Ciudad de México.-La Suprema Corte de Justicia de México considera fundado el pedido del INAI para que el Gobierno publique información sobre la contratación del programa espía Pegasus, indicó el titular de la institución autónoma encargada de proteger datos personales, Adrián Alcalá.
“Si no existiera el INAI [Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información] ninguna institución hubiera podido defender el acceso a la información en un relevante caso como el de Pegasus”, afirmó a periodistas el comisionado presidente Alcalá.
Ser un órgano autónomo independiente con conocimientos especializados en la materia, y no depender de ningún poder del Estado, “es parte importante de la relevancia del INAI”, indicó el presidente de la entidad autónoma,
El pleno del máximo tribunal instruyó a la cartera federal de Hacienda a “entregar en versión pública la información concerniente a los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagnósticos, así como del sistema de pagos electrónicos interbancarios relacionados con la contratación del programa Pegasus”.
El máximo tribunal dictaminó en su fallo que el Gobierno federal no acreditó y es infundada la reserva de la información de esa contratación que esgrime razones de “seguridad nacional”.
La Unidad de Inteligencia Financiera que depende de la cartera federal de Hacienda “fue omisa en demostrar por qué la divulgación de la información solicitada implicaría que se afecten las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, ya que se limitó a formular argumentaciones dogmáticas, genéricas y abstractas”, dice el fallo de la Corte.
Debate sobre Pegasus
La organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 denunció que el Gobierno destinó recursos públicos para implementar una campaña desde sitios digitales oficiales con la finalidad de desmentir el uso de la aplicación maliciosa para espionaje Pegasus.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el fallo del máximo tribunal trata de perjudicar al Gobierno.
“Los que están buscando meterse en esto, para perjudicarnos, son los de la Suprema Corte, ya están sacando una resolución ayer [el 6 de febrero de 2023] en ese sentido, sobre Pegasus”, señaló a periodistas el gobernante.
La Corte determinó que no fue acreditada la reserva gubernamental de la información, porque “la clasificación de la información pública depende de su contenido y no del sujeto que la emite o sus atribuciones”, aun cuando cuente con facultades relacionadas con la seguridad nacional.
La información solicitada “no resulta connatural a las operaciones de inteligencia y contrainteligencia que se desarrollan en el marco de la seguridad nacional”, dice el dictamen del pleno de la Corte aprobado por nueve votos contra dos.
Una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) reveló en marzo pasado que el Ejército utilizó el malware Pegasus para intervenir el teléfono celular de un abogado del Comité de Derechos Humanos de Tamaulipas (noreste).
Documentos castrenses internos muestran que el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, fue informado de la intervención del teléfono del defensor y representante de las familias de víctimas de abusos en las pesquisas sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en 2020, en la ciudad Nuevo Laredo, Tamaulipas, fronteriza con EEUU.
El mandatario subrayó en aquella ocasión que todo el proceso de seguimiento y vigilancia fue sustentado en la ley.
Periodistas y defensores de derechos humanos denuncian que sus teléfonos celulares fueron intervenidos con el programa espía de fabricación israelí Pegasus.
Según las denuncias, las Fuerzas Armadas utilizaron el malware espía Pegasus de la empresa israelí NSO Group entre 2019 y 2021.
La entidad autónoma estatal Inai solicitó acceso a todo el proceso de contratación, que ha sido negado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la cartera federal de Hacienda.
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