Dos documentos en los que se solicita la destitución de Arturo Salinas como magistrado presidente del Poder Judicial Estatal fueron turnados a la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso local.
Dichos documentos, a petición de Movimiento Ciudadano, fueron leídos en su totalidad ante el Pleno. Tras las lecturas, la Bancada Naranja pidió a la mencionada Comisión que las solicitudes sean atendidas en calidad de urgente.
Los expedientes, exigieron los emecistas, deberían quedar resueltos por la Comisión en un plazo máximo de quince días.
“Estamos emplazando que la Comisión de Justicia y Seguridad, que preside el diputado Javier Caballero, pueda tener ya una sesión (…) para poder resolver”, detalló la diputada Sandra Pámanes en una entrevista posterior.
“El documento presentado por las instituciones jurídicas, así como lo que presentan los ciudadanos (…), contiene ya los elementos suficientes, pruebas y también sentencias jurídicas acerca de por qué sí es procedente la remoción de Arturo Salinas como titular del Poder Judicial “, agregó.
De acuerdo con los promoventes de las denuncias, Salinas atentó contra el Estado de Derecho y los principios básicos de división de poderes al rendir protesta como gobernador interino el 25 de octubre del año pasado.
El pasado 4 de enero, los abogados Valdemar Ramírez, Antonio Bertoni, Jesús Villarreal, Juliana Azuara, Esteban Tello, Minerva Martínez, Eustaquio Chapa y Juan Antonio Carvajal presentaron su denuncia ante el Legislativo.
De igual forma, el día 15 del mismo mes, el ciudadano activista José Múzquiz Zermeño entregó un oficio, en el mismo sentido, a la Oficialía de Partes del Congreso.
Advierten que el PRIAN estará en contra
Habiendo promovido ellos mismos la toma de protesta de Salinas como interino, las bancadas del PRI y el PAN se interpondrán en el proceso de la posible remoción del cargo al magistrado panista, según la Bancada Naranja.
“Sabemos que el PRI y el PAN, aliados de manera tan perversa y tan dañina para la política de Nuevo León, intentarán obstaculizar que esto se lleve a cabo”, puntualizó Pámanes.
“Esto no significa que no nos asista la razón y que ese documento que se leyó el día de hoy (…) no tenga los sustentos suficientes”, añadió.
Cabe mencionar que, en caso de que el Congreso se niegue a aplicar las consecuencias correspondientes a Salinas, los denunciantes podrían promover juicios de amparo por violación al derecho de petición.
Por: Paula Román – eitmedia.mx
