De lo civil a lo militar…
Este 19 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó con una mayoría contundente el dictamen que incorpora a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con 362 votos a favor y 131 en contra, este cambio constitucional no solo marca un hito en la estructura de las fuerzas de seguridad del país, sino que también suscita un intenso debate sobre las implicaciones de esta decisión.
La reforma, que modifica 12 artículos de la Constitución, establece que la Guardia Nacional se convertirá en una “fuerza de seguridad pública, profesional y permanente”, compuesta por personal militar y marino con formación policial.
La dependencia de la Sedena implica una militarización de las funciones de seguridad pública, lo que ha generado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y el papel de las fuerzas armadas en la vida civil.
Los defensores de esta medida argumentan que es una respuesta necesaria ante la creciente inseguridad en el país y que permitirá una mayor coordinación en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, los críticos sostienen que esta militarización de la seguridad pública puede socavar los principios democráticos y debilitar las instituciones civiles, haciendo que la población se sienta más vulnerable en lugar de más protegida.
La historia reciente de México ha demostrado que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no siempre resulta en una mejora de la situación.
La implementación de la estrategia de “guerra contra el narcotráfico” ha dejado un saldo devastador en términos de violencia y violaciones a los derechos humanos.
Al depender de las fuerzas militares para la seguridad pública, se corre el riesgo de desdibujar las líneas entre lo militar y lo civil, y de permitir que la violencia y la represión se normalicen en la vida cotidiana.
Este cambio no es solo un ajuste administrativo; es una decisión que puede redefinir la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Con la Guardia Nacional bajo el ala de la Sedena, es crucial que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos.
La sociedad civil debe permanecer alerta y exigir transparencia en las acciones de esta nueva estructura, así como un enfoque que priorice la seguridad humana por encima de la represión.
A medida que se avanza hacia la implementación de esta reforma, es vital recordar que la seguridad no se logra únicamente a través de la fuerza, sino también mediante la construcción de instituciones sólidas, el fortalecimiento del estado de derecho y la atención a las causas profundas de la violencia.
En sí, esto es una prueba más que cuando se le da a un partido político toda la fortalece como en esta caso a Morena y, desde luego, al presidente en turno de que las leyes pueden ser modificaciones a su antojo sin charlas ni diálogos que realmente puedan mostrarle a la sociedad civil si es o no factible.
No obstante, pareciera que no será así…durante al menos los primeros tres años de mandado de Claudia Sheinbaum. Ahora a observar si de lo “civil” que pasa a lo militar no más allá de lo que pensado.
