Una investigación del periodista Miguel Platón basada en una fuente documental inédita rebaja notoriamente las cifras de la represión del régimen del general Franco, cuyo alcance limita a “criminales con delitos de sangre”. Los historiadores consultados hablan de manipulación de datos, metodología dudosa y sesgo que justifica el sistema represor.
Un trabajo de investigación histórica realizado entre 2017 y 2023 por el periodista Miguel Platón concluye que las ejecuciones de los condenados a la pena capital en España a partir de 1939 ascienden a un número muy inferior al habitualmente admitido: unas 15.000.
Publicado bajo el título La represión de la posguerra. Penas de muerte por hechos cometidos durante la guerra civil, el estudio da cuenta de los expedientes de condenados a muerte remitidos a la Jefatura del Estado para que decidiera la conmutación de la pena o su ejecución.
El autor estudió documentos del archivo del Cuerpo Jurídico Militar, únicamente accesible a partir de 2010 y que se halla en el Archivo General Militar de Ávila, adonde fue trasladado desde su ubicación anterior en el Cuartel General del Ejército.
“Las grandes cifras son las siguientes: los Consejos de Guerra condenaron a unas 122.000-125.000 personas, en torno a 30.000 de ellas condenadas a muerte, de las que fueron ejecutadas unas 15.000”, escribe Platón en Libertad Digital a colación de la publicación de su libro donde afirma que el “factor determinante” para decidir si un reo era o no fusilado era su implicación en delitos de sangre, “bien como autor material, bien como responsable directo de su inducción”.
Si no había pruebas suficientes, la pena era conmutada, razón por la que, según este autor, se indultó a “la gran mayoría” de militares del Ejército Popular de la República Española, comisarios políticos, espías y guerrilleros. “Las acciones de guerra no se consideraron actos criminales”, afirma.
“En la mayor parte de los casos, la pena capital era sustituida por la inferior en grado: reclusión perpetua, equivalente a 30 años. Gracias a sucesivos indultos, ningún condenado llegó a cumplir siquiera la cuarta parte”, sostiene en su libro.
La investigación de Platón ha obtenido un acomodo visible en la prensa española más conservadora, que ha reseñado el trabajo en los términos más favorables. La cifra de 15.000 ejecutados difiere mucho de las publicadas anteriormente, que, como recuerda el propio autor, oscilan de manera imprecisa entre las 22.600 y las 200.000, si bien en los últimos años circulaba como más probable un número en torno a las 50.000 ejecuciones en el periodo de posguerra.
El trabajo, no obstante, suscita dudas entre los historiadores especializados en la Guerra Civil española y en el franquismo.
¿Fuentes definitivas?
El libro de Miguel Platón está prologado por el hispanista estadounidense Stanley G. Payne, un historiador célebre por ensalzar la figura de Francisco Franco, por negar que la Guerra Civil española fuera producto de un golpe de Estado y por caracterizar a la contienda de “guerra religiosa de los católicos contra los anticatólicos”.
Aunque el prólogo puede dar una idea de la orientación con la que el autor pueda conducir su estudio, es una opción legítima. Lo que suscita más dudas, a juicio de los historiadores, es la metodología empleada y el criterio de investigación. Por ejemplo, acudir como fuente principal del estudio al Archivo General Militar de Ávila.
Según David Alegre Lorenz, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), el rigor científico en este tipo de trabajos debe regirse por “un conocimiento exhaustivo” de los procesos sumarísimos de posguerra custodiados en los Archivos Togados Militares, el Archivo General e Histórico de Defensa y los Archivos de los Tribunales Militares Territoriales.
“Sin eso –explica a Sputnik–, resulta imposible conocer y estar familiarizado con las interioridades y perversiones del sistema represivo judicial franquista, y este es uno de los principales y más graves problemas que hay en la arquitectura de la obra de Platón”.
“El Archivo General Militar de Ávila no custodia fondos de este tipo, sino otros muy variados, aunque sin duda pueden ser útiles para complementar el nudo documental que debe nutrir cualquier trabajo sobre la represión de posguerra”, afirma Alegre, que recuerda que hay “infinidad de centros archivísticos”, imprescindibles para poder completar el cuadro general de la “violencia represiva de posguerra”.
Este historiador se refiere a centros como el Archivo de la Dirección General de la Guardia Civil y el Archivo General Militar de Segovia. “Contienen las hojas de servicios de los guardias civiles y militares con responsabilidad en la violencia homicida de todo tipo“, recuerda.
En esta categoría se incluirían las ejecuciones sumarísimas sin garantías judiciales, la ejecución de prisioneros durante la guerra o la de “civiles por colaboración real o supuesta con la guerrilla antifranquista durante la posguerra”.
A su juicio, los Archivos Históricos Provinciales también son fundamentales, pues documentan “un alto número de suicidios en prisiones y depósitos municipales encubiertos como suicidios”, como atestiguan las autopsias de los forenses. “Esto nos permite ver una realidad muy generalizada en todo el territorio del Estado en abril y mayo de 1939, sobre todo en las zonas recién ocupadas por las fuerzas franquistas”, asegura.
Fallas cronológicas y objetividad “imposible”
También, los documentos consultados por Platón se remontan al 10 de septiembre de 1940 en adelante, excluyendo así de su investigación los primeros 18 meses de la represión, tal vez los más cruentos, dado que la Guerra Civil española terminó el 1 de abril de 1939.
“Queda fuera del cómputo el grueso de la represión, especialmente la que correspondió a la Auditoria de Guerra de las tres grandes ciudades republicanas: Barcelona, Valencia y Madrid”, advierte el historiador de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Gutmaro Gómez Bravo, que en su crítica publicada en El País destaca la exclusión en este aspecto de provincias como Alicante, Murcia, Albacete y otras, “donde fueron concentrados la mayoría de los prisioneros del Ejército Republicano”.
En el trabajo de Miguel Platón se explica que la documentación estudiada consta de tres libros de registros de las sentencias, una contabilidad producto del supuesto deseo expreso del general Franco para agilizar las conmutaciones de las penas de muerte por la pena inferior siguiente, que era la de 30 años de prisión.
“El número total de condenados a pena capital que se beneficiaron fue 16.290”, escribe este autor.
Pero en este punto, Gómez Bravo habla de “tergiversación histórica”, pues, en su opinión, lo que se hizo fue una “reordenación” de la estructura de la justicia militar, en cuyos archivos pueden consultarse “más de medio millón de consejos de guerra”, un volumen que por sí solo “pone en tela de juicio” las 15.000 ejecuciones señaladas en el libro.
Antes que favorecer la conmutación, argumenta, lo que se hizo fue “acelerar el cumplimiento de las sentencias de muerte”. Y este equívoco surge, según él, del “grado de parcialidad de la fuente y de la interpretación de los marcos legales del momento”.
Alegre cree que tal interpretación no tiene en cuenta “la naturaleza del sistema judicial”, distinguido por su “ausencia de garantías reales”, el “uso habitual de la tortura” en los procedimientos y la “arbitrariedad” en la adjudicación de los delitos.
“Desde un punto de vista epistemológico, la objetividad que invoca Miguel Platón no es que sea inalcanzable, es que es imposible“, subraya este profesor, seguro de que el trabajo no está fundamentado en “criterios de verificación” de los hechos.
“Hay que acabar con el manido debate de la objetividad, porque ni tan siquiera viajar al pasado garantizaría tal cosa, seguiríamos condicionados por nuestros prejuicios y sesgos. Platón considerará que su trabajo es riguroso, porque el mejor publicista es el que se cree su relato, el que llega al pasado con ciertas ideas preconcebidas y hace todo lo posible para encajar las evidencias dentro de ese esquema. Y esto es precisamente lo que hace el autor en cuestión”, zanja David Alegre.
¿Una justificación de la represión?
En su obra, Miguel Platón asegura que, en general, los ejecutados durante la posguerra fueron “asesinos, torturadores, violadores y ladrones” a los que “no tiene sentido” calificar de víctimas, al contrario que los “derechistas y católicos que habían perecido a manos de ellos”.
La impresión de tales conclusiones hace que el libro destile un espíritu que “retoma la versión oficial de la dictadura”, en palabras de Gómez Bravo.
“Lo más falaz del argumentario de Platón, y el punto en el que más claramente se le ve el sesgo, es que cae en una correlación coincidente según el supuesto principio de que la mayor parte de las víctimas del sistema represivo franquista de posguerra tenían delitos de sangre, como dando a entender que su ejecución habría sido justa”, añade David Alegre.
“La postura del autor supone asumir de manera acrítica el contenido de la documentación generada por las auditorías en la posguerra, lo cual es directamente demencial partiendo del hecho de que la crítica de fuentes es esencial”, cree Alegre.
El problema de la metodología seguida por Platón, continúa en su reflexión, es que “parece dar por buena” la ejecución de 15.000 personas. “Como si fuera una cifra baja, en base al principio de que los reos eran criminales con delitos de sangre, lo cual sirve de paso para imprimir de forma consciente un halo de legitimidad al accionar del aparato jurídico-represivo franquista“, explica.
Conmutados e indultados
Platón recuerda que en 1945 el franquismo indultó mediante decreto a todos los condenados por “rebelión militar” o “auxilio a la rebelión”, el singular cargo de acusación contra los leales a la República, y subraya que fueron los militares republicanos quienes más se beneficiaron de las conmutaciones de pena.
“Pero eso, en el fondo, es engañoso, porque hubo muchos militares o movilizados que murieron en prisión antes de la conmutación o el cumplimiento de pena”, asegura a Sputnik J.C. Arranz, nombre ficticio de un periodista de un diario regional en Castilla-La Mancha, cuyo nombre prefiere no revelar, y colaborador de una asociación memorialista.
Arranz pone el ejemplo de su abuelo, un radiotelegrafista de la Marina Mercante afiliado al sindicato UGT, movilizado por la República para su base aérea de Los Llanos (Albacete), de la cual prácticamente no salió en toda la guerra.
“No pisó el frente, pero cuando acabó la guerra lo metieron preso en el penal de Chinchilla, en Albacete, y fue condenado a un año de prisión por ‘auxilio a la rebelión’. Nos contaba que en el penal, donde no había agua y era durísimo, con un frío tremendo, morían como chinches. Él se libró porque no comía el arroz que les daban de comida, lo preparaban en unos barriles que antes habían contenido aceite o petróleo y estaban medio oxidados. Tampoco comió las habas secas que les daban, decía que a sus compañeros se les hinchaba el vientre”.
“En 1941, a él y a sus compañeros radiotelegrafistas les ofrecieron el indulto si se ofrecían a ir voluntarios al Afrika Korps del mariscal Rommel, como radios. Él se negó porque se olió que allí les iban a matar igualmente. Y así fue. Cuando los alemanes se retiraron de Egipto, mataron a los radiotelegrafistas españoles republicanos, por si caían en manos de los ingleses y les daban información. Así que fíjate cómo podía funcionar la conmutación de pena”.
El relato de J.C. Arranz viene a indicar una suerte de ejecuciones indirectas, aun cuando se trataba de reos a quienes se les iba a conmutar la pena o que, como en este caso, ni siquiera habían sido condenados a muerte.
“Lo cambiaron de cárcel y terminó de cumplir la pena en Guadalajara”, afirma. Incrédulo ante las cifras aportadas por Miguel Platón, que considera una “alucinación”, Arranz indica el suicidio, incluso después del periodo carcelario, como otra forma de ejecución indirecta. “A mi abuelo le anularon el título de radiotelegrafista y nunca más pudo trabajar de radio, por suerte un familiar lo empleó en su empresa, pero otros compañeros se perdieron totalmente. Y casos como el de Miguel Hernández [el poeta, muerto en prisión de tuberculosis] hubo muchos”, concluye.
La cuestión de la exactitud y el contexto político
Con todo, David Alegre sostiene que el libro de Miguel Platón apunta en un “sentido incómodo” para una parte de la izquierda y de los descendientes de las víctimas de la represión de posguerra: la condición de víctima y verdugo “a menudo solapada” en una misma persona. “Porque en la zona republicana hubo unas 50.000 ejecuciones y asesinatos durante la guerra”, recuerda.
Y la cifra asumida por la historiografía reciente de otros 50.000 ejecutados durante la posguerra, tampoco es exacta, estima Alegre, que ve aquí al menos un punto de conexión con Platón. “No se fundamenta en un trabajo empírico exhaustivo, aún por realizar y que requiere de un esfuerzo titánico —admite—, por lo que nunca llegaremos a saber la cifra exacta, aunque quizás sí una aproximada”.
Cabe preguntarse si la publicación de las cifras aportadas por Platón obedece a un contexto político en España donde la ultraderecha tiene fuerte presencia en los parlamentos e instituciones. Es decir, si el discurso negacionista de la represión y la visión dulcificada que aporta la formación VOX, y en ocasiones el PP, sirven de estímulo para vehiculizar y amplificar trabajos como el de Miguel Platón.
“Obras como la suya contribuyen al rearme de la ultraderecha y de la derecha en general, que nunca ha aceptado ningún consenso de mínimos comunes denominadores en el relato sobre nuestro pasado traumático”, afirma Alegre.
En su análisis, la “hegemonía cultural” producto de 40 años de dictadura, la “altísima inversión en violencia” de los sublevados desde el inicio de su rebelión y, sobre todo, el “poder económico y político” de muchas familias logrado durante el régimen y que derivó en “dinastías que pueblan la política, la judicatura y las grandes empresas”, son elementos que imposibilitan llegar a un consenso en la sociedad sobre el pasado dictatorial de España.
“Pero la derecha española no es el único espectro ideológico o sector de la sociedad que se mueve dentro de narrativas sesgadas y autocomplacientes, también una parte de la izquierda, sobre todo la que se nutre o bebe del entorno memorialista”, concluye David Alegre, en una crítica a la idealización “acrítica y descontextualizada” de la experiencia republicana y a la elevación “a la condición de víctimas sin aristas” de las víctimas del franquismo en su defensa de una democracia y libertad cuyo concepto difiere según las épocas y el arco político de la izquierda.
Fuente:https://sputniknews.lat
CC0 / Anefo / In Madrid is herdacht dat Franco 30 jaar geleden de burgeroorlog ( 1936 1939 ) w, Bestanddeelnr 922-4913
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