Angélica Ferrer / Corresponsal en México
Uno de los retos para la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, será el combate al crimen organizado en general, no solo en lo que respecta al narcotráfico, considera en entrevista para Sputnik Valeriano Ramírez Hernández, doctor en estudios políticos y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM.
“En la actualidad, ya no podemos hablar solo de narcotráfico porque ya tiene otras rutas y estrategias. Sheinbaum se enfrentará al grave problema del crimen organizado que se ha dedicado a la extorsión, trata de personas, turismo sexual y el tráfico de drogas”, comenta.
Estas acciones se han visto reflejadas en hechos como el paro temporal de los limoneros en Michoacán (oeste) y el desplazamiento forzado de familias de Chiapas (sur mexicano) hacia Guatemala, poblaciones que han sido afectadas por estos grupos delictivos.
De igual manera, en una charla para este medio, el doctor en ciencias sociales por El Colegio de México (Colmex) Mario Pavel Díaz, detalla que otro fenómeno originado por el crimen organizado es la creación de grupos de autodefensa en entidades como Chiapas, debido a la falta de protección del Estado.
Además, “se da el desplazamiento forzado, que no es nuevo en la región, especialmente en el sur de México. [El fenómeno] tiene dos grandes momentos clave: con el despliegue de la Operación Cóndor (…) y en la crisis [de naciones centroamericanas] en la década de 1980″, expone.
Durante su campaña rumbo a la Presidencia de México, y al recibir su constancia de mayoría que le acredita como mandataria electa, Sheinbaum señaló que ella no iniciaría una guerra contra el narcotráfico, como lo hizo el exjefe de Estado mexicano Felipe Calderón (2006-2012).
Ella mencionó que, al igual que el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, buscará “atender las causas y abolir la impunidad. No habrá guerra contra el narco”.
La tarea no será sencilla. La cifra de homicidios dolosos en México aún es un problema latente. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mexicana, durante julio de 2024, el número de asesinatos ocurridos fue de 2.546, cifra menor a la registrada durante diciembre de 2018, que fue de 2.895, cuando inició su gestión el actual jefe de Estado mexicano.
A esto se suman las tensiones que el Gobierno mexicano tiene con Estados Unidos por la lucha contra el fentanilo y por la reciente detención de Joaquín Guzmán López e Ismael Mayo Zambada, integrantes del cártel de Sinaloa, misma que ocurrió en el país norteamericano y por la que han tenido fricciones debido a la falta de información sobre el caso.
Evolución en el ámbito de las drogas
Además del auge del crimen organizado en México y sus diversas vertientes, hay un aspecto que la presidenta electa debe tomar en cuenta: la evolución del comercio de drogas, un negocio ilegal que ya tiene desde hace años redes globales.
“En la actualidad, hay una evolución de la producción de drogas vegetales y semivegetales de corte sintético. Aquí hay un particular interés en materia de producción de derivados de fentanilo, metanfetaminas y demás. Eso también se relaciona con el contexto chino e indio, ya que son los principales productores de los precursores químicos, sumando el papel de Estados Unidos, que tiene un alto consumo de este tipo de sustancias”, expone Díaz.
Lo anterior está relacionado no solo con el consumo de estupefacientes en México, sino con el trasiego de los mismos a lo largo del continente americano.
“Las drogas también se producen en México y transitan directamente hacia la frontera norte y, por otro lado, se debe poner atención en los mercados ilegales que provienen del sur [de América], como la cocaína (…)”, precisa el especialista.
No obstante, “este es solo uno de los mercados ilegales que domina el crimen organizado, que es un ejemplo de una práctica extendida por el país”, reitera Díaz.
Una estrategia probada en la Ciudad de México
Para paliar el avance del crimen organizado en México, la presidenta electa sumará varias de las acciones desplegadas durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023), mismas que fueron aplicadas a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las cuales no dejaron de lado la atención a las causas que originan la violencia y la formación del crimen organizado, según el documento 100 pasos para la transformación, que refleja los objetivos de la política mexicana.
Para Díaz, el aspecto central de estos planes fue la coordinación integral que tuvo Sheinbaum con las 16 alcaldías de la capital del país, con el Gobierno federal y con el resto de las entidades del país latinoamericano.
“La coordinación se relaciona con la tecnología y labores de inteligencia. En 2019, ocurrieron reformas que le dieron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la facultad de investigar, que no tenía anteriormente. Por otro lado, desde los centros de Comando y Control [capitalinos], también se hicieron labores [de organización]”, ahonda el también profesor de la Unidad Académica de Posgrado de la UNAM.
De acuerdo con datos del Gobierno capitalino, durante el mandato de Sheinbaum en la Ciudad de México, los asesinatos cayeron 51%, con una tasa de 8,6 casos por cada 100.000 habitantes.
Ante los resultados, Díaz vislumbra que este mismo esquema sea aplicado a nivel federal, a la par de tomar elementos existentes, como la Guardia Nacional y los trabajos territoriales, como Pilares, centros que permiten a la población de la Ciudad de México tomar talleres y capacitarse en diversos ámbitos, con el fin de prevenir delitos.
De igual manera, estima que otras actividades que el nuevo Gobierno mexicano puede llevar a cabo es negociar con los agricultores una sustitución de sus productos, es decir, alentarles a frenar la siembra de plantas que puedan transformarse en drogas por algunas que puedan redituarles económicamente.
A mediano y largo plazo, “sería importante que se forjen aún más las bases de la justicia transicional que, al menos en la experiencia de Sudamérica, ha ayudado a que organizaciones criminales dejen las armas y se reinserten en la vida civil (…). También se deben cerrar los nichos hacia la impunidad (…) con el fortalecimiento institucional tanto de las [dependencias] de seguridad como en la procuración de justicia, así como la lucha contra el lavado de dinero (…), donde hay ver qué sigue con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)“, señala.
Alianzas con otros sectores
Para los expertos, uno de los pilares para que el Gobierno de México entrante pueda frenar el crecimiento del crimen organizado es forjar alianzas en sectores más allá de la Administración federal.
Por ejemplo, Ramírez Hernández rescata que uno de estos puentes puede ser con los partidos y agrupaciones de izquierda que, durante el sexenio de López Obrador, se alejaron de él y de su fuerza política: el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
“Es una decisión de ella si rompe con López Obrador y da un viraje a la izquierda, ya que debe revisar si, de alguna manera, no se confronta con grupos de poder, por ejemplo, los empresarios que en este momento estén apoyando [al todavía jefe de Estado]”, expresa el también docente de la UNAM.
Para el experto, esto se vislumbrará en los primeros seis meses del mandato de Sheinbaum, ya que ahí se observarán los posibles distanciamientos y hacia dónde se enfocará la política nacional de la nueva presidenta de México.
Por otra parte, Díaz refiere que dos grupos con los que también se pueden tender lazos son la Iglesia católica, debido a su intermediación en conflictos durante este sexenio, y las organizaciones de la sociedad civil.
“Otro sector importante es el empresarial. Ellos siempre van a estar presentes, pero aunque la relación ya está dada porque a ellos les interesa mucho proteger, por ejemplo, la logística de sus compañías frente a posibles interrupciones por parte de alguna organización criminal (…), pueden ayudar a financiar iniciativas [para frenar la violencia], con un impacto social, comunitario y nacional”, concluye. Sputnik
Fuente:https://noticiaslatam.lat/
Foto: SEDENA
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