
Luego de que Jorge Galván renunciara a la Auditoría Superior del Estado –a pesar de que le quedaban sólo tres días en el cargo– el Congreso local aprobó una terna que será evaluada próximamente para elegir al reemplazo del funcionario.
Al darse a conocer la renuncia de Galván, el diputado presidente Mauro Guerra propuso, ante el Pleno, que esta se turne de urgente y obvia resolución, convocando al resto de legisladores a analizar una lista de 60 aspirantes al cargo y seleccionar una terna.
Con 27 votos cada uno, Ricardo Thompson González, Alejandro Reynoso Gil y Agustina Hernández fueron los seleccionados por el Legislativo para comparecer ante el Congreso y presentar un plan de trabajo en intervenciones de 8 minutos.
Sin embargo, la bancada de Movimiento Ciudadano se pronunció en contra de la terna, argumentando que es ilegal acelerar el proceso de elección de un Auditor y omitir la evaluación de la lista de aspirantes en la Comisión de Vigilancia.
“Evidentemente, están simulando. Aquí van a llegar los tres aspirantes finalistas, sorprendidos”, señaló la emecista Iraís Reyes, acusando al PRIAN de buscar “capturar la Auditoría”.
“Lo que realmente sabemos es que eso ya está pactado desde tiempo atrás, y que la figura que quieren imponer es Alejandro Reynoso, que pertenece a Grupo San Nicolás del Partido Acción Nacional”, agregó.
Para elegir al nuevo Auditor, el Congreso deberá designar por mayoría calificada, necesitando al menos 28 votos a favor de un finalista.
Lanzan convocatorias para nombrar a titulares de Fiscalías
Impulsadas por las bancadas del PRI y el PAN, las convocatorias para designar a un nuevo Fiscal Anticorrupción y un Fiscal Especializado en Delitos Electorales fueron aprobadas por el Congreso.
A partir de mañana y hasta el 3 de enero, los interesados en ambos cargos podrán entregar sus documentos en la Oficialía de Partes.
Entre los requisitos para aplicar se encuentra la nacionalidad mexicana, edad mínima de 35 años, una licenciatura en Derecho, acreditación de conocimientos, y acreditación de buena reputación.
Asimismo, se requiere no haber sido gobernador el año previo al nombramiento, no haber sido inhabilitado de un cargo público, y no haber sido condenado por algún delito doloso que amerite prisión.
Por: Paula Román – eitmedia.mx