Montevideo (Mesa Américas).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a El Salvador a derogar el régimen de excepción vigente desde 2022, en un informe publicado este miércoles, el cual documenta violaciones de las garantías judiciales y ciudadanas.
“La CIDH urge al Estado derogar el régimen de excepción, finalizando la suspensión de los derechos y garantías a través de las prórrogas al Decreto Legislativo Nº 333 de 2022 y reitera que las garantías judiciales indispensables deben ser mantenidas vigentes en toda circunstancia”, reza el reporte en sus conclusiones.
En un documento publicado cuatro meses después de lo previsto, la entidad perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) cuestiona la pertinencia de mantener un régimen prorrogado una y otra vez por la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo.
La Comisión reconoció que desde hace décadas las “maras” (pandillas) vulneran los derechos humanos de la población salvadoreña, pero negó que enfrentarlas justifique la suspensión de garantías
“La CIDH llama al Estado salvadoreño a restablecer los derechos suspendidos y a adoptar medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad en el marco de una política de seguridad ciudadana evaluada desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos humanos”, instó el organismo en su informe.
En una visita previa a El Salvador, en 2021, la Comisión constató una reducción sin precedentes de actos de violencia, pero entre el 24 y el 27 de marzo de 2022 las pandillas asesinaron a 92 personas, tras lo cual la Asamblea aprobó el régimen de excepción.
CRISIS EN PRISIONES
En su informe, a partir de la información recibida, la CIDH alerta sobre desafíos que enfrentan los más de 73.000 detenidos bajo el régimen de excepción para tener acceso a la justicia, como la demora en el control judicial, la ineficacia del recurso de “habeas corpus” o la falta de pruebas que respalden los cargos imputados.
A su vez, el organismo señala abusos en la prisión preventiva, la realización de audiencias judiciales masivas, limitaciones en el ejercicio del derecho de defensa y de las garantías judiciales, irrespetos al debido proceso legal, entre otros.
“La Comisión conoció denuncias de violaciones a los derechos humanos que incluyen: detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas; el allanamiento ilegal de moradas; abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes”, agrega el documento.
Además, la CIDH alerta sobre el agravamiento de la precaria situación en las prisiones, con altos niveles de hacinamiento, y expresa su preocupación por la posible muerte de 189 a 200 personas privadas de libertad, con falencias en la investigación, la notificación de familiares y el manejo de los cuerpos.
Por otro lado, la Comisión se pregunta por qué persiste la suspensión de derechos y garantías, si los índices de mejora en la seguridad ciudadana reportados por el Estado demostrarían que la situación de emergencia ya fue superada.
Al cierre, la CIDH emitió 22 recomendaciones al Estado salvadoreño para fortalecer la garantía de derechos humanos de su población, con énfasis en el desarrollo de institucionalidad para atender a las víctimas de delitos.
Además, reitera que el Estado tiene la obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos, así como juzgar y sancionar a sus responsables.
La administración del presidente Nayib Bukele ha negado sistemáticamente las denuncias de torturas, y afirma que las muertes en prisión, bajo custodia estatal, obedecen a causas naturales.
La canciller salvadoreña, Alexandra Hill, afirmó en julio pasado, en audiencia ante la CIDH, que el Estado cumplía con los estándares internacionales de privación de libertad.
Bukele reivindica el éxito de sus políticas contra el crimen y la elevada percepción de seguridad que vuelven a experimentar los salvadoreños después de años condicionados por el terror a las “maras” apuntalan los altos índices de popularidad del mandatario. (Sputnik)
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