Buenos Aires.- Más de 100 organizaciones ambientales de Argentina expresaron preocupación el viernes, a través de un comunicado, por algunos de los puntos del paquete de leyes que el presidente Javier Milei envió más temprano al Congreso de la Nación, y que modifican en forma sustancial el sistema normativo de este país sudamericano.
“Más de 100 organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por las medidas del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que implica un retroceso en la legislación ambiental lograda en los últimos años en nuestro país tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales”, indica el escrito que firman, entre otros, Fundación Vida Silvestre y Jóvenes por el Clima.
Las organizaciones le solicitaron a la Cámara de Diputados de la Nación “que no dé lugar al Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, por eludir el derecho a un ambiente sano, equilibrado y sustentable, así como el deber de preservarlo”, reconocidos en la Constitución Nacional.
También señalan que el proyecto de ley vulnera el principio de no regresión ambiental, contenido en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566 en plena vigencia y ratificado por Argentina), “dado que los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados”.
El director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo, remarcó en el comunicado que “el proyecto de ley presentado por el ejecutivo propone avanzar sobre legislación construida de manera participativa entre diversos sectores de la sociedad y en consonancia con lo establecido por la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente”.
Y añadió “el dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, debe aplicar también a la conservación del ambiente”.
En referencia a la Ley de Bosques Nativos, Jaramillo detalló que “la ley de bosques es una ley que existe desde hace 15 años, producto del trabajo conjunto entre diferentes organizaciones y legisladores junto con diversas jurisdicciones, que ha permitido visibilizar los bosques nativos, reducir inclusive las tasas de deforestación (aunque sean altas) y que ésta propuesta de ley pretende desfinanciar”.
Para el ambientalista, “esto implica quitar responsabilidad del estado nacional, y dejar una puerta abierta y poco clara para la deforestación en áreas donde ahora está prohibido (áreas catalogadas como rojas y amarillas)”.
La propuesta del centenar de organizaciones es que los legisladores no hagan lugar a estas propuestas “que colisionan de lleno contra principios jurídicos y normativa nacional e internacional vigente en el país”.
En particular, se oponen a los siguientes proyectos de ley detallados, que buscan reformarse o crearse de manera parcial o total: Ley 26.562 control de actividades de quema; Ley 26.331 de bosques nativos; Ley 26.639 de glaciares; Ley 24.922 régimen federal de pesca; y reorganización económica capítulo IX – energía sección IX – de la transición energética.
Aducen que las modificaciones propuestas a la Ley 26.331 de bosques nativos pretenden habilitar desmontes hoy prohibidos en las categorías roja y amarilla.
Así, de aprobarse el proyecto de ley del PEN, más de 42 millones de hectáreas, cerca del 80 por ciento de los bosques nativos de la Argentina hoy bajo protección a perpetuidad, quedarán desprotegidos y a merced de desmontes a gran escala, afectando a su biodiversidad y los beneficios sociales, ambientales y culturales que proveen a las personas.
“Por otra parte, las modificaciones desfinancian el presupuesto para la protección de los bosques nativos al eliminar el mínimo planteado por la Ley del 0,3 del presupuesto Nacional y el dos por ciento de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas y forestales”, agregan.
Las modificaciones propuestas a la Ley 26.639 de glaciares permitiría la actividad económica en los ambientes periglaciares vulnerando la protección de ambientes que ya están en retroceso y que son centrales como reservorios de agua dulce, que además tienen funciones clave para la adaptación y mitigación al cambio climático y la regulación hídrica.
Las modificaciones propuestas a la Ley 24.922 Régimen Federal de Pesca facilitaría una profundización del extractivismo en el mar, con usos que no sigan pautas de conservación ni consideren los impactos sobre la biodiversidad marina.
Las modificaciones propuestas a la Ley 26.562 de Control de Actividades de quema al agregar a la definición del “aprovechamiento productivo” entendido como toda “actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno” permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen, etc.
Fuente:https://sputniknews.lat/
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