Quito.- Varias organizaciones defensoras de derechos humanos en Europa alertaron el martes a la comunidad internacional sobre la incapacidad del Estado ecuatoriano para frenar la crisis carcelaria que afecta al país desde 2018 y en la que se han registrado más de 500 muertes violentas.
“Las organizaciones firmantes expresan su profunda inquietud por la situación en las prisiones ecuatorianas y cuestionan el papel de la Fiscalía y otras entidades gubernamentales por su incapacidad para detener las masacres en las cárceles, que desde 2018 han resultado en ejecuciones extrajudiciales de más de 500 reclusos”, señala un boletín difundido por el Colectivo Europeo de la Diversidad Ecuatoriana (CEDE).
El documento está rubricado también por la Asociación de Migrantes Latinoamericanos en Francia (ALMA), por el Foro Italiano por la Democracia y Derechos Humanos-Amigos del Ecuador (ADE) y por la Asociación por las Libertades en Iberoamérica y los Derechos Humanos (ALI HUMA).
“Esta situación se centra especialmente en sus 36 cárceles, que albergan más de 32,000 personas privadas de libertad. La asignación de reclusos basada en afiliaciones a grupos delictivos ha intensificado alarmantemente la violencia en el país”, dice el texto.
En el boletín, las organizaciones “lanzan un llamado urgente a la comunidad internacional para dirigir su atención hacia la crítica y a menudo ignorada crisis en Ecuador”.
Al respecto, se cita un informe anual de 2022 elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual confirma que el crimen organizado ha impregnado profundamente las estructuras del Estado ecuatoriano.
Indica que la CIDH ha manifestado que el fenómeno de las cárceles ecuatorianas guarda relación con los procesos de desinstitucionalización, como la reestructuración gubernamental en 2018 con la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la creación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
“La comisión ha mostrado su profunda preocupación por el dominio de mafias, que dirigen actividades delictivas desde dentro de las prisiones, exacerbado por la carencia de recursos y corrupción en todos los niveles del Estado”, señala.
Las agrupaciones firmantes afirman que el general Víctor Herrera, jefe de la Zona 8 de la Policía Nacional, ha informado la implementación de un nuevo proceso de asignación de reclusos basado en el nivel de peligrosidad con el propósito de intentar desmantelar las fortalezas mafiosas en las prisiones.
Sin embargo, los informes revelan que durante las administraciones estatales de 2017 a 2023, los pabellones carcelarios se asignaron de modo que agrupaban a miembros de mafias, ignorando protocolos internacionales.
“Durante los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), se permitió que bandas delictivas controlaran los pabellones, contribuyendo al aumento de la violencia un país que antes era considerado uno de los más seguros de Latinoamérica”, de acuerdo con las agrupaciones signatarias.
Este llamado a la comunidad internacional de grupos defensores de derechos humanos en Europa coincide con un estado de excepción vigente por 60 días en Ecuador y la declaratoria de un ‘conflicto armado interno’ por parte del gobierno, tras la asonada de violencia registrada el pasado 7 de enero en las calles y en las cárceles.
Fuente:https://sputniknews.lat/
Foto: Tomada de https://twitter.com/eluniversocom
eitmedia.mx
