Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó este martes un diálogo del Ejecutivo con magistrados sobre un proyecto de reforma del Poder Judicial, que contempla la elección de jueces mediante voto popular.
“Pienso que hay que dialogar, la secretaría de Gobernación (Luisa María Alcalde) lo está haciendo, lo mismo legisladores. Nosotros enviamos la iniciativa al Congreso”, dijo el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa.
El mandatario agregó que están en marcha foros para dar a conocer el proyecto de reforma y hablar al respecto y agregó: “tengo entendido que se abrió un diálogo”.
“La secretaria de Gobernación (Interior) podría reunirse con los ministros, y lo mismo considero que están dispuestos a hacer los integrantes del Congreso”, agregó.
Finalmente celebró que los ministros del máximo tribunal reconozcan que hace falta una reforma, aunque descartó participar en ese diálogo sobre la iniciativa que presentó al final de su mandato que termina en septiembre próximo.
“Es bueno que se reconozca que es necesario hacer la reforma, es un paso hacia adelante”, dijo López Obrador a una pregunta sobre la declaración de la titular de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña.
La presidenta de la Suprema Corte dijo el lunes que “la existencia de un Poder Judicial federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto nos ha costado construir”.
POSTURA DE MAGISTRADA
Por su parte, Piña fijó su postura ante el proyecto de reforma al clausurar la tarde del lunes el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia.
“Si la reforma al Poder Judicial se aprueba en los términos que fue enviada por el presidente López Obrador al Congreso, ya no llegarán a los puestos de juzgadores las personas más capacitadas; ni las que pasaron años estudiando, preparándose para opositar, sino las más populares, las que supieron relacionarse bien con los grupos de poder”, planteó la titular del máximo tribunal.
La reforma constitucional para elegir a unos 1.700 jueces federales, incluidos los magistrados de la Suprema Corte, será examinada por el nuevo Congreso que entra en funciones en septiembre, en el último mes del mandato de López Obrador, que la propuso en un paquete de 20 reformas a la Constitución.
La magistrada sostiene que la reforma “no beneficiará a los justiciables; al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia”.
La consecuencia de la reforma es que “irónicamente se provocará justamente lo que se intenta erradicar”, sostuvo Piña.
La presidenta de la Suprema Corte invitó además a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a sumarse a un diálogo plural.
“Que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar cómo afecta la reforma, no solo al futuro de la justicia, sino de todo nuestro país”, puntualizó la ministra.
Los jueces sostienen que buena parte del problema de impartición de justicia compete además a las fiscalías, señalan que el 90 por ciento de los delitos que se cometen no se judicializan, y que las deficientes investigaciones policíacas y judiciales impiden sostener con pruebas los casos en los tribunales.
Para aprobar la reforma se requieren dos terceras partes de todos los asientos del Congreso.
El oficialismo tendrá esa mayoría calificada en la próxima Cámara de Diputados, pero le faltaría dos escaños en el Senado. (Sputnik)
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