Ciudad de México.- La disputa entre las principales organizaciones criminales de México por el control de territorios pone en riesgo la seguridad de miles de familias en el estado de Chiapas (sureste), limítrofe con Guatemala, denunció el miércoles el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, integrado por una veintena de organizaciones defensoras de víctimas de abusos.
“En los últimos días la población civil en el estado de Chiapas se encuentra en alerta máxima por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se disputan la región”, dice un informe conjunto de organizaciones civiles nacionales y extranjeras.
Defensoras de migrantes y poblaciones indígenas como la Coalition for Humane Immigrant Rights (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes), Médicos del Mundo, y el Servicio Jesuita para Refugiados, señalan a 16 comunidades rurales en el foco localizado en los municipios Frontera Comalapa, Chicomuselo y La Concordia, enclavados en una zona montañosa.
Los pobladores se encuentran incomunicados por los bloqueos carreteros realizados por los grupos del crimen organizado, según las organizaciones civiles.
“La población de estos municipios está en total desprotección y abandono de parte de las autoridades estatales y federales, está siendo obligada por los grupos criminales a participar en los bloqueos, utilizándolos como barricadas humanas por si viene el grupo rival, o para impedir el paso de fuerzas federales”, indica el documento.
Organizaciones como Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, entre otras, expresan su preocupación por las afirmaciones del presidente mexicano Andrés López Obrador y autoridades que minimizan la situación humanitaria y “descargan la responsabilidad en la población señalada de ser la base social de los grupos delincuenciales”.
Señalan que, por una parte, estas afirmaciones desconocen la imposibilidad que enfrentan las personas ante la amenaza de los grupos violentos armados, y violan el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario.
Esas declaraciones “generan mayor riesgo para la población de ser identificada por uno u otro grupo como aliada de grupos contrarios, convirtiéndose en objetivo militar”, según la denuncia.
Los reportes de prensa que recogen versiones oficiales y vídeos difundidos en redes sociales identifican como responsables de la ola de violencia en la frontera a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
UNA LARGA CRISIS
Los enfrentamientos, bloqueos y riesgos para la población no son nuevos y se han prolongado durante más de un año.
En los meses de mayo, agosto y septiembre del año pasado se vivieron situaciones similares.
En aquellas ocasiones, el gobierno federal mexicano y de Chiapas enviaron al Ejército y Guardia Nacional en respuesta al pedido de auxilio de la población, logrando disuadir la actuación de los grupos criminales.
Sin embargo, “al retirarse las fuerzas federales los grupos volvieron a enfrentarse, escalando la violencia y dejando nuevamente a la población en riesgo”, relatan las organizaciones que trabajan en la zona fronteriza.
También señalan la ineficacia de las acciones gubernamentales.
“Si bien hubo un actuar militar en dicha coyuntura, no se observa un trabajo de investigación e inteligencia para desarticular los grupos criminales”, prosigue el testimonio colectivo.
En octubre del año pasado, el municipio de Chicomuselo, Chiapas, clasificado como una localidad de alto grado de vulnerabilidad social, fue epicentro de la disputa territorial por el control de rutas de tráfico de drogas, armas y personas migrantes.
“A inicios de este año, el despojo de territorios y el desplazamiento forzado se ha concentrado en la sierra y altos de Chiapas de donde han salido miles de familias huyendo del reclutamiento forzado de niños, jóvenes y adultos, así como, por las disputas que se siguen viviendo en la zona y que han ocasionado la muerte de civiles”, indica el informe.
En días recientes, Guatemala reportó el desplazamiento de 500 personas mexicanas.
Sin embargo, “no hay claridad en las cifras reportadas por las autoridades, y el dato más reciente reportado por el gobierno guatemalteco da cuenta de 249 personas albergadas en el departamento de Huehuetenango”, indican las organizaciones.
El 13 de mayo pasado se confirmó la masacre de 11 personas en el ejido Nueva Morelia perteneciente al municipio de Chicomuselo, aparentemente por oponerse a la extracción minera.
Posteriormente, 19 personas fueron asesinadas el 28 de junio en La Concordia.
“Desde el pasado 18 de julio la región permanece bajo el asedio de los grupos armados e incomunicada por bloqueos en distintos puntos, nadie entra y nadie sale por orden de los grupos criminales”, denuncian.
Además, señalan enfrentamientos armados y balaceras en distintas zonas que representan ataques contra civiles, y las organizaciones civiles y humanitarias han visto restringida la posibilidad de prestar cualquier tipo de actividad.
A la violencia se suman cortes de luz y de telecomunicaciones en algunos municipios, la escasez de víveres y la suspensión del transporte y de servicios de salud y educación. (Sputnik)
Fuente:https://latamnews.lat/
Foto: Tomada de redes sociales
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