A fin de garantizar la asistencia social para las personas adultas mayores en situación de abandono, de calle o que no cuenten con documentos que acrediten su identidad, la diputada María Ascención Álvarez Solís (MC) impulsa una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4º de la Ley de Asistencia Social y 22 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Busca determinar como sujetos de la asistencia social, preferentemente, a las personas adultas mayores en abandono, que trabaje en condiciones que afecten su integridad física y mental, en situación de calle, que no tengan acceso a una vivienda adecuada, casa hogar o albergue, y que no cuenten con documentos que acrediten su identidad.
Propone que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia establezca la coordinación con las autoridades de lo civil, en las entidades federativas, para facilitar la búsqueda y obtención de la información que permita acreditar o restablecer la identidad de las personas adultas mayores.
El documento, enviado a las comisiones unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, relata que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para el segundo trimestre de 2022 en México residían 17 millones 958 mil 707 personas de 60 años y más (adultas mayores), que representan 14 por ciento de la población total de México.
Indica que en los últimos años ha crecido el número de adultos mayores en situación de calle y en abandono que no cuentan con vivienda, casa hogar o albergue o que trabajan en espacios que no son adecuados para ellos y, por sorprendente que se escuche, muchos de ellos no cuentan con documentos que acrediten su identidad.
Un estudio elaborado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, denominado “Personas en situación de calle”, hace mención que las poblaciones que viven más exclusión social, como es el caso de las callejeras, no cuentan con documentos de identidad como son acta de nacimiento, credencial para votar ni comprobante de domicilio, documentos que son indispensables para garantizar el derecho de cualquier persona a la identidad y que, a su vez, son el medio para acceder a otros derechos, como la salud, la justicia, el empleo, entre otros.
Ante esa situación, resulta indispensable llevar a cabo una reforma a la Ley de Asistencia social para que se consideren como sujetos de asistencia social preferente, lo que ayudará a armonizar el marco jurídico nacional en relación a la asistencia social con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
La diputada Álvarez Solís expone que datos aislados señalan que en México 16 por ciento de los adultos mayores sufre de abandono y maltrato, de ellos, 20 por ciento vive en soledad y olvidados, no sólo por el gobierno, también por sus familias, y para 2025 se prevé que existan unos 14 millones de personas en estas condiciones, por lo que es urgente diseñar e implementar programas preventivos en todas las áreas.
De igual modo, añade, las personas adultas mayores no cuentan con una vivienda adecuada, casa hogar o albergue. Las entidades con mayor presencia de alojamientos de asistencia social son Jalisco, México, Ciudad de México y Baja California, mientras que Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Tlaxcala tienen menos 100 alojamientos cada uno.
Un problema más que enfrentan es el de no contar con documentos que acrediten su identidad, pese a que la Carta Magna señala el derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento.
De ahí la importancia de reformar la Ley de Asistencia Social para que las personas adultas mayores que no cuenten con documentos de identificación sean sujetos de asistencia social preferente, así como modificar la Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores para que el Sistema DIF, coadyuve con la Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades civiles, a fin de facilitar la búsqueda y obtención de la información que permita acreditar o restablecer la identidad de esta población.
Esta población también enfrenta dificultades en el mercado laboral debido a que es muy difícil que puedan acceder a un empleo de calidad o un retiro digno. Tal situación se agudiza cuando sus espacios de trabajo son insalubres y no están acondicionados para su libre desempeño.
Por ello, la legisladora considera vital atender la problemática de vulnerabilidad laboral y económica que presentan las personas adultas mayores con el propósito de mejorar sus condiciones laborales y sus ingresos. “Se debe considerar a las personas adultas mayores que trabajan en condiciones que afectan su integridad física y mental como sujetos de la asistencia social preferentemente”.
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