En México existe un riesgo latente de que grupos políticos y económicos emprendan mediante la vía legal un intento de revertir los resultados electorales, consideró Aníbal García, doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista con Sputnik.
El pasado 9 de abril, se dio a conocer un acuerdo del Poder Judicial por el que se abrió una investigación por una denuncia anónima en contra de Arturo Zaldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de personas allegadas a él.
De acuerdo con la denuncia, el ex ministro presidente de la SCJN habría ejercido presión para que se emitieran fallos a favor del Gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“En este caso particular de Zaldívar no llega a ser, hasta ahora, un caso de lawfare, pero sí podría serlo potencialmente. Estamos en un momento en el cual se empieza a judicializar a ciertas personalidades de la política con la intención de eliminarlos de la carrera electoral“, observa el especialista.
En noviembre del 2023, el ministro presentó su renuncia al cargo, el cual iba a concluir el 30 de noviembre de este año. Posteriormente se anunció su integración a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, candidata de la alianza oficialista Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM).
El Lawfare (término acuñado por la conjunción de las palabras law y warfare), entendido también como “guerra jurídica”, se emplea para definir el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político.
Este término ha adquirido fuerza en América Latina luego del caso brasileño conocido como Lava Jato, una mega causa judicial que involucró a funcionarios del local Partido del Trabajo y que desencadenó en la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff, así como el encarcelamiento del actual mandatario brasileño Lula da Silva.
En el caso de México, García destaca que “lo que estamos viendo actualmente es al Poder Judicial intentando inmiscuirse en temas que no le corresponden, en temas que no son legales y que no están legalmente constituidos (…) esta es la forma en la cual el lawfare comienza a avanzar, con esta vía judicial, para dirimir conflictos que son evidentemente políticos”.
Luego de que se diera a conocer la investigación en su contra, Zaldívar, acompañado de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunció que se promovería un juicio político en contra de Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte.
En una conferencia de prensa ofrecida el 16 de abril, el extitular de la Suprema Corte acusó a su sucesora de intervenir en el proceso electoral, incluso la señaló de haber ejercido presión para evitar el reciente cambio de presidencia que tuvo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Luego del anuncio de Zaldívar, senadores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) informaron el 17 de abril que promoverán ante la Cámara de Diputados también un juicio político en contra del exministro con el fin de buscar su inhabilitación.
La tensión entre AMLO y el Poder Judicial
Las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial no son recientes. Por ejemplo, en junio de 2023, la Suprema Corte invalidó una reforma a la Ley de Hidrocarburos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en mayo de 2021 y que beneficiaba a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Este año, el Poder Judicial también invalidó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que limitaba la participación de privados en la materia.
“En lo que va del sexenio del presidente justamente se nota que hay un favorecimiento de los intereses privados nacionales e internacionales”, señaló el doctor García.
A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en febrero de este año una iniciativa que plantea una profunda reforma al Poder Judicial, la cual propone una reducción en el número de ministros, la reducción de salarios y prestaciones, así como la apertura a que sean electos mediante el voto popular.
“El Poder Judicial no puede seguir siendo un conjunto de instituciones al servicio de intereses políticos y económicos; por el contrario, debe asumir su papel de garante de la justicia y hacer valer un auténtico Estado de derecho, en el cual nada ni nadie se sitúe al margen de la ley o por encima de ella”, dijo el presidente López Obrador al hablar sobre la reforma.
¿Injerencia de EU?
El doctor Aníbal García explicó a Sputnik, por otra parte, que en el estudio del lawfare es necesario entender cuáles son los intereses políticos, económicos e incluso geopolíticos que intervienen en la judicialización de la política.
“Acá evidentemente también hay un interés geopolítico en el cual México debe mantener cierta línea de economía, cierta línea de la política, que sea cercana a Estados Unidos”, expresó.
Sin embargo, explicó que un intento de injerencia de Estados Unidos en México enfrenta obstáculos como las repercusiones que puede traer para la política interna del que se ha posicionado como uno de sus principales socios comerciales.
“Lo que hemos visto en estos cinco años con Andrés Manuel es justamente una forma en la cual se pueden llevar a cabo relaciones bilaterales con Estados Unidos a partir del respeto a las diferencias y el respeto a la soberanía mexicana, pero también hemos visto otros casos en los cuales ciertas instituciones del gobierno estadounidense que tienen [cierta] autonomía de gestión (la DEA o el Departamento de Estado) meten tensión en las relaciones bilaterales”, señaló.
Fuente:https://latamnews.lat/
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