Además de enfrentar la ausencia de sus seres queridos, la mayoría de los familiares de personas desparecidas en México padecen problemas de salud físicos y mentales, entre la depresión, ataques de pánico y ansiedad, o bien, problemas dentales por una presión excesiva en las mandíbulas que los lleva inclusive a perder los dientes.
Según documenta el “Informe sobre Afectaciones a la Salud de Familiares de Personas Desaparecidas y la Respuesta Institucional en México”, elaborado por la organización defensora de los derechos humanos Idheas Litigio Estratégico y hecho público el 11 de diciembre, las Comisiones de Atención a Víctimas (CAV) se niegan frecuentemente a prestar apoyo para que las víctimas reciban una atención médica adecuada, a pesar de las insistentes solicitudes tanto de los propios afectados como de las organizaciones que los acompañan.
El informe incluye una encuesta realizada a 266 familiares de personas desaparecidas que fueron consultadas desde diversos estados de la república entre febrero de 2022 y junio de 2023.
De acuerdo con los resultados, del total de víctimas consultadas, el 79% afirmó haber desarrollado un padecimiento físico o mental después de la desaparición de sus seres queridos y solo el 23% respondió que su salud era mala antes de la desaparición.
“No podía dormir absolutamente nada”
Araceli Salcedo, que busca a su hija Fernanda Rubí desde que despareció el 7 de septiembre de 2012 a la edad de 21 años en Orizaba, Veracruz (oriente de México), afirmó que lo primero que padeció al comenzar la búsqueda fue un herpes que le afectó todo el cuerpo.
“Lo primero que presenté a raíz del estrés, de la búsqueda y de la tristeza fue herpes, un herpes que dolía, que ardía, que el cabello se me desprendía”, contó en un foro organizado por Idheas el 11 de diciembre para presentar el informe.
“Te abandona la familia, los amigos, te aíslas tratando de sobrellevar esta situación; cuando fui a denunciar ante las autoridades de Veracruz, me dijeron que mi hija se había ido de borracha”, dijo Araceli, quien también se convirtió en defensora de derechos humanos y fundadora del colectivo Familias Desaparecidas de Orizaba y Córdoba, Veracruz.
“Fue terrible, empiezas a enfrentar trastornos del sueño, no puedes conciliar un sueño completo, había días en los que no podía dormir absolutamente nada tan solo de pensar qué estaba pasando con mi hija en ese momento; tan solo de decir: ‘¿y si la están lastimando, si la están golpeando, si están abusando de ella, dónde está?’; entonces, empiezas a tener un trastorno del sueño terrible”, detalló la madre y activista.
Entre los padecimientos más frecuentes que han desarrollado las víctimas se cuentan diabetes, colitis, hipertensión, problemas de presión, problemas cardiacos, trastornos alimenticios, ataques de pánico, depresión, problemas dentales, trastornos emocionales y gastrointestinales.
En cuanto a los padecimientos mentales, la encuesta revela el deterioro de la salud mental de quienes tienen un familiar desaparecido.
Antes de la desaparición, 41% de las respondientes dio tener problemas de falta de concentración; 41%, ansiedad; 35%, desmotivación, y el 37% niveles considerables de tristeza. Posterior a la desaparición, las respuestas muestran un fuerte contraste en las condiciones de vida de las encuestadas. El 64% reportó lidiar con problemas de concentración; 72%, con ansiedad; 67%, con desmotivación y 75%, con niveles significativos de tristeza.
María de Lourdes Huerta, del colectivo Buscadoras Nuevo León y quien busca a su hijo Kristian Karim Flores Huerta —desaparecido junto con Martín Alejandro Fiol Alfaro en agosto de 2010 mientras se dirigían de Villa Juárez, Nuevo León, a Piedras Negras, Coahuila—, tiene alteraciones de sueño, colesterol, desarrolló quistes en los senos, sufre depresión y padeció un intento de suicidio.
Guadalupe Aguilar, de un colectivo de Guadalajara y quien busca a su hijo José Luis Arana, tiene insomnio, lo que la ha llevado a episodios de locura temporal.
Graciela Pérez, del colectivo Milynali Red, busca a su hija Milynali Piña Pérez; a sus sobrinos José Arturo y Alexis Domínguez Pérez, además de Aldo de Jesús Pérez Salazar, y a su hermano, Ignacio Pérez Rodríguez. Ellos desparecieron en Tamaulipas en 2012. La buscadora padece depresión crónica, ansiedad, miedo.
“El daño psicológico es de verdad muy grave y la somatización de todo este daño psicológico en otras afectaciones, como hipertensión, es increíble”, afirma Evelyn Barrera Cortés, integrante del área jurídica de Idheas Litigio Estratégico y autora del informe junto con Ricardo Veraza González en entrevista a Sputnik.
El Estado queda a deber
Barrera explica en entrevista con Sputnik que el informe fue elaborado a partir de una queja que se presentó en 2021 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), luego de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) rechazó dar apoyos a 11 víctimas que demandan ayuda para recibir atención médica por padecimientos contraídos después de la desaparición de sus familiares.
De hecho, dice Barrera, dos de esas 11 víctimas fallecieron sin haber recibido el respaldo de las instituciones mexicanas.
También señala que muchos de estos padecimientos fueron contraídos por los familiares mientras llevaban a cabo actividades de búsqueda de sus seres queridos.
La mayoría de los entrevistados dijeron realizar labores de búsqueda de sus familiares, y casi el 90% de quienes buscan son mujeres.
De acuerdo con la organización defensora, en la gran mayoría de los casos es en ellas en quienes recae no sólo la investigación de los eventos de desaparición, sino también la propia búsqueda, muchas veces en fosas clandestinas, en parajes de difícil acceso, en sitios sin seguridad, donde trabajan en condiciones de suma precariedad.
De hecho, 62 de las personas entrevistadas por Idheas señaló haber sufrido algún tipo de accidente en las labores de búsqueda, como caídas, fracturas, disloques en fosas, afectación en vías respiratorias, daños psicológicos graves, descontrol de la presión arterial, dolores de cabeza, mala alimentación, deshidratación, desmayos y accidentes viales durante los traslados a los sitios de inhumación irregular.
“Cuando te enfrentas a una búsqueda y ves la magnitud de lo que pasó o supones qué fue lo que pasó, cuando te encuentras a esa persona inhumada clandestinamente, el primer día, cuando a mí me toco yo estaba paralizada de terror, de tristeza, de ver toda la barbarie que se cometió con esas personas”, relató Araceli Saucedo en el foro.
“Entonces empiezan muchas otras afectaciones a las que nos hemos tenido que enfrentar y hemos tenido que aprender a superar; tuvimos que ir a cursos para tratar de asimilar lo que encontrábamos en esas fosas, no se trataba de recuperar dos o tres, sino 20, 30, 50 cuerpos, y cada vez (brutalizados) con más saña, más violencia, y tenemos que estar ahí”, dijo Salcedo.
En alguna ocasión, contó Salcedo, madres integrantes del colectivo tuvieron que quedarse en un lugar en que hallaron una fosa, y permanecieron hasta las 12 de la noche porque no llegaban los peritos del Servicio Médico Forense, aterradas, en penumbras, solo asistidas con la luz de los celulares, completamente expuestas y vulnerables a sufrir una agresión por parte de grupos criminales.
“Cuando regresas a casa viene algo muy fuerte: cómo descargas ese cúmulo de emociones, cómo descargas ese cúmulo de energía de todo lo que se recuperó ese día”, afirmó la defensora de derechos humanos, a quien durante el proceso de búsqueda de Fernanda Rubí se le detectó un cáncer avanzado, ante lo que tuvo que recolectar fondos y hasta hacer rifas para poder pagar una intervención quirúrgica, porque no fue atendida en el servicio público de salud.
Atención a víctimas; negligencia y falta de personal
Conforme al informe, un 42% de los encuestados ha solicitado apoyo médico a las comisiones ejecutivas de apoyo a víctimas, pero más del 50% fueron rechazados.
Los argumentos de la CEAV para negar el respaldo fueron que no tiene áreas médicas o que el padecimiento no está relacionado con la desaparición de los familiares.
Evelyn Barrera relata que cuando preguntaron en la CEAV qué criterios se utilizaban para determinar que no había un vínculo entre las enfermedades y la desaparición, la respuesta fue que ni siquiera existe un criterio.
“Es muy impresionante que comentaban que no tenían ni siquiera criterio, que las personas que tomaban esta decisión son personas, por ejemplo, licenciadas en derecho, o sea que no tienen ningún conocimiento en materia de salud o de atención psicosocial”, señala la autora del informe.
En este sentido, el defensor Carlos Beristain, médico y psicólogo especializado en atención a víctimas —que fue parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuvó en las investigaciones de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Guerrero en 2014— dijo que las víctimas no tienen por qué demostrar ante ninguna autoridad un nexo de causa efecto entre la desaparición de sus familiares y sus padecimientos porque las afectaciones están suficientemente probadas.
“Hay cosas que no se tienen que probar; una mujer que sufre una violación sexual no tendría que estar probando que fue víctima de un abuso sexual”, dijo en el foro de presentación del informe de Idheas.
Pero, además, las comisiones estatales de atención a víctimas ni siquiera cuentan con personal calificado para atender a las personas afectadas por la desaparición, según pudo documentar la organización, que revisó el número de personal y la respuesta que se daba a las víctimas en siete entidades.
Por ejemplo, en Veracruz se localizaron 7.427 personas registradas como víctimas ante la Comisión Estatal de Víctimas, pero la dependencia solo tenía un personal de siete empleados, uno de trabajo social, tres del área jurídica, uno especialista en psicología y uno en medicina general.
Otro caso se observa en el Estado de México, donde había 15.819 personas inscritas en el registro nacional de víctimas, pero la comisión solo contaba con un personal de siete especialistas, tres del área jurídica, uno de trabajo social y tres psicólogos. Nadie, por ejemplo, para atención médica.
“Pónganse en nuestro lugar”
Idheas ha llevado los casos de demanda de atención a las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde planteó en una audiencia en marzo de 2022 que se instalaran una serie de mesas con la participación de la Secretaría de Gobernación mexicana, la CEAV, la CNDH, instancias de salud y los propios colectivos de familiares.
El objetivo planteado era buscar la manera de atender el problema. En principio hubo una respuesta positiva, pero hasta ahora no se ha cumplido y no se han instalado las mesas.
“Hay una necesidad de construir redes de atención que no están todavía en México; en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desde hace siete años hicimos propuesta de cómo llevar a cabo un programa; qué criterios debería tener un programa, todavía hoy en día en 2023 no tenemos un programa de atención, no tenemos una red de salud que funcione”, dijo Beristain.
“No tenemos un programa estructurado de cuáles son los derechos de las víctimas, cuáles son las redes de atención, cómo se activan; cuál es la atención psicosocial, quién hace ese trabajo, con qué criterios, no hay nada de eso todavía, casi 10 años después de los hechos y después de tener muchas propuestas sobre ello”, afirmó el médico especialista en derechos humanos.
“(Que) la gente haya tenido que buscar alternativas por otro lado no es tolerable”, calificó el ahora exintegrante del GIEI.
“Muchas de las cosas que nos ha tocado en México, al mediar con diferentes actores, es la demanda de los familiares de: ‘pónganse en nuestro lugar, pónganse en el lugar de que su padre, su tío es el desaparecido'”, afirmó el defensor.
Fuente:https://sputniknews.lat/
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