Víctor Flores García
Ciudad de México.- Las reformas constitucionales que propone la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, contemplan la elección de los jueces federales por voto popular, incluida la Suprema Corte de Justicia, y generan inquietud en el Poder Judicial, indican juristas y magistrados consultados por la Agencia Sputnik.
“Respecto a la elección de jueces, magistrados, ministros, la hablamos en la campaña, la pusimos a votación en las plazas (…) Mi opinión es que deben elegirse los jueces”, dijo Sheinbaum a periodistas el jueves 13 de junio.
La magistrada María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores, dijo en entrevista con esta agencia que “en una democracia con pesos y contrapesos es normal que haya discrepancias entre poderes, porque a la judicatura le toca poner frenos constitucionales en un sistema de división de poderes”.
Sin embargo, lamenta que, en el marco de las campañas electorales hacia los comicios generales del 2 de junio pasado, se presentaron “ataques sistemáticos” a la judicatura por parte del Poder Ejecutivo federal.
“Han aumentado las formas de violencia desde el Ejecutivo hacia el Poder Judicial, con al menos 167 menciones de nombres y apellidos de jueces, sólo en un año”, dijo a la Agencia Sputnik la magistrada.
En efecto, el presidente André Manuel López Obrador cuestionó las sentencias en contra de sus iniciativas para modificar la carta magna y acusa de “corrupción” a los jueces, lo que desencadena manifestaciones con féretros en la plaza principal del Zócalo con las caras de los ministros, recuerda la magistrada.
El oficialismo que encabeza el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está cerca de lograr la súper mayoría requerida en ambas cámaras del Congreso para reformar la Constitución.
“Al publicarse la reforma estarían cesados casi 1.700 jueces a nivel federal y a nivel nacional unos 6.000 en los tribunales locales”, y los jueces del máximo tribunal bajarán de 11 a nueve, relata la magistrada Molina de la Puente.
JUECES A LAS URNAS
La elección de jueces contempla campañas previas a la elección popular, que no podrán tener financiamiento público y tampoco privado.
Este procedimiento “crea un espacio de claroscuros a campañas sin financiamiento, se autoriza de ese modo a que se hagan negociaciones con grupos de interés para que un aspirante a juez obtenga los votos suficientes”, advierte.
El sexenio actual podría terminar con un récord de unos 200.000 asesinatos, y en el reciente proceso electoral la delincuencia perpetró agresiones con un promedio diario de 2,8 víctimas, que causaron 35 asesinatos de aspirantes a cargos públicos, en la lucha por el control territorial.
“Esto hace más vulnerable el proceso a la influencia del crimen organizado, en un país muy complejo, con muchas realidades distintas en sus regiones”, prosigue la representante de los juzgadores.
Advierte que diversos grupos de intereses legales e ilegales podrían tener el poder para imponer jueces, como sindicatos, agrupaciones religiosas, o sectores económicos, lo cual “impediría procurar justicia con imparcialidad, independencia y autonomía judicial”.
La reforma contempla que jueces y magistrados estarán adscritos sólo al circuito donde se hará la campaña proselitista -32 como los estados del país-, elegidos por 10 años con posibilidad de reelección por 10 años más en la misma localidad.
“Los jueces elegidos deberán trabajar en precampañas para una reelección, lo que impide la imparcialidad, autonomía e independencia con respecto a la población que lo va a votar, y se pierde además el profesionalismo y excelencia requeridos”, subraya.
IMPARCIALIDAD AMENAZADA
Si avanza la reforma como parece, México será el primer país de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico que elija a su máximo tribunal y jueces por voto popular, método que solo se aplica en Bolivia desde 2011, con resultados controvertidos.
A escala federal, si la Suprema Corte de Justicia es cooptada por un grupo de poder, su nueva composición impactará en sus criterios, que son obligatorios para todos los juzgadores del país.
“Un Poder Judicial definido por un grupo de poder elimina el contrapeso”, advierte la jueza.
La jurista señala que “quienes sean elegidos como nuevos jueces tendrán una vinculación diferente a la actual independencia con respecto a la sociedad a la cual deben servir, porque es la que va a elegirlos en una campaña que no será clara, que será lo más alejado a la imparcialidad”.
CRÍTICA AL PODER JUDICIAL
Los críticos del proyecto de reforma admiten que el Poder Judicial debe mejorar, pero también mantener los criterios de calidad y experiencia.
De lo contrario, indican, la justicia quedaría sujeta a las oscilantes influencias que rigen a los partidos políticos, predominarán jueces ligados al partido gobernante, comprometiendo la estabilidad y continuidad del Poder Judicial.
“Hay muchas cosas criticables y temas para mejorar en el Poder Judicial, pero los jueces llegamos a través de una carrera judicial y exámenes en concursos de oposición complicados”, reseña la juzgadora.
Para un puesto en un tribunal pueden llegar a postularse 3.000 candidatos para nombrar 15 o 20 cargos, en varias etapas y exámenes de selección, bajo criterio jurídico técnico profesional.
“La politización de la justicia la vemos con mucha preocupación, porque impactaría en la composición del contrapeso y se perdería la certeza jurídica en la solución de controversias”, resume.
Una de las falencias actuales está en la sobrecarga de casos para cada juez.
El año pasado, los jueces atendieron 1,5 millones de asuntos que tramitaron 1.700 juzgadores federales.
“La sociedad tiene la percepción de impunidad porque la justicia es muy tardía por ese cuello de botella, ante el legítimo ejercicio de derechos, pero existen muy pocos espacios jurisdiccionales, y el retraso de justicia no se resuelve cambiando a las personas”, subraya.
Además, las fiscalías no forman parte de los poderes judiciales en el país norteamericano.
“La sensación de impunidad deriva de la mala actuación de las fiscalías, porque el 90 por ciento de los asuntos y las denuncias de las víctimas no se judicializan”, apunta.
En efecto, en el 10 por ciento de casos que llegan a los jueces, la mayoría tiene serias deficiencias en la investigación fiscal y policial.
“Con faltas serias en la investigación no se puede condenar a nadie”, apunta.
Lamenta finalmente que, con los señalamientos del Ejecutivo, la sensación de impunidad se transfiere a los jueces, y no a las fiscalías.
Puntualiza: “El derecho al acceso a la justicia debe ser el punto central de la discusión, si hay casos de corrupción deben castigarse, con crítica y autocrítica seria, con soluciones reales”.
CAMINO EQUIVOCADO
Por su parte, Karina Ansolabehere, del Instituto de Investigaciones Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo a la Agencia Sputnik que la reforma contempla además la organización del Consejo de la Judicatura Federal y la creación de un Tribunal de Disciplina, porque no sólo cambiar la estructura de reclutamiento del Poder Judicial.
“¿La elección garantiza una mejor justicia? -se pregunta-: en mi opinión no, sabemos que la elección popular tiene diferentes problemas, como problemas de acceso a la información”, responde.
Plantea cambiar el acceso al Poder Judicial tomando en cuenta otros mecanismos, como la paridad en la representación de la diversidad de la sociedad.
“Elegir popularmente a los jueces y los magistrados no implica que haya en la Suprema Corte de Justicia una mayor apertura o inclusión en la justicia”, prosigue.
Propone además la separación del titular del máximo tribunal de la presidencia del Consejo de la Judicatura.
Asimismo, estima que es problemática la creación de un Tribunal de Disciplina separado del Consejo de la Judicatura, porque “generaría una actor de veto y de control que afectaría a la independencia judicial”.
Elegir popularmente a los jueces y ministros “no es sinónimo de democratización, sino de partidización de la justicia, porque quienes tienen la capacidad de movilización de votos son los partidos políticos”, advierte.
En cambio plantea otras modalidades como buscar una mayor representatividad y mecanismos de reclutamiento que representen las pertenencia de diferentes minorías de las personas juzgadores para mejorar las formas de acceso a la justicia.
“La gran asignatura pendiente es mejorar las formas de acceso a la justicia , por ejemplo el recurso de amparo es difícil de interponer y llegar a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia es dificultoso”, explica.
Sostiene finalmente que el acceso a la justicia “no pasa por la modalidad de reclutamiento de jueces y juezas sino otras reformas que derriben las barreras que ahora existen en el acceso a la justicia”.
En respuesta a las objeciones, Sheinbaum pidió al gobernante partido Morena levantar tres encuestas para conocer “cuál es la opinión del pueblo” sobre la reforma del Poder Judicial. (Sputnik)
