El Gobierno de México presentó una declaratoria de intervención ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para sumarse en la demanda por presunto genocidio hecha por Sudáfrica contra Israel.
Para ello, México invocó el artículo 63 del Estatuto de la CIJ, debido a que “busca intervenir, con el compromiso de ofrecer su perspectiva sobre la interpretación de disposiciones de la Convención [sobre el Genocidio] relevantes para el caso”, se lee en el documento emitido por el organismo internacional, donde destaca que esta moción fue promovida el 24 de mayo de 2024.
La intervención de la nación latinoamericana sigue la misma ruta de una serie de acciones similares realizadas por Nicaragua, Colombia y Libia, alegando violaciones de la Convención en relación con los palestinos en la Franja de Gaza.
A finales de diciembre de 2023, Sudáfrica, basándose en la Convención sobre el Delito de Genocidio, presentó una demanda contra Israel en la corte, instándola a tomar medidas contra las autoridades israelíes. Las primeras audiencias se celebraron el 11 y el 12 de enero de 2024.
El 26 de enero, la CIJ ordenó a Israel que adoptara todas las medidas necesarias para impedir el genocidio en el enclave palestino y proporcionara con urgencia la asistencia humanitaria a la Franja de Gaza. Posteriormente, Sudáfrica apeló ante el tribunal luego de la decisión de Israel de ampliar su operación militar en Rafah, al sur de la Franja de Gaza.
El representante de la delegación sudafricana y embajador de esa nación en los Países Bajos, Vusimuzi Madonsela, acusó el 20 de febrero a Tel Aviv de aplicar una forma extrema de apartheid en los territorios palestinos, similar a la que sufrió Sudáfrica.
En abril, la CIJ también ordenó a Israel tomar medidas para garantizar que la ayuda humanitaria llegue a la Franja de Gaza sin trabas. Para el 24 de mayo de 2024, la Corte Internacional de Justicia exigió a Tel Aviv el cese de inmediato su operación militar en la ciudad gazatí de Rafah.
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