Ciudad de México.- Dieciséis recomendaciones para las fiscalías de la federación mexicana con buenas prácticas para la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas fueron presentadas el miércoles por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
El informe, titulado “Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, contiene “16 recomendaciones concretas para las 33 fiscalías del país”.
El documento contiene acciones que contribuyen a la justicia y señala las que “aportan a la impunidad”.
Este detallado estudio de nueve casos analiza las pesquisas llevadas a cabo, de acuerdo con la información contenida en sus respectivos expedientes de investigación, tres de ellos con sentencias condenatorias.
Desde 2019 hasta agosto de 2023, Acnudh ha registrado al menos 46 casos de personas defensoras indígenas asesinadas o desaparecidas con un posible vínculo con su labor de defensa de derechos.
Acnudh desarrolló una metodología de análisis de expedientes de investigación penal a través de la “definición de 88 indicadores cualitativos”.
Esas referencias están basadas tanto en los estándares internacionales en materia de investigación criminal como en jurisprudencia e instrumentos jurídicos mexicanos.
Esa metodología permitió “evaluar el cumplimiento de los principios generales de debida diligencia en la actuación de las fiscalías”, la federal y las de 32 estados del país.
RECOMENDACIONES CONTRA LA IMPUNIDAD
Varios defensores de víctimas de abusos de autoridades señalaron los elevados índices de impunidad por la falta de denuncia de delitos y de falencias en las investigaciones.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Guerrero (sur), Abel Barrera, apuntó “la urgencia de revertir los índices de impunidad a través de un proceso de fortalecimiento de las fiscalías conforme a las recomendaciones del informe”.
El documento del organismo internacional está diseñado con el objetivo de “fortalecer las actuaciones de las fiscalías, en el marco de una amplia estrategia para favorecer la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas” en el país latinoamericano.
La investigación incluyó hace cuatro años la elaboración de un diagnóstico sobre el Mecanismo de Protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
En lugar de buscar identificar patrones generalizados, el informe es “un análisis profundo de cada uno de nueve casos para ofrecer prácticas concretas, tanto positivas como negativas, que favorezcan la crítica constructiva y puedan orientar a las fiscalías y su personal en su actuar”.
Por otro lado, los expertos identificaron “omisiones, particularmente en lo relacionado con el cumplimiento de los principios de debida diligencia de oportunidad, competencia y exhaustividad, evidenciadas en: deficiencias en la preservación del lugar de los hechos; pérdida de videograbaciones por retrasos injustificados en su identificación y obtención”.
También señala carencias en el seguimiento a solicitudes de diligencias; y denuncia que “no se agotaron las líneas de investigación relacionadas con la labor de las víctimas o el potencial involucramiento de servidores públicos”.
Las buenas prácticas se refieren a la inspección del lugar de los hechos; identificación de testigos y realización de entrevistas; obtención de videograbaciones; desarrollo de peritajes en distintos rubros de medicina forense, criminalística y balística; elaboración de dictámenes de mecánica de hechos.
También detalla el análisis de contexto; análisis jurídico de la conducta de amenazas; participación de víctimas y familiares; y otorgamiento de medidas cautelares de protección cuando fue pertinente, indica el documento.
Por su parte el Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, saludó las recomendaciones.
El fiscal especial manifestó su “compromiso de continuar generando acciones positivas para el fortalecimiento de las capacidades de investigación especializada en casos de agresiones a periodistas por su labor”.
En 32 de los 46 asesinatos, las personas defensoras indígenas realizaban actividades en temática ambiental.
Del total de casos 33 personas habían sufrido incidentes previos de seguridad, y en 10 casos fueron denunciados.
De todos los asesinatos documentados por la ONU, solamente en uno se ha emitido una sentencia condenatoria en contra de las personas agresoras, una impunidad que agrava la discriminación estructural de los pueblos indígenas.
Fuente:https://sputniknews.lat/
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