Ciudad de México.- La ex candidata opositora a la Presidencia de México, Xóchitl Gálvez, presentó este miércoles al Congreso una iniciativa de ley en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador para castigarlo por su presunta intervención en las recientes elecciones del 2 de junio pasado.
“No me quise quedar con los brazos cruzados, no es una buena señal para la democracia que el presidente de la República intervenga de la manera en cómo lo hizo, sin que la autoridad electoral hiciera absolutamente nada”, dijo Gálvez al presentar la iniciativa en la sede del Poder Legislativo.
La senadora hizo un recuento de los supuestos ataques del mandatario en contra de la oposición durante sus conferencias de prensa cotidianas que favorecieron a la candidata de la coalición oficialista, Claudia Sheinbaum, y los candidatos del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) se limitó a ordenar al mandatario “medidas cautelares”, preventivas, ante el riesgo de violación a las leyes electorales al menos 22 ocasiones, respecto de 31 conferencias de prensa celebradas en el palacio nacional, sede del Ejecutivo.
“En 14 ocasiones se declaró procedente la tutela preventiva para que el mandatario se abstuviera de opinar sobre temas electorales y de difundir propaganda gubernamental”, reseñó Galvez.
Además, dijo que en 55 expedientes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió sentencias a causa de actos del Presidente, en el sentido de declarar que López Obrador “intervino para favorecer a las candidaturas de Morena”.
Sin embargo, lamentó que el Tribunal Electoral determinó que en México no es posible sancionar al Presidente de la República debido a que constitucionalmente no cuenta con un superior jerárquico.
“La Constitución no prevé medidas administrativas específicas en contra de él (López Obrador) en estos casos”, explicó la legisladora en la exposición del proyecto de ley.
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
El proyecto plantea reformar el Código Penal Federal y la ley general en materia de Delitos Electorales para castigar por “traición a la patria” al jefe del Ejecutivo debido a que es el único delito por el cual puede ser castigado un presidente mexicano.
La propuesta es que “en ese tipo de conductas del titular del Poder Ejecutivo federal (intervención en procesos electorales) sean tipificadas como traición a la patria, y castigadas con una pena de cárcel de entre 10 y 50 años”, y una multa.
Gálvez dijo que ante el contundente triunfo de su rival, Sheinbaum, virtual presidenta electa, se deslinde de su antecesor y correligionario, sobre todo en las denuncias de “violencia política de género”.
“Espero que el Tribunal Electoral atienda mi impugnación para que quede inscrito el presidente en el Registro Nacional de Violentadores Políticos, y ofrezca una disculpa pública, antes de irse de la Presidencia, porque lo que hizo con mi persona es absolutamente inaceptable”, expresó.
Entre las quejas, señala que el mandatario jamás le otorgó un “derecho de réplica” para desmentir que Gálvez promovía eliminar los programas sociales, afirmación que fue parte de anuncios de radio y televisión de la campaña oficialista.
La primera de las cuatro causales que se estipula para sancionar a un presidente que intervenga en las campañas electorales, cuando “use los recursos públicos para beneficiar a una persona, candidata, aspirante a candidata, partido político o coalición”.
La segunda medida sanciona a un presidente cuando “use los recursos públicos para denostar, atacar, injuriar o difamar a una persona candidata, partido político o coalición”.
En tercer lugar, cuando “ejerza por cualquier medio violencia política de género con la finalidad de incidir en el electorado”.
Y la cuarta y última, cuando “vulnere los principios de equidad, parcialidad y neutralidad electoral”.
El Tribunal Electoral analiza las quejas presentadas sobre el desarrollo de los comicios antes de emitir la constancia final de triunfo a favor de Sheinbaum.
Según el escrutinio final, la candidata oficialista obtuvo 35,92 millones de votos, es decir, 59,75 por ciento de la votación, y Gálvez 16,5 millones de sufragios, equivalente al 27,45 por ciento. (Sputnik)
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