La propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) impulsada por el presidente López Obrador contiene múltiples retrocesos a la independencia judicial e imparcialidad en el acceso a la justicia para la ciudadanía, alertan especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional publicó un análisis detallado acerca de las reformas contenidas en el llamado ‘Plan C’ de López Obrador, mismas que podrían comenzar a aprobarse al comienzo de la próxima legislatura en el Congreso de la Unión y en el Senado.
Una de las reformas más relevantes es la judicial, la cual busca realizar cambios profundos en el PJF con el fin, aseguró AMLO, de acabar con la corrupción en la impartición de justicia en el país.
Sheinbaum Pardo, electa como presidenta el pasado 2 de junio en los comicios federales, declaró que la reforma judicial será discutida y consultada con la ciudadanía, organismos de la sociedad civil, así como entes especializados en el sistema judicial.
El IIJ publicó tres artículos referentes al análisis de esta reforma. En los textos, los académicos César Iván Astudillo, Juan Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes coinciden en que los cambios previstos al sistema judicial del país conllevan más problemáticas que ventajas, y advierten que la independencia judicial pende de un hilo.
Cuando el PJF deje de ser independiente, la ciudadanía quedará desprotegida, porque la independencia judicial (…) constituye un derecho esencial de las personas a contar con jueces que, sin injerencias ni condicionamientos externos o internos, y bajo una posición de estricta neutralidad, impartan justiciaseñala el artículo publicado por César Astudillo.
Por su parte, Garza Onofre escribe: “queda claro que estas modificaciones no deben ser las que ahora propone la iniciativa de reforma judicial del presidente de la República, no sólo por su inviabilidad política y financiera, sino también por sus profundas incoherencias y visión parcial de todo el sistema de justicia”.
Finalmente, Martín Reyes publicó: “Si consideramos que Morena y sus aliados son, por mucho, la coalición con mayor fuerza electoral en la actualidad (…) no es difícil ver cómo, en menos de dos años, el obradorismo podría controlar prácticamente a todos los poderes judiciales del país”.
La reforma presentada ante el Congreso de la Unión plantea, en primera instancia, que ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular.
El planteamiento también busca eliminar el Consejo de la Judicatura Federal para dar pie a la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, así como la implementación de un Organismo de Administración, ambos independientes y que sirvan para que se juzgue a funcionarios del PJF y administren diversas ramas de este poder.
Igualmente plantea la disminución en el número de ministros de la SCJN; modifica los requisitos de elegibilidad para los cargos; reforma los plazos en los que puede ejercerse un determinado puesto; regulariza los salarios de las y los ministros para que sean menores al del Presidente; además de que advierten cambios en la forma en que se solicita la ausencia temporal o permanente en el cargo.
En su análisis de la elección por voto popular, Astudillo apunta que la intención de quienes impulsan la reforma es “mudar” la naturaleza del PJF, para llevarlo al campo de la política.
La reforma contempla que, en el caso de ministros, los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo presentarán 10 perfiles cada uno que cumplan con los requisitos establecidos apegados a la formación judicial. Tras ello, el Senado avalará si los perfiles cumplen; y finalmente, la ciudadanía votará por quienes más les convengan.
Para nadie es extraño que las postulaciones atenderán a las preferencias personales del presidente, a la composición electoral que en cada momento tenga el Congreso de la Unión, y a la fuerza de los grupos dominantes al interior de la SCJN y el PJF. Serán, ni duda cabe, perfiles cercanos a ellos, en lo personal, lo ideológico, lo profesional o lo gremial señala Astudillo.
“Dejarán de ser relevantes los perfiles que tengan conocimientos especializados, que dominen los principios de interpretación o que demuestren experiencia en el arte de juzgar, y es muy probable que se vean desplazados por quienes tengan alguna cercanía, o estén dispuestos a asumir compromisos con los grupos de poder político y los poderes fácticos”, agrega el investigador del IIJ.
El cambio en el PJF plantea que las y los candidatos a los cargos no recibirán ningún tipo de financiamiento político ni privado, y sus campañas se basarán en tiempo otorgado en radio y televisión, así como foros donde puedan exponer sus propuestas.
Para que estas promesas tengan el impacto que necesitan en la sociedad requerirán necesariamente del respaldo de los medios de comunicación, las corporaciones religiosas, grupos empresariales, organizaciones sindicales, partidos políticos e instancias gubernamentales, lo cual condicionará aún más su independencia futura escribe el investigador.
Sobre la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la creación de un Tribunal de disciplina judicial así como un Órgano de Administración independientes, el académico Juan Jesús Garza Onofre ubica puntos positivos en este rubro.
Garza considera que la creación de estos organismos busca evitar la “crisis” que se vive en el actual CJF dada “su incapacidad para autogobernarse y acordar colegiadamente”.
Sin embargo, apunta en el artículo, la separación del CJF “generaría posibles fricciones y divisiones, que podrían producir división dentro de la institución, y así llegar a debilitarla”.
Igualmente, el académico cuestiona la disparidad que la creación del nuevo organismo de administración pueda generar con los sistemas judiciales locales.
“Ése es uno de los puntos más críticos de toda la reforma propuesta del Ejecutivo, el omitir por completo al federalismo judicial, tal vez pensando que lo que sucede en las entidades de la República en esta materia no tiene mayores implicaciones para la justicia federal”, reclama Garza.
Respecto al Tribunal de Disciplina Judicial, la reforma plantea que este será compuesto por cinco integrantes, aunque, indica el investigador, no queda claro cuáles serán los perfiles de quienes aspiren a integrar este organismo.
En su análisis de la elección por voto popular, Astudillo apunta que la intención de quienes impulsan la reforma es “mudar” la naturaleza del PJF, para llevarlo al campo de la política.
La reforma contempla que, en el caso de ministros, los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo presentarán 10 perfiles cada uno que cumplan con los requisitos establecidos apegados a la formación judicial. Tras ello, el Senado avalará si los perfiles cumplen; y finalmente, la ciudadanía votará por quienes más les convengan.
Garza Onofre también expone su preocupación porque dicho Tribunal “se convierta más bien en una especie de fiscalía judicial o tribunal inquisitorio que actué con completa discreción y gozando de plena impunidad”.
“Nada se menciona respecto a qué tan transparentes y confiables serán los procedimientos de evaluación del personal del Poder Judicial” agrega el miembro del IIJ.
En ese sentido, César Astudillo redacta: “El viraje, tal como está planteado, otorga un poder excesivo y una elevada capacidad de condicionamiento a esta instancia disciplinaria en detrimento de la independencia e inamovilidad judicial”.
El investigador Martín Reyes centra su análisis en las consecuencias directas y casi inmediatas de la reforma: el cese de mil 665 ministros, magistrados y jueces para dar pie a la renovación de funcionarios mediante el voto popular.
“La iniciativa presidencial no busca incrementar la competencia y la independencia (…) Sus objetivos son otros: purgar primero y luego capturar a la Suprema Corte, así como al resto de los órganos judiciales del país” señala Martín Reyes.
El académico alerta que esta posible determinación violaría la “garantía de inamovilidad”, la cual está reconocida en el artículo 94 y establece que debe existir estabilidad en el cargo, y la certeza de que no serán removidos de su puesto por intereses.
Asimismo, el investigador señala que aquellos funcionarios despedidos no podrán acceder al derecho al haber de retiro, pensión vitalicia con la que sí cuentan actualmente los y las ministras retiradas.
“De aprobarse la iniciativa de reforma constitucional, el daño al PJF será mayúsculo (…) y generará un movimiento pendular del PJF para que sus integrantes dejen la posición de independencia e imparcialidad que actualmente tienen garantizada, y se adentren en el campo de la política”, advierte César Astudillo.
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