La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) ha lanzado un llamado urgente al Gobierno del Estado, exhortándolo a no ser indiferente ante los riesgos que enfrenta el gremio periodístico y a garantizar su libertad de expresión. La petición subraya la necesidad de aceptar la colaboración gratuita ofrecida por la organización internacional Artículo 19, con el fin de crear un protocolo que regule la relación entre las fuerzas de seguridad y la prensa. Este protocolo es clave para mejorar la seguridad de los periodistas en el estado.
La propuesta de Artículo 19, una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, ha sido gestionada por la CEDHNL con el objetivo de ofrecer una solución viable para proteger los derechos de los periodistas. Sin embargo, a pesar de los múltiples recordatorios, el Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Seguridad, no ha respondido de manera favorable para iniciar los trabajos necesarios. Según la CEDHNL, esta falta de acción ha persistido durante 85 días, desde que el actual Secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, solicitó una prórroga para revisar la oferta.
Susana Méndez Arrellano, presidenta de la CEDHNL, destacó la gravedad de la situación: “Es preocupante que, después de tanto tiempo, no se haya dado respuesta positiva a una iniciativa que no generaría costo alguno para el Estado, pero que sí proporcionaría un marco legal y seguro para el trabajo de los periodistas”. Méndez Arrellano recordó que la creación de este protocolo responde a una necesidad urgente, manifestada en la recomendación 06/2023, que surgió tras un caso en el que un periodista fue violentado y se vulneraron sus derechos fundamentales.
La situación de los periodistas en Nuevo León no es nueva. La CEDHNL ha solicitado en varias ocasiones directrices claras para las fuerzas de seguridad, como parte de las garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos. Un caso relevante es la recomendación 03/2021, en la cual se documentó una grave violación de derechos en contra de una periodista que, mientras realizaba su labor, fue detenida de manera arbitraria por elementos de Fuerza Civil. A pesar de la gravedad de estos hechos, la respuesta por parte de las autoridades ha sido insuficiente.
El pasado 23 de septiembre se cumplieron 85 días desde la primera prórroga solicitada por el Secretario de Seguridad, así como 10 meses desde la emisión de la recomendación 06/2023. Además, han pasado más de tres años desde que se emitió la recomendación 03/2021, sin que se implementen las medidas necesarias para evitar futuras violaciones a los derechos de los periodistas. La CEDHNL advierte que esta demora en la implementación de protocolos representa un riesgo constante para quienes ejercen el periodismo en el estado.
De no atenderse estas demandas, el gremio periodístico seguirá enfrentando una situación de vulnerabilidad e incertidumbre. La colaboración de organismos como Artículo 19, junto con el compromiso del Gobierno del Estado, es fundamental para garantizar que los periodistas puedan ejercer su labor sin temor a represalias o agresiones. La CEDHNL insiste en que es crucial avanzar en la creación de un marco legal que proteja a quienes se dedican a informar, y que este proceso no puede seguir postergándose.
En conclusión, la CEDHNL reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos y hace un llamado al Gobierno del Estado de Nuevo León para que priorice la seguridad de los periodistas. La libertad de expresión y el derecho a informar son pilares esenciales de cualquier sociedad democrática, y su protección debe ser una prioridad para las autoridades.
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