Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en la tarde del miércoles una reforma de la Ley de Amparo, en los artículos que el Gobierno y la bancada oficialista consideran que otorgaba facultades a jueces y magistrados para suspender obras y leyes si consideraban que violaban la Constitución.
“Se aprueba en lo general con 258 votos a favor, 213 en contra y cero abstenciones el dictamen por el que se reforman los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, en materia de suspensión del acto reclamado”, informó la Cámara baja en su cuenta de la red social X.
El Gobierno celebra que esa modificación legislativa impedirá la “suspensión de efectos generales”, como los decretados por la Suprema Corte de Justicia en obras estratégicas como el turístico Tren Maya o el nuevo Aeropuerto Internacional, que fueron declarados inconstitucionales ante reclamos de inconformes.
Se requería mayoría simple de la mitad más un voto para modificar esa ley secundaria, que no requiere cambiar la regla primaria de la Constitución, cuya reforma necesita mayoría calificada, de dos terceras partes de ambos plenos del Congreso, con la que el oficialismo no cuenta.
El dictamen aprobado ya tenía media sanción del Senado, por lo tanto será remitido al Ejecutivo para su promulgación.
DEBATE LEGISLATIVO
En un debate de casi cuatro horas entre oficialistas y opositores, la diputada Adriana Bustamante, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló que el Poder Judicial ha hecho un “uso arbitrario de la Ley de Amparo, para favorecer a los intereses de la derecha”.
El Gobierno afirma que si esa Ley de Amparo se mantuviera sin cambios, como estuvo durante el actual sexenio que termina en 2024, no habría obras públicas, porque considera que algunos jueces han otorgado amparos judiciales a comunidades para frenar sus acciones.
Por su parte, la bancada opositora esgrimió un supuesto retroceso de una reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos, porque la modificación “va en contra del principio de progresividad de las garantías”.
Los diputados de la oposición sostienen que, al impedir a los jueces que un amparo tenga “efectos generales en la sociedad”, y no sólo para la persona o grupo de personas que promueven dicha apelación, quedan desprotegidos los ciudadanos pobres, que carecen de recursos para pagar abogados que defiendan sus intereses.
Ellen Bernal, del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) dijo que los legisladores del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) “quieren un Estado totalitario para consolidar la dictadura”, al empoderar cada vez más al Ejecutivo eliminando controles republicanos.
“Con esta reforma se destruye el avance que tuvo este principio de defensa, es una medida regresiva y temeraria”, sostuvo Bernal.
En respuesta, Raquel Bonilla, de la bancada oficialista, dijo que el Poder Judicial se extralimita en sus funciones, al usar su criterio personal para otorgar amparos “por falta de una legislación en la materia”.
Agregó que los opositores “defienden la dictadura de la toga (magistrados), y se debe limitar la discrecionalidad con la que actúan” los jueces que invaden atribuciones del Poder Legislativo.
La reforma “evitará actuaciones arbitrarias de quienes deben sujetarse al texto constitucional”, y permitirá “acotar el exceso y la arbitrariedad que han tenido los jueces al otorgar suspensiones” de obras públicas estratégicas.
Tras la aprobación de la reforma “en lo general” comenzó el debate de 86 reservas que presentaron legisladores de todos los partidos en lo particular.
Fuente:https://latamnews.lat/
eitmedia.mx
