Ciudad de México.- La península de Yucatán, en el sureste mexicano, podría tener un crecimiento inusual en el flujo de visitantes y en las inversiones turísticas por la entrada en operación del Tren Maya, pero los ecologistas advierten del impacto en los mantos acuíferos, la flora, la fauna, y la vida de las comunidades originarias de la selva.
“Se ha hablado mucho de parte del Gobierno de una visión para desarrollar la península de Yucatán, donde espera que este proyecto sea un articulador de la potencialidad del turismo y se masifique aún más de lo que ya está”, explicó a la Agencia Sputnik el experto Carlos Samayoa, de la organización ecologista Greenpeace.
El ferrocarril de 1.550 kilómetros, que bordea las costas y penetra las reservas selváticas de la biósfera para conectar destinos de playa internacionales, comunidades indígenas y sitios arqueológicos de la cultura maya, ha costado unos 30.000 millones de dólares (510.000 millones de pesos), más del triple de su presupuesto original.
En un análisis a cinco años del comienzo de la obra -la cual ya inauguró un tramo entre Cancún y Campeche-, Samayoa se pregunta si la península de Yucatán y en particular la Riviera Maya -principal destino de playa de este país- tiene la capacidad ambiental para albergar proyectos de estas grandes dimensiones, con efectos que no siempre son positivos.
El experto señaló que desde la construcción del ferrocarril se observaron “irregularidades y anomalías que se hicieron notar a lo largo de estos años, comenzando con la propia evaluación de los impactos ambientales y las obligaciones legales del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)”, el organismo encargado.
En el cumplimiento de las obligaciones, ese fondo federal “ha sido muy poco claro, se han presentado en forma irregular u omisa en contradicción con la ley ambiental vigente”, sostiene Samayoa, quien agregó que el Tren Maya es un articulador de los grandes proyectos extractivistas en la península.
“No solo hablamos del turismo, porque desde hace décadas allí han proliferado proyectos de naturaleza puramente industrial, que incluye inmensas granjas porcícolas con efectos devastadores para el medio ambiente y la salud de las comunidades de la selva”, prosigue el entrevistado.
Esas granjas de cerdos han contaminado los cenotes, que son gigantescos pozos de agua de gran profundidad, que emergen entre los suelos calcáreos desde los mantos friáticos subterráneos, alimentados por la filtración de la lluvia y por las corrientes de los ríos que nacen en el corazón de la tierra selvática.
“Los cenotes conforman la reserva de agua dulce más grande que nos queda en el país, que está contaminada con los residuos de la megagranjas porcícolas, porque este subsuelo de la península está interconectada por el agua y se está colocando en riesgo junto con daños a la salud de la población”, alerta uno de los principales especialistas de la organización en el proyecto.
EXPLOSIÓN INMOVILIARIA
Aunado a esta actividad industrial se han multiplicado las inversiones con inmensos proyectos de especulación inmobiliaria.
Esas inversiones “han hecho proliferar en gran medida los desarrollos habitacionales que muchas veces ni siquiera están habitados y se utilizan para especular, como medios de inversión y no para uso habitacional”, denuncia Samayoa.
Esos proyectos son parte de un “modelo de turismo depredador que va en contravención del turismo alternativo”, es decir, el que se ofrece de parte de comunidades indígenas asentadas en la zona desde hace siglos, herederas de la cultura maya originaria, incluso hablantes de esas lenguas prehispánicas.
Greenpeace plantea que las comunidades no han sido visibilizadas ni apoyadas en una medida suficiente para impulsar “otro turismo sustentable, menos impactante en el medio ambiente, que tenga la prioridad como modelo de desarrollo y comunitario, y no solo industrial ni de turismo masivo”.
“Tenemos a raíz de este enfoque un despojo masivo de tierras, y cambios de uso de suelo en muchas zonas de toda la península de Yucatán, que son alarmantes, porque pasaron de ser tierras comunitarias a ser propiedad privada, y pueden convertirse pronto en suelo urbano”, haciendo retroceder a las reservas de la biósfera y sus habitantes
Esa explosión inmobiliaria tiene consecuencias en el crecimiento de las tasas de deforestación y en el abatimiento de la selva.
“Con el Tren Maya como articulador de estos ejes es evidente la deforestación que excede los 10 millones de árboles”, según los ambientalistas
Las cifras del propio Gobierno indican que más de 7 millones de árboles han sido talados a lo largo de los 1.550 kilómetros del ferrocarril, que incluye estaciones, dormitorios de trenes, centros comerciales y hoteleros.
“En la deforestación misma el 87 por ciento ha sido de forma ilegal, porque los cambios de uso de suelo no se han obtenido con respeto a las leyes, con un impacto en los suelos cársticos”, es decir de piedra caliza porosa, conectados por cuerpos de agua dulce.
IMPACTO EN LA FAUNA
La península de Yucatán es conocida porque hace 65 millones de años impactó allí un meteorito que habría causado la extinción de los dinosaurios, según científicos.
Sobre esa formación geológica se asienta una selva con especies amenazadas, como el jaguar, otros mamíferos y aves, erigida sobre una delgada capa vegetal y de tierra sobre roca caliza.
La fauna y la flora que vive de los mantos freáticos pueden ser impactada por la penetración de pilares de concreto y acero con maquinaria pesada para construir los pilares del llamado Tramo 5, que corre por encima del nivel del suelo en una suerte de puente ferroviario.
“Las principales especies amenazadas de extinción son el emblemático jaguar, el mono aullador y una variedad de aves y reptiles en riesgo de extinción”, advierte Samayoa.
Esas especies se verán afectadas al acentuarse su riesgo de desaparición por la fragmentación drástica del suelo de la selva por el ferrocarril y el paso de los trenes.
IMPACTO SOCIAL
En términos sociales el impacto es considerable, porque no se realizaron las consultas con las comunidades originarias, a las que está obligado el Gobierno por las leyes vigentes.
Además, las consultas que se hacen no se realizaron con base en las reglas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, agrega el experto de Greenpeace.
“No ha habido un consentimiento informado de las comunidades indígenas”, lamenta el activista.
Los habitantes originarios de la zona “han denunciado despojos, un aumento en la violencia y la criminalidad en la región, porque el Tren Maya ha implicado militarizar aún más la región”, afirma el portavoz de la organización.
Lamenta además la decisión de clasificar gran parte de la información como asunto de “seguridad nacional”, lo cual “se imposibilita a la ciudadanía a conocer los pormenores de la contratación y las implicaciones administrativas” del megaproyecto.
Finalmente, con la obra, el Gobierno estima un aumento de la población de un 400 por ciento en toda la península de casi 40.000 kilómetros cuadrados.
“Es un dato poblacional muy alarmante, ante el cual se avizoran consecuencias catastróficas, si no se toman medidas para proteger el pulmón verde del país, uno de los mayores del continente que debe ser preservado”, subraya Samayoa.
Greenpeace propone alternativas a este modelo de desarrollo: transitar hacia la agro-ecología, prohibir pesticidas dañinos para la salud, frenar el uso de transgénicos, clausurar las mega granjas porcinas, altamente contaminantes y limitar el amplio crecimiento inmobiliario.
El dilema será heredado al próximo Gobierno, de tal forma que el cambio climático es un tema central en la agenda del segundo debate presidencial de candidatos, el próximo domingo.
Fuente:https://latamnews.lat/
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