El Gobierno de México impugnará el arresto domiciliario para ocho de los 16 militares relacionados con la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero.
“Nosotros vamos a impugnar esa decisión, como lo hicimos en el caso del procurador [Jesús Murillo Karam] y la Fiscalía hace lo propio, pero hay una actitud del poder judicial tendenciosa”, acusó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa.
Asimismo, el mandatario mexicano recriminó las protestas que se realizaron el 13 de mayo en el Zócalo capitalino, donde supuestos alumnos de la normal de Ayotzinapa arrojaron petardos contra los uniformados frente al Palacio Nacional, en el centro de la Ciudad de México. Esto dejó un saldo de alrededor de 26 policías heridos.
“Son actos de provocación. Vinieron un grupo de estudiantes y maestros a tirar bombas aquí, a Palacio, y se fueron. También con el afán de provocar para ver si nosotros reprimimos y, entonces, tengan elementos para acusarnos de represores. Todo esto en vísperas de las elecciones”, apuntó.
Los manifestantes protestaron por la decisión de una jueza federal, que el 9 de mayo otorgó libertad condicional a ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa.
A finales de abril, los estudiantes de la normal de Ayotzinapa instalaron un campamento en el Zócalo de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal, para esperar una respuesta formal de la presidencia sobre la fecha de una eventual reunión entre los padres y madres de los jóvenes desaparecidos y López Obrador.
“Hay mucho enojo y desesperación en las mamás y papás porque nada saben de las investigaciones y, mucho menos, de los hallazgos en las búsquedas en campo”, señaló recientemente la organización de defensa de los derechos humanos Tlachinollan, que asiste legalmente a las familias de los estudiantes.
De acuerdo con la organización, hay datos que prueban que el Ejército estuvo vinculado con el grupo delictivo Guerreros Unidos, cuyos jefes daban dinero a comandantes, tenientes y coroneles del 27.° Batallón de infantería de Iguala, en el estado de Guerrero. Además tenían reuniones mientras que el Ejército facilitaba el trasiego de droga de la sierra de Guerrero por Iguala y hasta la zona norte del Estado de México.
Hasta hoy, 16 militares han sido detenidos y procesados por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero la defensa de los padres y madres de los jóvenes pide que se profundicen las investigaciones sobre el papel de las Fuerzas Armadas de México en el crimen y que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregue una serie de documentos que podrían ayudar en el esclarecimiento de los hechos.
Según Tlachinollan, hay un testigo que declaró en el Ministerio Público, y dos veces con el juez, que el 26 de septiembre de 2014, 25 estudiantes fueron llevados al 27.° Batallón de Infantería, donde fueron torturados. Varios de ellos no resistieron los tormentos y perdieron la vida en ese sitio.
En casi 10 años del caso, solo tres jóvenes han sido identificados mediante pruebas genéticas en huesos calcinados hallados cerca de la ciudad de Iguala, Guerrero.
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