México ha logrado reducir los indicadores de embarazo adolescente; sin embargo, preocupa el caso de las más pequeñas. Cada año se registran en México alrededor de 9.000 partos de madres de entre 10 y 14 años edad, y los esfuerzos de las autoridades no han sido suficientes para erradicar esta realidad dramática.
Del 2015, año en que se lanzó la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente (ENAPEA), al 2024, la Tasa Específica de Fecundidad (TFA) de adolescentes —uno de los indicadores esenciales para monitoreo del embarazo adolescente y que mide el número de nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años de edad— se redujo en 18,5 %, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo).
Esta tasa pasó de 72,4 en 2015 a 59 nacimientos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años en 2024, de acuerdo con las últimas cifras disponibles sobre la materia.
La reducción en la TFA implica que se evitaron aproximadamente 356.551 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años entre 2015 y 2023, es decir, casi 100 nacimientos diarios en el periodo; indican estimaciones del Conapo.
La doctora Gabriela Mejía Paillés, demógrafa y directora de Estudios Sociodemográficos de Conapo, afirma que la ENAPEA se lanzó en 2015 después de que se revisaron indicadores que señalaban que la tasa de fecundidad en el país se venía reduciendo desde el año 2000 en prácticamente todos los rangos edad, excepto entre las adolescentes, un sector donde se registraba un estancamiento.
“Fue un gran acierto”, dijo la doctora Mejía en entrevista con Sputnik sobre el lanzamiento de la ENAPEA. Ahora, nueve años después del inicio de esta estrategia interinstitucional, se ha avanzado a pesar de la pandemia del COVID-19, en la que hubo retrocesos “brutales” en prácticamente todos los ámbitos, desde los educativos hasta los laborales.
De hecho, es posible que el país alcance en 2030 la meta de reducir en 50% la Tasa Específica de Fecundidad de adolescentes entre 15 y 19 años con respecto a la cifra de 2015; es decir que llegue a 36,2 nacimientos por cada 1.000 adolescentes.
Educación, componente clave
La estrategia se basa en cuatro componentes que incluyen la promoción de una educación integral en sexualidad con la que se busca brindar herramientas a niñas, niños y adolescentes para cuidar su salud, y desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas.
Por poner solo un ejemplo sobre el componente educativo, el desconocimiento de niñas, niños y adolescentes sobre el uso del condón se redujo significativamente en los últimos años.
Entre 2012 y 2018 el indicador se redujo de 68,7% a 41,3%, mientras que en 2021, el porcentaje todavía se redujo más, a 34,3%, y para 2022 se observó un incremento a 59,1%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública.
Otro indicador señala que entre 2014 y 2018, el porcentaje de mujeres adolescentes de 15 a 19 años que conocían el uso correcto de al menos un método anticonceptivo moderno aumentó de 90,8 a 92,2%.
Cambio legal y cultural
Otro componente de la estrategia es impulsar un cambio en el entorno legal, cultural, social y regulatorio que favorezca la autonomía y las decisiones libres, responsables e informadas de niñas, niños y adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y su salud reproductiva.
En este sentido, lo que se busca es la prohibición en todo el país de las uniones o los matrimonios tempranos porque es una violación a los derechos humanos.
De acuerdo con datos del Sistema Integral de Protección al Niños, Niñas y Adolescentes, 17 de los 32 estados del país aún tienen pendiente concluir la armonización de sus leyes en materia de derechos de la niñez y adolescencia y otros seis sus leyes de salud.
Pero, de acuerdo con la doctora Mejía, estos casos no solo atañen a la parte legal, sino también al entorno cultural porque parte de estas uniones no se registran ante las autoridades, sino que se dan por medio de usos y costumbres.
En el estado de Guerrero, donde las niñas siguen siendo obligadas a casarse o unirse, en muchas ocasiones a hombres mayores, se lanzaron ya programas piloto para campañas de concientización de que este tipo de prácticas implica una violación a los derechos humanos de los menores.
Servicios de salud amigables
Otro componente de la ENAPEA es el acceso a servicios de salud “amigables” en los que haya acceso a una gama completa de métodos anticonceptivos, así como a la anticoncepción de emergencia.
La doctora Mejía explica que la legislación vigente obliga a los prestadores de servicios de salud a darle servicio a los adolescentes aún sin el consentimiento del padre, madre o tutor.
En estos servicios, señala la doctora, los adolescentes podrían tener acceso a consejería en términos de anticoncepción, pastillas y métodos de acción prolongada.
Violencia sexual
La identificación temprana y atención oportuna integral de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, también forma parte de la ENAPEA.
Donde hay mayor preocupación, afirma la doctora Mejía, es en el caso de las niñas más pequeñas, aquellas entre 10 y 14 años de edad, donde los casos de embarazos están asociados a abuso sexual que, en su gran mayoría, están implicados personas de la propia familia o del entorno más cercano de las menores.
En estos casos, la meta del Estado es erradicarlos completamente, pero los indicadores muestran un estancamiento desde 2015 e incluso un aumento, aunque no significativo, en los últimos años. De acuerdo con las últimas cifras disponibles de Conapo, en 2015 se registraron 1,63 nacimientos por cada 1.000 niñas de 10 a 14 años y la cifra aumentó a 1,70 nacimientos en 2023.
La doctora Mejía explica que, en estos casos, la problemática tiene que ver con asuntos de violencia familiar y de género, pero también con los matrimonios forzados de niñas que todavía tienen lugar en diversas y en estados del país.
De acuerdo con la funcionaria de Conapo, es posible que estos casos no hayan experimentado un reducción en parte por la pandemia de COVID-19, en la que muchas niñas fueron encerradas con sus violentadores.
“Se vio una caída y justamente 2020 se detiene y 2020 y los años que sigue plana, o sea, seguimos como en 9000 un poquito más de 9000 nacimientos al año en niñas de 10 a 14 y es que son los más graves porque es una violación a sus derechos humanos”, dijo Mejía.
“Son niños cuidando de niños, niñas cuidando de niños (…) “Estas uniones tempranas es violencia de género porque no les permiten a las niñas tener este proyecto propio de vida. Que la unión temprana sea una de las muchas opciones que tengan; si lo quieren hacer se vale, es un derecho, pero que sea un derecho informado, que sea propio, autónomo; no de una unión temprana, que no sea su única opción”, afirmó.
Para la doctora Mejía Paillés hay aún mucho trabajo por hacer que se dificulta por situaciones como la de que la ENAPEA no cuenta con un presupuesto propio y se tiene que tomar de distintos rubros de diferentes dependencias.
Sin embargo, dice, se ha avanzado. “Lo que nos queremos enfocar es que sea una decisión informada y propia, autónoma, no que sea impuesta por alguien más (…) y que no sea la única opción, que es lo que ocurre justamente en las comunidades muy aisladas en contextos rurales, desafortunadamente, en los grupos vulnerables como mujeres indígenas que su única opción es una maternidad temprana”.
Para la especialista, el combate al embarazo adolescente contribuye al desarrollo en general del país. “Sería importante ver la anticoncepción como este mecanismo tan importante de empoderamiento de las mujeres que les permite estar más en la escuela, hacer una carrera o lo que sea que decidan ser, miembros productivos de la sociedad; entonces, yo creo que también desde, el Estado tenemos que seguir fortaleciendo toda esta parte para generar sociedades más justas y equitativas”, concluyó.
Fuente:https://latamnews.lat/
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