nosotros nos sentimos traicionados también por Castillo porque él venía de ser un outsider [que contravino las malas expectativas sobre su desempeño electoral], declara en diálogo con Sputnik.
“Sí, representaba un cambio total porque hasta ese entonces nos había gobernado solamente la élite peruana y teníamos muchas esperanzas puestas en Castillo. Empezó mal y lo que hizo fue totalmente olvidar a toda la izquierda que lo había apoyado” y empezó a pactar con el fujimorismo, acusa el también estudiante de escritura creativa en la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Así, Aróstegui considera que la maniobra de disolución de poderes del entonces mandatario que aceleró su vacancia fue un intento de golpe de Estado que, además, contravino el marco constitucional. “Lo mismo hizo Fujimori en el 92”, acusa.
El estudioso dice que, desde su nacimiento, el Perú es un Estado fallido, como exhibe la clásica novela de Mario Vargas Llosa Conversación en La Catedral, que pronto se pregunta, precisamente: “¿En qué momento se había jodido el Perú?”.
El país andino es una sociedad quebrada, no en el sentido económico sin los desafíos inflacionarios de Argentina, sino desde una perspectiva social, con claras diferencias de poder adquisitivo y de diálogos fragmentados entre la región de la costa, la selva y la sierra.
Pese a sus críticas a Castillo, el estudiante y ciudadano peruano considera que no es clara la posibilidad de una salida gubernamental a la situación, por lo que apela a un adelanto de elecciones, en un escenario en que, de acuerdo con el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la mandataria Boluarte cuenta únicamente con el 8% de la aprobación ciudadana.
Aróstegui asegura, a su vez, que es probable que no sea urgente la Asamblea constituyente por el momento.
Ante la situación de desigualdad y para salir de la crisis, el Perú necesita un pacto de perdón donde se deje de aislar a ciudadanos como de segunda categoría, subraya Aróstegui, además de excarcelar a Castillo, porque considera excesivo su aislamiento.
“Me parece que llegó a un nivel muy, muy bajo el Perú”, califica el reseñista y estudioso.
Tolerancia “en tanto sirva a la derecha”
En tanto, el editor Marco Campos, titular de la revista sobre traducción Lengua imperfecta, considera que el proceso contra Castillo ejerció un punitivismo que incluyó a la familia del ahora exmandatario y que, sin embargo, no afecta a Boluarte, a pesar de que también padece señalamientos de corrupción y por las muertes ocasionadas por las protestas sociales.
Esto, dice, se explica porque el actual Ejecutivo peruano sirve a la derecha conservadora y a la influencia de Estados Unidos en la nación andina.
“La debacle ha llegado, es una pelea de tuertos viendo quién se queda con el ojo, quién sale mejor de todo esto. No sé desde qué lado ganemos, pero inevitablemente ellos van a perder”, asevera.
Para comenzar a superar la crisis de impopularidad, de descontento, de inestabilidad política —que además de Fujimori y Castillo, ha generado acciones judiciales contra los también exmandatarios Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, por distintas causas, una fotografía del problema de gobernabilidad que vive la nación andina—, Campos considera que es necesario el consenso entre las fuerzas políticas.
“Para mí existen dos caminos, pero solo uno de ellos es posible: primero, el concilio democrático entre la derecha y la izquierda política, que es algo que uno escribe pero le da risa hasta considerar; y segundo, una dictadura del pueblo, reconstruir la identidad nacional y comenzar un proceso drástico de cambios, no sé cuánta ira más nos falta para llegar a eso”, reconoce.
El joven, colaborador del sello editorial Pesopluma y traductor de literatura brasileña, considera que sigue vigente la discusión sobre el proceso que llevó a la vacancia de Castillo, porque explica la situación actual que vive el país.
De cara a la activación de las protestas, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado el 4 de diciembre de 2023 donde califica de lamentables los hechos de represión policial de diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023, que condujeron a la muerte a más de 50 personas, además de llamar a que las nuevas manifestaciones se conduzcan en paz.
Fuente:https://sputniknews.lat/
eitmedia.mx
