Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este viernes el fallo del Tribunal Electoral federal que determina que el gobernante intervino en forma ilegal mediante la coacción del voto y vulnerando la debida imparcialidad en los comicios generales del 2 de junio pasado.
“Del Tribunal Electoral hay varias instancias, esto entiendo todavía se va a una última instancia, hasta ahora lo que ha resuelto no tiene ningún fundamento”, dijo el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa
El fallo anunciado la noche del jueves indica que López Obrador “vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda; usó indebidamente recursos públicos y programas sociales; coaccionó el voto de la ciudadanía; realizó promoción personalizada y difundió propaganda gubernamental en período prohibido”.
El gobernante, cuyo mandato termina en septiembre próximo, agregó que “no es que no pueda castigarme (el Tribunal Electoral) por ser una asunto administrativo, es que sencillamente, claramente, están mintiendo, están falseando la realidad, no tienen prueba, seguramente estos magistrados son del bloque conservador”.
El pleno del tribunal señala en su dictamen que las manifestaciones de López Obrador en sus conferencias de prensa, “tuvieron impacto electoral, pues se trató de llamados a votar en favor de una opción política y en contra de otra, con lo cual, pretendió influir en las preferencias de la ciudadanía”.
FALLO CONTRA SHEINBAUM
El fallo también señala a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, candidata por la coalición gobernante que encabeza el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por haber retomado los comentarios del mandatario mientras gobernaba la capital del país (2018-2023).
“La entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también fue responsabilizada de vulnerar principios constitucionales, por realizar manifestaciones relacionadas con los comentarios del presidente en una conferencia de prensa”, indica el fallo de la sala especial del Tribunal Electoral.
En ese caso, el dictamen se dio vista al Congreso de la Ciudad de México “para que determine lo que en derecho corresponda”.
López Obrador sostiene que no existen pruebas que respalden el fallo.
“No hay pruebas de nada, tan es así que a ustedes les consta, y les consta a todos los que ven la (conferencia de prensa) mañanera. ¿Qué campaña hice yo a favor de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena? ¿Qué hice para ofender a la candidata Xóchitl Gálvez (candidata presidencial opositora)?”, dijo en Palacio Nacional.
El Tribunal Electoral señala en su fallo que la intervención en el proceso electoral deriva de expresiones emitidas en las conferencias de prensa presidenciales conocidas como “mañaneras”, en particular las realizadas el 9 y 11 de mayo de 2023.
En esa ocasión, el presidente hizo alusión al denominado “Plan C” para reformar la Constitución y a la necesidad del oficialismo de “alcanzar una mayoría calificada en las cámaras del Congreso de la Unión (dos terceras partes) para continuar la transformación”, como denomina a su movimiento político.
El dictamen también menciona a otros altos funcionarios federales por esta misma conducta imputada a López Obrador.
Entre ellos están el portavoz de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado, Jenaro Villamil, quienes “incurrieron en difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido”, y “uso indebido de recursos públicos”.
El presidente mexicano atribuye el fallo a magistrados que califica como “conservadores”, como denomina a las formaciones opositoras.
“Hay excepciones, pero por lo general están cundidas las instituciones de gente que tiene un pensamiento conservador y servil”, puntualizó.
El fallo indica que la coalición que encabeza Morena, obtuvo “un beneficio indebido por estas conductas” del mandatario y su Gobierno.
Los presidentes mexicanos no pueden ser sancionados por infracciones de índole electoral -excepto por traición a la patria-, y el tribunal aclara que únicamente declara su responsabilidad, de acuerdo con criterios emitidos por el tribunal.
El régimen presidencialista que predominó en el país norteamericano durante el siglo XX comenzó a ser acotado con sucesivas reformas al sistema electoral, entre ellas las que sancionan el uso de recursos públicos y programas sociales a favor de un candidato y la coacción del voto.
Después de las elecciones de 2006, en las que López Obrador denunció la intervención del entonces presidente Vicente Fox (2000-2006) con sus discursos, las leyes electorales establecen la obligación de los funcionarios públicos de mantener la “imparcialidad, neutralidad y equidad” durante los comicios.(Sputnik)
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