Ana Delicado Palacios
Buenos Aires.- El movimiento feminista Ni Una Menos desafió al frío austral y se movilizó el lunes en todo el territorio argentino ante la constatación de que desde su nacimiento, hace nueve años, se cometieron en todo el país 2.348 feminicidios, uno cada 33 horas.
“Hoy nos movilizamos en todas las ciudades del país diciendo a la motosierra y al machismo ¡resistencia! y pidiendo el proyecto de Ley Emergencia Ni Una Menos”, señaló a la Agencia Sputnik la directora del Observatorio nacional de la organización feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), Betiana Cabrera Fasolis.
A ocho años de las movilizaciones que vieron surgir a Ni Una Menos, movimiento que sirvió de puntapié inicial para irrumpir en la agenda pública y plantear diversas demandas que desde entonces acompañaron en numerosas movilizaciones centenares de miles de mujeres, Mumalá registró 2.016 feminicidios directos, 271 vinculados y 61 transfeminicidios.
Los feminicidios vinculados durante este período, como se conoce a los asesinatos cometidos contra niños o adultos, con independencia de su género, a fin de causarle sufrimiento a una mujer en un contexto de violencia de género, fueron contra 108 niñas y mujeres y contra 163 niños o varones.
En 2023 se contabilizaron 254 feminicidios, lo que representa un aumento de nueve por ciento respecto a los registros del año anterior, y del 14 por ciento en relación a 2022.
En el transcurso de este año, hasta el 30 de mayo, se perpetraron otros 89 feminicidios, según el Observatorio nacional de Mumalá, que tiene en estudio otras 13 muertes violentas, además de haber registrado 216 intentos de asesinato en estos cinco meses.
Desde el 1 de enero, 87 niños, niñas y adolescentes se quedaron huérfanos de madre.
AGRAVAMIENTO DE LA VIOLENCIA
Lejos de considerar el feminicidio como una problemática, el Gobierno que preside Javier Milei eliminó al asumir en diciembre el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, responsable de aplicar las leyes de protección todavía vigentes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
“El Gobierno nacional que ha cercenado todas las herramientas que tenemos disponibles para asistir y prevenir la violencia de género, pues no solo cerraron el ministerio, sino que quitaron el presupuesto de los programas existentes vinculados con la inserción laboral, con el acompañamiento, y con la posibilidad de salir de los hogares violentos” especificó Cabrera Fasolis.
La coalición gobernante, La Libertad Avanza, ha paralizado la Ley Brisa, que otorga una reparación para los hijos víctimas de feminicidios, según ha denunciado la organización feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), que contabiliza cada mes el número de feminicidios en el país.
También cayó en desuso la Ley Micaela, que capacita en género a todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado, y la Ley de Identidad de Género, que despatologiza a las personas trans y les reconoce el derecho a inscribirse con el nombre, imagen y sexo que elijan.
La Libertad Avanza (ultraderecha), en paralelo, presentó en febrero un proyecto de ley para derogar la ley que garantiza la interrupción legal del embarazo, vigente desde diciembre de 2020.
Ese mismo mes, el Ejecutivo prohibió en la administración pública nacional el uso del lenguaje inclusivo, que incorpora la perspectiva de género.
La línea telefónica 144, de asesoramiento para la prevención y asistencia de la violencia de género, “fue precarizada y funciona a media máquina, cuando es de acompañamiento, de información y derivación nacional”, denunció la directora de Mumalá.
Para esta organización feminista, “hay un ataque claro a los feminismos y a las mujeres desde las más altas esferas, incluido el presidente”.
“Lo preocupante es que los discursos de odio habilitan a la acción, habilitan a los crímenes de odio”, cuestionó Cabrera Fasolis, médica y profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, en la provincia homónima (centro).
Un caso paradigmático de los delitos de odio fue el triple lesbicidio que tuvo lugar a principios de mayo en el barrio de Barracas de la ciudad de Buenos Aires, cuando un hombre que vivía en una pensión arrojó combustible y después un explosivo casero en el interior de una habitación contigua a la suya donde dormían cuatro mujeres.
Cuando las mujeres envueltas en fuego intentaron salir de la habitación, su agresor, Justo Fernando Barrientos, que ya las había amenazado con anterioridad, las golpeó y las empujó de regreso al dormitorio.
“El máximo grito de justicia por el crimen de Barracas”, evocó la titular de Mumalá.
VIOLENCIA Y CRISIS ECONÓMICA
La organización feminista recordó el contexto de crisis económica, el ajuste del gasto público que encaró la actual gestión y el aumento de las tarifas y de los servicios públicos, lo que ha comenzado a generar un aumento de la desocupación en el país sudamericano,
“Justamente esta crisis económica, en donde tener trabajo no significa llegar a fin de mes, es una de las cosas que más abona a la violencia en general y a la de género en particular, cuando para salir de un vínculo violento necesitamos independencia económica”, señaló la directora de la entidad feminista.
El proyecto de ley defendido por Mumalá solicita que se declare la emergencia en materia de género para mitigar y revertir el número de víctimas de feminicidios a través de políticas públicas de prevención, asistencia y erradicación de las violencias contra las mujeres.
Un año y cuatro meses después de que se realizara la primera marcha de Ni Una Menos, en octubre de 2016, se celebró la primera huelga feminista con la que Argentina se adelantó al paro internacional de mujeres que se realizó desde el 8 de marzo de 2017 en adelante.(Sputnik)
Fuente:https://latamnews.lat/
Foto: Tomada de https://twitter.com/Naty_Zaracho
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