Lima.- El secretario general de Defensa del Patrimonio Cultural del Turismo de la región peruana de Cusco (sur), Alfredo Cornejo, anunció este martes que los pobladores de Machu Picchu dieron al Gobierno federal una tregua de 24 horas para entablar un diálogo en el conflicto que desde hace días mantiene paralizado el turismo en el mundialmente conocido santuario inca.
“La decisión ha sido tomada por los hermanos de Machu Picchu quienes en una asamblea general, y mostrado una disposición al dialogo, han declarado dar una tregua de 24 horas para posibilitar esta mesa de diálogo que esperamos realmente termine en una solución a este problema y a esta imposición que a rajatabla quiere llevar a cabo el ministerio de Cultura”, afirmó Cornejo en entrevista con Exitosa Noticias, de Radio 95.5 FM.
Según el secretario, aún existen tres puntos en sus reclamos: la anulación de la orden de servicio 3480 que adjudica a la empresa Joinnus la venta de entradas al santuario; la revocatoria del inciso R del artículo 7 de la resolución ministerial 528 que, según dicen, “abre la puerta para la privatización de los servicios y administración de Machu Picchu.
También piden la renuncia de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, a quien responsabilizan de este conflicto, y la derogatoria del decreto supremo 043 de 2022 “por medio del cual se han llevado todos los fondos que recauda la venta de Machu Picchu y todo el patrimonio cultural de Cusco hacia Lima, hacia la casa central del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas)”.
“Creemos que esos dineros tienen que reinvertirse en la mantención y preservación de nuestro patrimonio cultural que actualmente está abandonado”, indicó Cornejo.
El secretario aclaró que formarán parte de la mesa de diálogo que busca destrabar el conflicto que recrudeció hace cinco días, cuando manifestantes y trabajadores del sector turístico peruano bloquearon la vía férrea que conecta a la ciudad de Cusco con la ciudadela inca de Machu Picchu, en protesta contra un nuevo sistema de venta de boletos de ingreso.
Quienes protestan alegan que esta nueva modalidad los perjudica económicamente, pues antes la venta de boletos estaba a cargo de la Municipalidad de Machu Picchu Pueblo.
Asimismo, denuncian presuntos arreglos ilegales entre el Ministerio de Cultura y Joinnus, la empresa licitante.
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