Ciudad de México.- El Congreso bicameral de México y los congresos locales deben decidir sobre el proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial propuesta por el Ejecutivo saliente, para elegir por voto popular a las altas cortes, y no los ministros de la Suprema Corte Suprema, dijo este jueves la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
“Quien tiene que decidir la reforma constitucional son los diputados y los senadores y, como dice la Constitución desde el (artículo) 39, la soberanía reside en el pueblo”, dijo a periodista la dirigente que comenzará su mandato el 1 de octubre próximo.
El máximo tribunal comenzó este jueves consultas para que el pleno de magistrados determine si tiene las facultades para dictar medidas cautelares, urgentes, que suspendan el proceso legislativo de análisis y eventual aprobación del proyecto de reforma constitucional del Poder Judicial, hasta que se resuelva el fondo de las quejas de trabajadores de los tribunales que desde hace dos semanas están en paro nacional indefinido.
“El único que tiene atribución para cambiar la Constitución es el Constituyente, que en nuestro país son dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de Senadores, y las mayorías que corresponden en los congresos locales (de 32 estados de la federación mexicana), hay que permitir que pase la voluntad popular”, agregó la próxima gobernante.
Una magistrada federal con sede en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, que colinda la Ciudad de México, otorgó una suspensión de la discusión y aprobación en el Congreso de la reforma ante una solicitud de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), que alega omisiones al proceso legal.
“No hay posibilidad de echar para atrás la reforma, ¿cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México, la votación del 2 de junio? No es legal”, afirmó Sheinbaum.
El amparo judicial de la jueza otorga garantías a los trabajadores de los tribunales del país que se consideran afectados por la reforma que plantea la elección por voto popular de los magistrados de las máximas cortes y unos 6.000 jueces de distritos federales.
“No tiene ningún sustento”, la suspensión definitiva del proceso legislativo hasta que el fondo de la controversia sea resuelto, aseguró la futura presidenta.
SIGUIENTES PASOS E INCERTIDUMBRE
El proyecto ya fue aprobado con los votos del oficialismo en la Cámara de Diputados con la mayoría calificada requerida, y pasó al Senado, cuya sede ha sido cercada por los inconformes, como ocurrió con la Cámara baja que debió sesionar en una sede alterna.
La Cámara alta convocó a sesiones el próximo domingo para votar el proyecto el lunes 9 de septiembre, pero el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y dos partidos aliados carecen de la súper mayoría de senadores requerida.
“Que se reúna el Senado para debatir sobre estas modificaciones”, planteó Sheinbaum.
La coalición gobernante obtuvo el 54 por ciento de votos en los recientes comicios legislativos, pero una decisión del Tribunal Electoral sobre los asientos de representación proporcional -objetada por la oposición- elevó su bancada a un número muy cercano al 75 por ciento de senadores, pero debajo de ese umbral.
“Que los jueces, los ministros y magistrados sean electos por el pueblo es mejor para México, eso significa más democracia, más independencia del Poder Judicial”, puntualizó Sheinbaum.
La mayoría calificada se alcanza con 86 de los 128 curules totales del Senado.
Morena y sus aliados sumaron 83 asientos senatoriales, a tres votos de alcanzar la súper mayoría de dos terceras partes de las curules, requerida para cambiar la Constitución.
La coalición gobernante tejió alianzas y elevó a 85 los votos asegurados, al sumar a dos legisladores que migraron a Morena desde el Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda).
Esa histórica formación opositora fundada en 1989 perdió el registro porque no alcanzó el requisito de 3 por ciento de votación nacional mínima, el 2 de junio pasado.
Pero este jueves no estaba claro cómo lograría la coalición gobernante el voto número 86, imperativo para cambiar la carta magna.
Los legisladores indecisos de los partidos opositores Revolucionario Institucional (PRI, centro), Acción Nacional (PAN, centroderecha) y Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata) cerraron filas y emitieron declaraciones en sus redes sociales anunciando que votarían en contra de la reforma. (Sputnik)
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