Ciudad de México.- Una nueva ley sobre desaparición de personas en el estado de Baja California (noroeste) es la primera que contiene un capítulo sobre identificación humana en México, país donde hay más de 50.000 cuerpos sin reconocer en morgues, explica en entrevista con la Agencia Sputnik una experta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
“Es la primera ley estatal que tiene un capítulo particular sobre identificación humana. El derecho de una persona a ser identificada establece una obligación de las autoridades a colaborar en los procesos científicos de identificación”, dijo la asesora del CICIR Marcela Flores Dionicio, quien trabaja en ese estado fronterizo con California, sur de EEUU.
La emergencia que conoce la Cruz Roja comenzó con un informe de los comités de búsqueda de desaparecidos de 2019, “en el que se empieza a hablar de la crisis forense en el país con 30.000 cuerpos y ahora son más de 50.000 cadáveres sin identificar”.
Oficialmente, la crisis de violencia deja más de 52,000 cuerpos sin identificar en fosas comunes y en los servicios forenses, reconoció en marzo de 2022 el entonces titular de la cartera federal de atención a derechos humanos, Alejandro Encinas, cuando prometió crear un Centro Nacional de Identificación Humana. La cifra no se ha actualizado.
Esa dramática misión requiere “contar con los elementos mínimos de los protocolos de identificación para que las autoridades competentes cuenten con estándares homologados” en todo el país, afirma la representante en Baja California de Comité con sede en Ginebra, Suiza, fundado en 1863.
Tras un prolongado proceso de redacción, la legislación fue aprobada el 31 de marzo pasado en el Congreso estadual de Baja California, y el CICR exhorta a su pronta promulgación y publicación por el Ejecutivo local.
En un tema muy polémico, la Cruz Roja Internacional realiza un trabajo activo con instituciones defensoras de derechos humanos y colectivos de familiares de desaparecidos “en forma independiente, imparcial y neutra, que no hace calificaciones políticas”, explica vía telefónica la experta.
La responsable de la institución con sede en la ciudad de Tijuana, fronteriza con EEUU, señala que el trabajo de la institución se enfoca en “aliviar las consecuencias humanitarias de la violencia y para asistir y proteger a las personas afectadas por ella: familiares de personas desaparecidas, personas migrantes, comunidades y personas privadas de libertad”, subraya.
Desde enero de 2007 a abril de 2023, las autoridades mexicanas han registrado el hallazgo de 5.698 fosas clandestinas en todo el país, donde se cometen más de 30.000 asesinatos cada año desde 2017, con un pico de 36.773 en 2020, según las cifras oficiales de fiscalías.
UNA DÉCADA DE LUCHA
El movimiento de las familias de víctimas en México ha tenido un auge en la última década, con la organización que comenzó desde el periodo 2011 a 2015, durante el mandato del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), con un extenso movimiento encabezado por madres y padres en que buscan a sus seres queridos desaparecidos.
En 2017 junto con organizaciones defensoras de víctimas se promulga la primera Ley General de Desaparición Forzada cometida por agentes del Estado y particulares, es decir el crimen organizado, y un sistema nacional de búsqueda de personas, relata la experta.
“Antes el país norteamericano carecía de un marco normativo que atendiera esta problemática”, recuerda Flores Dionicio.
La especialista cita al Movimiento por Nuestros Desaparecidos para destacar el trabajo de unos 120 colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos. La cuarta parte trabaja en Baja California, una de las entidades más asoladas por la violencia del crimen organizado.
En Baja California trabajan unos 30 colectivos en sus siete municipios, la mayoría en la fronteriza Tijuana, ciudad con enorme poder económico.
“No solo ha sido un movimiento de familias en todo el país, sino que se convirtió en un pilar de la nueva legislación, respaldado con informes del CICR y vistas de organismos internacionales -del sistema interamericano y Naciones Unidas- que se consumó con la ley que entró en vigor enero de 2018”, reseña la delegada del CICR.
Esa franja fronteriza es escenario de migración ilegal y tráfico de drogas y armas, pero también del flujo de las exportaciones de manufacturas -sobre todo automotrices-, y productos de la agroindustria, con gran movilidad humana en vibrantes ciudades limítrofes como Mexicali, Ensenada, San Quintín, Tecate y Rosarito.
“Los colectivos se empezaron a formar entre 2009 y 2020, coordinados y liderados por mujeres, pero a diferencia de otras experiencias, también hay hombres padres de familia que coordinan colectivos”, explica la funcionaria de la Cruz Roja.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Baja California hay 2.690 personas desaparecidas y no localizadas.
“Para el CICR, que la Ley de Baja California considere un capítulo específico de identificación humana es una oportunidad para atender esta emergencia. Hemos asesorado otras leyes en otros estados del país, y ese capítulo no se había colocado”, celebra Flores Dionicio.
El CICR trabaja en dos áreas prioritarias: asesoría técnica al Congreso de Baja California, y acompañamiento a las familias en este proceso.
“Es importante que las familias participen activamente en un proceso legislativo. Tienen la experiencia de la búsqueda de sus desaparecidos desde el día uno de su tragedia, saben cuáles son los retos y obstáculos de las instituciones en ese peregrinar, reclaman convertir sus necesidades en derechos”, subraya la entrevistada.
El CICR acompaña a las familias generando espacios dignos de consulta y metodologías adecuadas para defender sus derechos.
Hasta abril de 2023, el país ya contaba con 26 leyes estaduales de desaparecidos en las 32 entidades de la federación mexicana, la primera aprobada en Veracruz, sureste.
HERRAMIENTA VITAL
El artículo 48 de la Ley del Sistema Nacional de Búsqueda de desaparecidos indica que para el ejercicio de sus facultades contará con cinco herramientas, de las cuales el capítulo de identificación humana es crucial, pero no existía uno hasta la Ley de Baja California.
Esas herramientas son: el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas; el banco nacional de datos forenses; el registro nacional de personas fallecidas, no identificadas, no reclamadas; el registro nacional de fosas con cadáveres sin identificar; y el registro administrativo de detenciones.
Según cifras vigentes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) el registro de “personas desaparecidas y no localizadas” es de 115.484 personas hasta mayo de 2023, más del doble de los cuerpos sin identificar.
Según la CNB, hasta esa fecha, “más del 65 por ciento de los reportes entre 1964 y la actualidad han sido reportados a partir de 2019, con la actual administración federal, “año a partir del cual, por primera vez se tiene una estrategia de seguimiento y se comienza a sistematizar la información de las decenas de autoridades obligadas”.
El Gobierno federal hizo un esfuerzo nacional de búsqueda en los últimos siete meses, que redujo esa cifra oficial en 20.000 personas localizadas o con indicios.
En marzo bajó esa cifra a casi 100.000 desaparecidos en todo el país, aunque afirma que los registros de la CNB se mantienen vigentes.
Fuente:https://latamnews.lat/
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