Buenos Aires.- En Argentina hubo el año pasado 288 casos de tortura o malos tratos contra 227 personas privadas de libertad, fuera en unidades penitenciarias, comisarías, móviles de traslados o en la vía pública, una cifra que no obstante ha mermado año a año, confirmó a la Agencia Sputnik la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN)
“Registrados 288 casos de torturas o malos tratos en 2023, lo que refleja una merma, una ligera merma que viene año tras año”, ratificó el procurador interino de la institución, Ariel Cejas Meliare, al dar a conocer el informe anual de la PPN.
La institución relevó que los malos tratos y torturas son una práctica que se mantiene con las diferentes gestiones penitenciarias, “junto con las muertes en custodia de personas jóvenes por cuestiones de salud o en contextos de violencia”.
“Con el procedimiento de investigación de los casos de tortura basado en el Protocolo de Estambul, en 2009 detectamos que el 64 por ciento de la población había sufrido tortura a malos tratos; diez años después hicimos la misma pesquisa y nos dio 32,5 por ciento”, detalló el procurador.
Desde 2009, cuando se comenzó a aplicar el procedimiento de investigación, se constataron 647 fallecimientos, lo que arroja un promedio de 43 muertes anuales.
Aunque el año pasado se registró la menor cantidad de fallecimientos bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) desde 2009, con 30 casos, la cantidad de muertes violentas aumentó por segundo año consecutivo hasta llegar a las 14, lo que se acerca al promedio registrado en los últimos 15 años, con 17 decesos violentos por año.
“Entre las muertes violentas, seis ocurrieron por agresiones con heridas de arma blanca, un ahorcamiento, una en contexto de incendio y dos por causas dudosas, aún pendientes de verificación”, consigna el informe de la PPN.
Además se destacan otros cuatro fallecimientos por descompensaciones ocurridas durante el consumo de estupefacientes, “un fenómeno históricamente invisibilizado, pero cada vez más alarmante”, señaló la institución.
Los registros de los últimos tres quinquenios muestran que la mayor parte de los fallecidos eran varones (96 por ciento), argentinos (86 por ciento) y mayores de 25 años (89 por ciento), aunque entre 2009 y 2023 también fallecieron 24 mujeres.
DENUNCIAS
Uno de los problemas detectados por la PPN es la detención de personas en comisarías, lugares que no están habilitados para períodos de detención prolongados.
La tasa de encarcelamiento cada 100.000 personas en 2022, sin contar las personas presas en comisarías y otros centros detención, es de 227, seis puntos más que el año precedente, y el mayor nivel que se registra desde que comenzó la serie histórica, en 1996.
“Con esta cifra, se ubica en un promedio similar al del resto de países de la región, aunque muy por debajo de Uruguay (408) y Brasil (389)”, destacó el informe.
Si se incluyen las personas presas en comisarías, la tasa de reclusión aumenta a 255, con 117.810 personas privadas de su libertad.
El principal delito de las personas encarceladas en Argentina es el de robo o tentativa (35 por ciento de los casos, que abarca a 36.351 personas), seguido del abuso sexual o violación (18 por ciento, con 18.936 en reclusión) y los homicidios dolosos (14 por ciento, con 14.859 internos).
La vulneración de la Ley de Estupefacientes, que desde 2016 era el segundo delito que más detenciones ocasionaba, bajaron su posición en los últimos años hasta situarse en cuarto lugar, al representar el 14 por ciento de los casos y alcanzar a 14.205 presos.
Las deficiencias en la atención médica es otro de los problemas acuciantes respecto a las condiciones de detención bajo la órbita federal, sobre todo para las mujeres y el colectivo LGBT+.
En 2023, la PPN presentó 99 denuncias penales, y 24 escritos judiciales, en las que la institución se presentó como “amicus curiae”, para colaborar en el avance de las distintas investigaciones por fallecimientos bajo custodia.
La institución también fue querellante en 31 causas judiciales, en las que 134 agentes del SPF fueron procesados, otros 35 fueron condenados y 92 más imputados.
Además “se recibieron un total de 15.241 reclamos individuales relacionados con diversas problemáticas que sufren las personas privadas de libertad, como problemas de salud y deficiencias en la atención médica, dificultades de acceso a la justicia, reclamos por traslados y cambios de alojamiento, acceso a trabajo y condiciones materiales de encierro”, detalla el informe.
La Procuraduría Penitenciaria de la Nación es un organismo descentralizado y autónomo de los tres poderes del Estado.(Sputnik)
Fuente:https://latamnews.lat/
Foto: Tomada de https://twitter.com/PPNArg
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