Al participar en el tercer foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, legisladoras y legisladores de Morena, PAN, PRI, PT y MC, así como representantes de instancias del Poder Judicial, externaron comentarios sobre temas de austeridad, fideicomisos y derechos laborales.
Respeto de la carrera judicial y los derechos de los trabajadores
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), externó que la carrera judicial es un reclamo de que sea respetada y el derecho de los trabajadores, también. “Nosotros, yo creo que todos, no concebimos una imposición arbitraria de personas con perfiles políticos dentro de las cuotas que podrían presentar los tres poderes”.
También, argumentó, se cuestionaron por qué habrá de proponer la Corte en las condiciones que está su propio relevo o por qué el Senado propone a cinco y luego califica sus propios cinco, y por qué le quitamos la facultad exclusiva e historia al Ejecutivo de proponer . . “La carrera judicial tiene que respetarse en su génesis, en su naturaleza, desarrollo, pero que desemboca en una rigurosa evaluación para llegar a una calificación de excelencia ya tener un registro para solicitar la ratificación en su sufragio como referéndum”.
Necesario, defensor de la carrera judicial
La diputada Juanita Guerra Mena (Morena) destacó la importancia de defender la carrera judicial porque hay personas con calidad moral, profesionalismo, entrega, valores de justicia, amor, respeto y humanidad, pero también hay corrupción, impunidad y nepotismo.
Expresó que la reforma es respetuosa de los derechos humanos, y deberá contener transparencia y rendición de cuentas. Afirmó que serán garantizados los derechos de los trabajadores que han aspirado a la carrera judicial ya una posición en el Poder Judicial y no han tenido la oportunidad porque ha habido favoritismos.
Defensa pública digna, gratuita y profesional
Miguel Humberto Rodarte De Lara, diputado del PAN, dijo que se debe tomar en cuenta lo que aquí se diga para mejorar la propuesta del Ejecutivo Federal, así como apuntar a algunos de los temas aquí vertidos que realmente afectan a las y los mexicanos, como lo es la justicia cotidiana, ya que “nueve de cada 10 personas no denuncian”.
Pidió que en la reforma se fortalezcan las defensorías públicas para que ellas y los mexicanos con necesidad de acudir a la administración de justicia tengan derecho a una defensa pública digna, gratuita y profesional. “Rompamos el peor de los vicios que tiene nuestro sistema de justicia, que es que sólo el que tiene dinero tiene derecho a un abogado”.
¿Por qué no se eligen también miembros del gabinete federal?
Del PRI, la diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho cuestionó que, si la elección por voto popular asegura la honestidad, por qué no se elige también a los miembros de los gabinetes federales, estatales y municipales, así como a las fiscalías y los ministerios públicos. “La corrupción sólo termina con mecanismos de transparencia y de control. Se debe trabajar en ellos para fortalecerlos en todos los niveles de gobierno y en los poderes”.
Pidió saber ¿cómo se va a evitar la injerencia del crimen organizado en el proceso de elección de jueces y magistrados?, pues en el pasado proceso no se pudo evitar. ¿Cómo este mecanismo no va a eliminar el sistema de carrera judicial y qué va a pasar con los que ya están participando? ¿Quién va a regular las ofertas de campaña? ¿Cómo se va a evitar que los partidos terminen cooptando la voluntad de los jueces y magistrados?, ¿y cuáles van a ser los filtros?
Se deben plantear políticas de austeridad
Por el PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña dijo que algo que ayudaría mucho en estos diálogos son propuestas para fortalecer los requisitos de quienes serán los integrantes del Poder Judicial. Se van a respetar absolutamente los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, pero ayudaría al que se planteen qué políticas de austeridad pueden ser implementadas.
Llamó a ajustarse a la nueva política, dimensionar y respetar la exigencia del pueblo de México del 2 de junio, que no solo votó por “nuestro movimiento, sino en las encuestas que se hicieron hasta el 90 por ciento está de acuerdo en una reforma al Poder Judicial y 80 por ciento en que se elijan a los integrantes”.
Discutir reforma judicial con respeto a los derechos laborales
Braulio López Ochoa Mijares, diputado de MC, señaló que la discusión sobre esta reforma debe ser con el máximo respeto a las y los trabajadores del Poder Judicial, pues hay personas con una gran vocación de servicio y hacen un trabajo ejemplar. Planteó valorar todo lo referente a los fideicomisos, porque algunos van ligados al Contrato Colectivo de Trabajo, y si se eliminan se debe buscar cómo darle cumplimiento y asegurar los derechos de los trabajadores.
Se refirió a la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración, con lo cual hay un cambio de patrón en la relación laboral y no está claro cómo se protegerán las condiciones generales de trabajo. Se pronunció por dotar de un presupuesto fijo al Poder Judicial que le permita autonomía del poder político y económico. Invitó a no dejar las buenas ideas y los argumentos en el tintero, y que los foros no sean una simulación, sino que valgan la pena y se vean en el dictamen que se discutirá.
Que los jueces asuman una postura de servicio
El diputado Javier Huerta Jurado (Morena) expresó que es claro que se debe estar abierto a escuchar y se trata de una revolución cultural que empezó desde hace rato, y se puede tomar como ejemplo el tema de la austeridad, pero se debe distinguir la austeridad neoliberal con la austeridad republicana, que es la que plantea este movimiento, “que no es cargar sobre los trabajadores el recorte, sino recortar excesos y privilegios”.
Argumentó que si se ubica el contenido de esos dos conceptos, de austeridad neoliberal y republicana, se estará entendiendo en qué consiste la revolución de las conciencias o cultural. Se trata, añadió, que los juzgadores asuman una postura de servicio y le den certidumbre a los trabajadores. “No les van a recortar su salario, se van a garantizar sus derechos laborales. Se trata de eliminar privilegios”.
Importante, prestar atención al texto constitucional
También de Morena, el diputado Hamlet García Almaguer consideró importante atender al texto constitucional y recordó que se votó en contra de una reforma electoral que proponía la representación proporcional pura, pero ahora se alega que el sistema por el cual se designarán diputaciones es injusto.
Llamó al Tribunal Electoral a que honre su línea jurisprudencial, ya que no hay momento de cambiar criterios. Además, hizo comentarios sobre un juez de distrito que dio instrucciones a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que “debe ser suspendido de inmediato por el Consejo de la Judicatura Federal por violar el artículo 99 de la Constitución y el Artículo 61 de la Ley de Amparo”.
El Poder Judicial cuenta con un amplio presupuesto
Por el PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores señaló que este año 2024 el Poder Judicial tiene un presupuesto de 78 mil 327.3 millones de pesos, la mitad de lo que tiene la suma de los 32 poderes judiciales o tribunales de justicia de los estados y los poderes judiciales sacan casi el triple de trabajo que el Poder Judicial con el mismo presupuesto.
Comentó que la ruta de los fideicomisos es un modelo neoliberal que se implementó en todo el sistema; por eso, el presidente solicitó desaparecer los 300 fideicomisos que tenía cada secretaría, porque eso lo hacían para no regresar los ahorros a la Hacienda Pública. Agregó que estamos en un proceso de transformación profunda para el país.
El sistema de justicia está colapsado
Damián Zepeda Vidales, senador del PAN, expuso que el sistema de justicia en México está colapsado, no solo el Poder Judicial, sino cómo la ciudadanía concibe el sistema en conjunto; se debe aspirar a una justicia más ágil, rápida, barata para el ciudadano, accesible y de mayor calidad, pero esos temas no los aborda la reforma. Consideró una pésima idea la elección por voto de los jueces, magistrados y ministros. “No es un concurso de popularidad, sino que defiendan el derecho de cada persona”.
Añadió que, si bien la reforma toca algunos temas positivos, como separar de la Corte al Consejo de la Judicatura, poner un límite de seis meses a los juicios tributarios, “yo diría: entremos a todos, pues casi el 70 por ciento de los Los juicios del país tienen que ver con la materia familiar no con la tributaria”. Por ello, se necesita una reforma que atienda esos temas, con nuevos procedimientos, más sencillos y ágiles, invirtiendo en capacitación y profesionalización de los impartidores de justicia, en nuevas tecnologías, en infraestructura, en más plazas para jueces y magistrados.
Respuestas de los ponentes
El magistrado de Circuito, Juan Pablo Gómez Fierro, consideró que en este nuevo esquema de designación, el cual es el centro de la reforma, sobre la elección popular de jueces y juezas, es vital hacer referencia que el Estado mexicano ha invertido una fuerte cantidad de recursos en la formación y preparación de los servidores públicos que hoy prestan el servicio público de administración de justicia.
Por ello, un cambio radical en la forma de designación “podría minar notablemente la capacidad en el funcionamiento de los tribunales y en la prestación adecuada del servicio público de administración de justicia, lo que pone en riesgo a las ya los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ya los justiciables, que son los que acuden a un tribunal a pacificar un conflicto”.
Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, aclaró que no están en contra de la austeridad, sino que los presupuestos deben estar diseñados para que haya operatividad. Comentó que por falta de recursos no hay sustitución para permisos de maternidad o licencias médicas.
Preguntó qué pasaría si se pagaran las horas extras vengadas o en qué parte de la ley señala que a los secretarios o actuarios no se les debe pagar el tiempo extra. “Muchas veces el actuario debe ocupar su propio vehículo y pagar su gasolina”.
A su vez, el abogado Jaime Miguel Moreno Garavilla señaló que una vez que se emita la convocatoria, todos aquellos seres que estén dispuestos y dispuestos y se sientan aptos para participar levanten la mano, a sabiendas que van a ser examinados públicamente por el propio instituto del Poder Judicial de la Federación.
Relató que, una vez que las y los candidatos tengan el documento de acreditación de ese examen lo puedan incorporar a los requisitos frente al Instituto Electoral a efecto de que les den registro y puedan participar. “No se trata de hacer campañas, sino de mostrar al pueblo y elegir a ellos ya los mejores”.
El secretario de Tribunal adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Segundo Circuito, Sergio Arturo López Servín, pidió que se privilegiara la carrera judicial porque requiere años de preparación, trabajo, vocación y servicio, y exige calidad. “Ahí están el resultado, las sentencias, ahí están en todas las materias y con un gran bagaje de conocimiento”.
Aseguró que no se trata de tomar ventaja sino de continuar con la labor imperativa y significativa de administrar justicia, por lo que exhortó a las y los legisladores que decidirán sobre la reforma a tomar en cuenta la experiencia de quienes están en las filas del Poder Judicial . También hay malos, dijo, no lo podemos negar, pero hay filtros para darse cuenta y percatarse de quién es quién.
Carolina Denysee Villagrán Salinas, visitadora del Consejo de la Judicatura, indicó que los concursos que se implementan en su institución también se pueden mejorar, ya que además de cerrados antes de que se publiquen las calificaciones; ahora no se saben las mismas y dan la calificación hasta que impugnas y cuando se realiza el proceso de impugnación se les impide participar en los siguientes concursos.
Al finalizar, el diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) señaló que este ejercicio de diálogo nacional genera un precedente histórico. “La ruta que ha trazado la LXV Legislatura es de fortalecimiento institucional y de los poderes, con altura de miras y bajo la circunstancia histórica que vive la patria”.
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