Víctor Flores García
Ciudad de México.- Cientos de familias indígenas del estado mexicano de Chiapas (sureste) están cruzando la frontera sur de su país para refugiarse en Guatemala, huyendo de los enfrentamientos armados entre las organizaciones criminales que se disputan territorios para traficar drogas, armas y migrantes.
“La última semana han ocurrido distintas situaciones nuevas de violencia que han empujado a que otras comunidades tengan que abandonar sus casas, la mayoría cerca de Guatemala, por Frontera Comalapa y grupos importantes que han salido de Chicomuselo”, dijo a la Agencia Sputnik la portavoz del Colectivo de Monitoreo de la Frontera Sur, Karen Pérez.
El grupo, integrado por más de 20 redes y 30 organizaciones de México, EEUU y Centroamérica han lanzado una campaña de observación permanente en la franja fronteriza de 950 kilómetros, de los cuales más de 600 kilómetros se extienden por una zona montañosa que desde semanas anteriores comenzaron a cruzar las comunidades.
“Lo preocupante es que no hemos documentado ninguna intervención de parte de las autoridades (mexicanas), por eso nuestro llamado es para que las personas expresen de propia voz lo que está pasando en la zona fronteriza”, dijo vía telefónica desde la zona de conflicto la representante de las organizaciones civiles.
MOVILIDAD HUMANA
El pasado 25 julio, Guatemala anunció la creación de una comisión humanitaria para atender a más de 500 personas que fueron desplazadas de manera forzada hacia ese país por la violencia que azota el sur de México.
“Calculamos que han salido entre 1.500 y 2.000 personas más de los que huyeron la semana pasada, en grupos estimados de 500, 900 y 240 personas”, detalló Pérez.
El foco de los enfrentamientos entre integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa -los más peligrosos del país norteamericano-, se localiza en una zona montañosa que va desde el municipio de Chicomuselo, a 50 kilómetros de la línea limítrofe, hasta el municipio Frontera Comalapa, a 20 kilómetros de Guatemala.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el miércoles que dos grupos criminales se disputan el territorio en forma violenta.
“Hay una confrontación de dos grupos, ya se está atendiendo; y esto ha llevado a algunas comunidades a que se desplacen hacia Guatemala”, dijo el jefe de Estado a periodistas.
El mandatario cuestionó que el fenómeno sea calificado como un “éxodo”.
“Viven en la frontera del lado mexicano y se pasan al lado guatemalteco, son doscientas o trescientas familias, sin embargo en los medios (se dice): “éxodo””, expresó el gobernante.
ZONA DEL MIEDO
La defensora de migrantes explicó que la red de organizaciones recibe información diaria desde la frontera sur en regiones que denominan los “tres corredores de la frontera”, que abarca los estados mexicanos Tabasco, Oaxaca y Chiapas.
De todos los corredores llegan personas huyendo de los municipios que han sido afectados, según los reportes del colectivo, que tiene registradas decenas de focos de violencia, como La Concordia, Motozintla, Amatenago y Las Chicharras, entre otros.
Hace muchos años, pobladores guatemaltecos huyeron a territorio mexicano, primero durante los años de las guerras civiles en Centroamérica y después huyendo de las pandillas de delincuentes, y hacia allí están regresando.
“Calculamos que salieron más habitantes y no todos por el mismo lugar que ha reportado Guatemala, donde se ofrece la ayuda humanitaria, que es lo único que reportan las autoridades”, indica la activista.
Algunos desplazados deciden trasladarse a lugares donde tienen parientes o personas conocidas en el lado guatemalteco de la frontera.
“Pedimos incrementar la seguridad en la zona fronteriza, porque no lo hemos percibido, aunque hemos monitoreado espacios donde dicen que ha habido presencia del Ejército, pero las poblaciones no han registrado presencia de ninguna autoridad”, subraya Pérez.
El único evento en el que observaron un despliegue temporal de fuerzas de seguridad y militares fue el fin de semana pasado durante la inauguración de un puente que va de La Concordia a Chicomuselo.
“Aparte de eso, no se han presentado despliegues notables de elementos de seguridad”, lamenta la entrevistada.
BAJO CONTROL DEL CRIMEN
Las organizaciones de la sociedad civil consideran que no es seguro entrar ni salir de la zona, porque los accesos son controlados por sicarios de las organizaciones enfrentadas, que ejecutan acciones que corresponden a las autoridades de ambos países.
“El control en la zona lo tienen las personas armadas que están en los lugares, que son parte del crimen, que se comportan como autoridad, no hay una línea en la que digamos que hay una diferencia con las autoridades”, prosigue el testimonio.
Las entradas y salidas de esa franja fronteriza son controladas por estos personajes armados vestidos de civil.
Pérez relata que “la gente los identifica como personas que han llegado desde fuera de la zona, que no identifican las comunidades y si fueran de la policía, portarían uniformes”.
Los delincuentes se desplazan en camionetas y vehículos todo terreno, similares a los que usan las fuerzas de seguridad.
“Estas personas utilizan vehículos de la policía municipal, porque tienen secuestrados a los elementos y sus cuarteles en la montaña”, según los testimonios recabados.
El trabajo del colectivo se ha tejido a lo largo de muchos años a ambos lados de la frontera y consiste en recopilar hallazgos, constatar necesidades de los desplazados y organizar retornos de personas.
“Llevamos dos años en esta situación y lo más grave ha sido en estos últimos seis meses”, lamenta Pérez.
Finalmente indica que, ante la carencia de ayuda de ambos gobiernos, sobre todo para niñas, niños y adolescentes, se suma la ausencia de ayuda internacional en el lado mexicano, aunque en Guatemala opera la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
López Obrador descalificó un informe presentado por ese colectivo multinacional de apoyo a migrantes, en el que denuncia que la población también huye del reclutamiento forzoso y las extorsiones, que las obliga a servir al crimen organizado y a la trata de personas.
“Nuestros adversarios y las organizaciones seudoindependientes o no gubernamentales de la llamada sociedad civil o seudodefensores de derechos humanos, están haciendo un escándalo”, reprochó el jefe de Estado en conferencia de prensa.
Al mismo tiempo explicó el silencio del Gobierno sobre los desplazamientos de las comunidades de origen indígena.
“Hay veces que no trato estas cosas aquí, porque la gente anda en otras cosas y cuando lo trato aquí, lo que hago es que yo mismo les doy propaganda”, puntualizó el presidente.
Los cancilleres de Guatemala y México sostuvieron una reunión el sábado pasado con los titulares de Gobernación, Defensa y Seguridad Pública, así como autoridades de Migración.
Acordaron “realizar acciones conjuntas de asistencia humanitaria y consular a personas mexicanas en Cuilco, Huehuetenango (Guatemala)”.
Según la escueta declaración conjunta, ambos países trabajan en coordinación con instancias multilaterales y garantizan el pleno cumplimiento del derecho internacional.
El propósito es ofrecer protección para las personas que lo necesiten y avanzar hacia una “gestión migratoria más ordenada, segura, regular y humana”. (Sputnik)
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