Sin señalar directamente a nadie como responsable, Washington emitió su postura sobre el conflicto diplomático entre ambos países latinoamericanos, provocado por el asalto policial del 5 de abril a la embajada mexicana en Quito.
“Estados Unidos condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y se toma muy en serio la obligación de los países anfitriones, en virtud del derecho internacional, de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas”, se lee en un comunicado del Departamento de Estado del país norteamericano.
“México y Ecuador son socios cruciales de Estados Unidos, y concedemos un gran valor a nuestras relaciones con ambos países. Animamos a los dos países a resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales”, agrega.
La región latinoamericana ha condenado de forma casi unánime la irrupción policial de Ecuador en la sede diplomática mexicana en Quito, un acto que calificaron como una violación al derecho internacional y a la Convención de Viena. Mandatarios como Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile), Xiomara Castro (Honduras), Luis Arce (Bolivia) y Gustavo Petro (Colombia, entre otros, mostraron su solidaridad con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, el Gobierno de México ya rompió relaciones diplomáticas con Ecuador y anunció que recurrirá ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los hechos ocurridos.
Quito, por su parte, asegura que la policía ingresó a la embajada mexicana porque México estaba cometiendo un “acto ilícito” al tramitar el asilo para el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien capturaron la noche del 5 de abril pese a haber estado en el edificio consular mexicano (que según las normas internacionales es suelo mexicano soberano). El exfuncionario de Rafael Correa tenía una orden de aprehensión en su contra por malversación de fondos, pero él decía que el Gobierno de Noboa lo perseguía por motivos políticos.
“La decisión del presidente de la República [Daniel Noboa] fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia, en ejercicio de nuestra soberanía”, dijo la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld en una rueda de prensa.
“No es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes por tribunales ordinarios competentes”, añadió.
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