La diputada Lorena de la Garza Venecia señaló que desde el 24 de enero de este año el Poder Judicial del Estado otorgó diversas suspensiones, mismas que ordenaban al Gobierno del Estado a presentar en un plazo de 3 días el Proyecto de Ley de Egresos para el 2024; de manera adicional, también se suspendieron los efectos de los Decretos Ejecutivos 1-2024 (Reconducción – Ley de Ingresos 2023) y 2-2024 (Reconducción – Ley de Egresos 2023), publicados por el Poder Ejecutivo del Estado en el Periódico Oficial del Estado el 01 de enero de 2024.
Con relación a dichas suspensiones otorgadas como parte de la Controversia de Inconstitucionalidad 23/2023, la diputada del PRI señaló que la sola licitación emitida por la Tesorería del Estado representa una franca violación a las suspensiones referidas, por lo que adelantó que la Dirección Jurídica promoverá el incidente de incumplimiento respectivo ante las conductas reiteradas en contra de los efectos de las suspensiones.
En el mismo sentido, confió en que las instituciones financieras nacionales harán caso omiso de la ilegal pretensión de Gobierno del Estado de contraer deuda con base a una autorización inexistente, toda vez que también fueron debidamente notificados de los alcances de las suspensiones otorgadas.
Agregó que “Nuevo León está siendo privado de un aparato público que sea capaz de responder oportunamente a sus obligaciones, pues la falta de certeza jurídica y económica merma su capacidad de reacción ante los problemas que se presentan en este 2024. Lamentablemente, esta situación tiene como único origen la arrogancia del Ejecutivo Estatal que se niega a transparentar ante los diputados locales, su proyecto de Ley de Egresos para el 2024”.
En el mismo sentido, de la Garza Venecia señaló que la reconducción presupuestal está prevista en la Constitución del Estado de Nuevo León como una facultad del Poder Legislativo, cuando iniciado el proceso de revisión del paquete fiscal presentado por el Gobernador, por alguna circunstancia no se hubieran aprobado la Ley de Egresos y la Ley de Ingresos que deba aplicarse para el ejercicio fiscal siguiente; más no así, como una alternativa para que el Ejecutivo Estatal incumpla con su obligación constitucional de presentar los proyectos de egresos e ingresos, respectivos; por lo que la aplicación de la reconducción presupuestal debe ser siempre congruente con el orden jurídico constitucional.
En consecuencia, la diputada de la Garza Venecia señaló que el Gobierno del Estado se encuentra impedido para contratar deuda al amparo de las autorizaciones otorgadas por el Congreso Local en diciembre de 2022, toda vez que el artículo 24 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera limita a que las autorizaciones para contraer obligaciones financieras se ejerzan únicamente en el ejercicio fiscal en que son aprobadas o en el siguiente; es decir, que el Ejecutivo no puede volver a contratar deuda amparándose en una autorización que el Legislativo Local le otorgó durante el 2022.
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