San Salvador.- La organización no gubernamental Cristosal denunció este miércoles las graves violaciones a los derechos humanos que constató en El Salvador durante el régimen de excepción vigente desde 2022.
“Encarcelamiento sin condenas, muerte de bebés y personas adultas inocentes; así como la profundización de la desigualdad social y de género”, son algunos de los hallazgos del estudio realizado por el referido colectivo, reseñados en un comunicado sobre la investigación.
Cristosal advirtió que El Salvador tiene desde marzo de 2022 “un estado de derecho roto”, pues garantías constitucionales como la presunción de inocencia o el derecho a un juicio justo, fueron suspendidas de facto en nombre de la seguridad.
“El costo humano de esta política es alto: 261 personas adultas y cuatro niñas y niños han muerto bajo custodia estatal (en las prisiones) entre 2022 y 2024”, subrayó la organización, que presentó la investigación en una conferencia de prensa.
Aseguró que estas muertes han dejado al menos a 176 hijos en orfandad; mientras que el encarcelamiento masivo pone en alguna modalidad de abandono a un estimado de 62.022 niños, niñas y adolescentes menores de 15 años.
Cristosal denunció que en El Salvador existe un sistema de justicia hecho a la medida del régimen de excepción, donde los jueces han perdido su independencia.
El informe, titulado “El silencio no es opción: Investigación sobre las prácticas de tortura, muerte y justicia fallida en el régimen de excepción”, también demuestra cómo tal suspensión de derechos afecta principalmente a personas pobres y mujeres.
La evidencia de la investigación incluye las 3.643 denuncias por abusos o violaciones de derechos recibidas por Cristosal de marzo de 2022 a abril de 2024 y una muestra de 110 entrevistas realizadas.
Otros elementos son el análisis de 7.742 casos de mujeres detenidas bajo el régimen de excepción, una investigación profunda sobre 265 muertes (4 de ellas correspondientes a niñas y niños) y la sistematización y estudio de una muestra de 1.178 casos de personas detenidas en 2022.
“Ante la nula información oficial sobre el régimen de excepción, la evidencia de este documento –así como los publicados por otras organizaciones salvadoreñas– constituye un importante aporte a la búsqueda de justicia para las personas inocentes que fueron afectadas”, manifestó Cristosal en el comunicado entregado a la prensa.
Expresó además que el estudio de más de 1.000 casos judiciales, unido a los cientos de testimonios recogidos por Cristosal, confirman que gran parte de las personas criminalizadas por el régimen de excepción no solo no pertenecen a pandillas, sino que son inocentes.
“Incluso -añadió-, en algunos casos, se trata de ciudadanos y ciudadanas que fueron por años víctimas directas de la violencia ejercida en sus comunidades por las pandillas y enfrentan ahora la violencia institucional del Estado”.
El régimen de excepción fue decretado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 a solicitud del presidente Nayib Bukele, en medio de una ola de ataques de las pandillas que dejó 87 asesinatos en un fin de semana.
El Gobierno lo presenta como una de las herramientas principales de la estrategia de la guerra contra las pandillas, con la cual asegura se logró que El Salvador dejara de ser uno de los países más peligrosos del mundo y convertirse en el más seguro del hemisferio occidental. (Sputnik).
Fuente:https://latamnews.lat/
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